Congreso insistirá con someter al JNE y aprobar sus contrarreformas electorales antes del 12 de abril

Tras el anuncio de Dina Boluarte de convocar a elecciones generales, el Congreso ha pisado el acelerador en la modificación de las reglas de juego para los próximos comicios. Su principal objetivo: someter al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aprobar una serie de contrarreformas antes del 12 de abril, fecha límite según el cronograma electoral.

Fuentes del Congreso han alertado que, en abril, el Pleno someterá a segunda votación la reforma constitucional que modifica la elección del presidente del JNE y reduce su mandato de cuatro a dos años. Esta iniciativa, promovida por el fujimorismo y sus aliados, puede generar que el pleno del máximo tribunal electoral de este país elija un nuevo titular, en reemplazo del magistrado Roberto Burneo.

Desde el Congreso niegan que la intención sea remover a Burneo en medio de un proceso electoral que está en marcha. “Eso podría aprobarse, pero eso no va a cambiar el hecho de que el señor Burneo va a seguir siendo presidente del Jurado Nacional de Elecciones en los procesos electorales del próximo año”, afirmó ante la prensa el fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución.

Un JNE expuesto a intereses con esta norma

Con la aprobación de la segunda votación de esta reforma constitucional, el Congreso deja la puerta abierta a que un miembro del JNE, que no provenga de la Corte Suprema, pueda ser elegido presidente de este organismo electoral.

El abogado especialista en derecho electoral José Naupari advierte que el problema no es solo el cambio de la presidencia del JNE per se, sino que "no todos los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones provienen de un mismo órgano, entidad o forma de acceso", lo que podría generar riesgos si el nuevo titular no tiene experiencia jurisdiccional ni en materia electoral.

Otro riesgo sería la influencia política en la toma de decisiones. Naupari advirtió que, aunque ningún miembro del JNE debería responder a intereses políticos, el presidente tiene injerencia en la programación y resolución de casos, por lo que “el riesgo radicaría en que puedan cesar a determinados directivos que puedan resultar 'molestos' o 'incómodos' a algunos partidos políticos, como serían el Registro de Organizaciones Políticas y la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales”, acotó.

Además, en el pleno del JNE, aparte de los magistrados que provienen del Poder Judicial y el Ministerio Público, también hay los que representan a las universidades públicas y privadas, y al Colegio de Abogados de Lima, instituciones con vínculos en diversos sectores políticos. "Quizás, solo quizás, el interés del Congreso vaya por ahí, porque el nuevo presidente del JNE responda a una tendencia, ideología o simpatía política con algún partido representado en el Congreso", alertó Naupari.

Más cambios exprés en las reglas electorales

No es la única reforma en la mira. La Comisión de Constitución, presidida por Rospigliosi, buscará aprobar una serie de modificaciones que impactarán directamente en el proceso electoral.

Dentro de las otras reformas pendientes se encuentra el proyecto de Ley 1042/2024-CR, presentado por Diego Bazán de Renovación Popular, que propone reducir la valla electoral para alianzas. Actualmente, las alianzas necesitan al menos un 6% de votos válidos para mantener su inscripción, con un 1% adicional por cada partido extra. La propuesta plantea una reducción a 5% para alianzas en general, a 4% si la conforman tres partidos y al 3% si incluyen más de cinco.

El argumento para dar luz verde a ese proyecto es la proliferación de agrupaciones políticas inscritas. Ahora hay 41. El presidente del JNE dijo que ya no pueden registrarse más, pero el magistrado Willy Ramírez dice que todavía se puede hasta el 12 de abril. La República pidió una versión colegiada al JNE, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Otra iniciativa polémica es el proyecto de Ley N.º 10269/2024-CR, presentado por Juan Burgos de Podemos Perú, que permitiría a los partidos incluir en su plancha presidencial a candidatos no afiliados sin necesidad de elecciones internas. La norma actual exige que los postulantes estén afiliados a un partido con al menos un año de anticipación, pero Burgos argumenta que esto limita la posibilidad de sumar figuras externas con experiencia en gestión pública.

La propuesta permitiría la designación directa de candidatos sin validación interna, lo que podría favorecer a ciertas figuras políticas como Antauro Humala.

Asimismo, se debate la propuesta del Luis Aragón (Acción Popular) para que el Senado elija el Parlamento Andino, así como la de Wilson Soto, que busca aumentar al 10% del padrón electoral el número de firmas necesarias para inscribir un partido. También está en debate la iniciativa de Somos Perú que permitiría la reelección de alcaldes y gobernadores.

La comisión de Rospigliosi es la responsable de dictaminar dichas iniciativas. Luego que Boluarte convocó a elecciones para el 2026, el fujimorista fue uno de los primeros en recalcar que el plazo para modificar las reglas para este proceso es antes del 12 de abril (un año antes de la primera vuelta).

Congreso a contrarreloj

El Congreso tiene hasta antes de ese día para conseguir que sus reglas electorales sean promulgadas. Y no oculta su intención de lograrlo. Rospigliosi, consultado sobre la posibilidad de aprobar más cambios en tiempo récord, reconoció: “No es imposible que un proyecto entre a la Comisión de Constitución la próxima semana, sea aprobado y promulgado antes del 12. No es imposible, pero es muy difícil”.

Difícil, pero no imposible. El Congreso ya ha demostrado en ocasiones anteriores que, cuando se trata de acomodar las reglas a su favor, la velocidad nunca podría ser un problema.