JNE: postura a favor del juicio político contra autoridades electorales pone en riesgo su autonomía
Roberto Burneo, presidente del JNE, se muestra a favor del juicio político, pese a que ONPE y Reniec rechazan dicha iniciativa legislativa.
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A diferencia del expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Salas Arenas, su predecesor, Roberto Burneo, no se opone a que las autoridades electorales sean sometidas a control político ni se alarma porque estas queden expuestas a una inhabilitación de la función pública, siempre y cuando esto no sea por la toma de decisiones en la institución
que presiden, según informó a La República.
Pese a esta acotación, su postura resulta completamente ajena a la sostenida por el JNE, cuando estuvo bajo el liderazgo de Salas Arenas, ONPE y Reniec, instituciones que rechazaron de forma unánime la iniciativa legislativa que buscaba someter a las autoridades electorales a las acusaciones constitucionales por delitos (antejuicio) o por infracción a la Constitución (juicio político).
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Debido a que la mayor sanción en el juicio político es la inhabilitación de la función pública hasta por 10 años, especialistas en derecho electoral alertaron, a este medio, sobre los peligros de acercarse a la posición parlamentaria.
El abogado constitucionalista y catedrático de derecho en la PUCP Diego Pomareda es concreto en este aspecto: “El juicio político, que es sumamente discrecional y jurídicamente indeterminado, sería una espada de Damocles que tendrían los órganos electorales”, dijo. Sobre todo, “si son los mismos políticos que definirían la sanción de los órganos que deciden
o controlan a sus propios partidos”.
Tal acción sería aún más arbitraria, teniendo en cuenta que un juicio político se desarrolla enteramente en el Congreso, por tanto, “lo que determinaría una inhabilitación sería la fuerza de los votos y de los intereses, mas no la validez de los argumentos”, explica.
En este punto coincide el abogado constitucionalista Pedro Grández Castro, quien junto al exministro de Justicia Francisco Eguiguren, asumió la defensa del JNE cuando estaba bajo el liderazgo de Salas Arenas.
Ellos presentaron una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra del Congreso por la creación de una comisión investigadora para un supuesto fraude electoral.
El antejuicio como una vía para llegar al juicio político
Tomando ese antecedente, Grández recordó, en entrevista a este medio, que el presidente del JNE ni los demás integrantes tienen la protección del antejuicio, pero tampoco se les puede someter a un procedimiento de juicio político para suspenderlos o destituirlos, “como se intentó tantas veces con el presidente Salas Arenas”.
“Yo creo que el antejuicio es una garantía para los altos cargos y sería conveniente que gocen de ella los integrantes del JNE. Mediante este mecanismo, los altos funcionarios no pueden ser procesados por delitos que cometan en ejercicio de sus funciones sin autorización previa del Congreso”, anota Grández.
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Sin embargo, el especialista alerta que este procedimiento puede ser usado para lograr un juicio político, tal como se pretendió con el antecesor de Burneo Bermejo.
“Cuando el Congreso quería someter al presidente Salas Arenas al procedimiento del antejuicio, él solicitó su renuncia para que pasen su caso al Poder Judicial y que sea procesado sin más dilaciones. Pero, en realidad, el Congreso quería utilizar el antejuicio para someterlo a juicio político con el grave riesgo de que llegue a ser suspendido e incluso destituido de su cargo”, manifestó.
En ese sentido, Grández Castro alertó que la figura del juicio político “es una problemática cuando se trata de funcionarios que ejercen jurisdicción”.
¿La razón? De acuerdo con el letrado, ello “permite que el Congreso imponga sanciones y restrinja derechos a partir de elementos que, como muestra la práctica parlamentaria en los casos más recientes, no califican como infracciones a la Constitución, sino más bien, se convierte en un espacio para la persecución y venganza política”.
Caso Salas Arenas: acoso político tras las elecciones del 2021
Tal fue el caso de Salas Arenas, contra quien el Congreso tramitó ocho denuncias desde el 2021 hasta el 2023. De ese total, tres fueron archivadas, dos declaradas improcedentes y tres aún siguen pendientes de resolverse.
Todo eso fue el reflejo de una errónea interpretación del Legislativo.
Debido a que de los cinco integrantes del JNE, uno representa a la Corte Suprema de Justicia y otro al Ministerio Público, el Parlamento ha decidido que pueden ser procesados por su condición de juez y fiscal supremo respectivamente.
Es decir, serían investigados como juez o fiscal supremo por hechos que realizaron en su función de juez electoral. Tal como pasó con Salas Arenas.
A pesar de que el magistrado Burneo podría quedar expuesto a lo mismo, parece estar de acuerdo con la postura parlamentaria. “Igual seguimos siendo jueces supremos titulares, en este caso con la camiseta de presidente del JNE”, dijo a La República.
“(O sea, en la práctica, ¿usted también pese a que tiene licencia sigue siendo un juez supremo?) Estoy en licencia y claro, la norma dice licencia, pero es un tema. Finalmente, yo vengo en representación de la sala plena, en representación del Poder Judicial. No dejamos de ser jueces supremos titulares de la sala plena del Poder Judicial”, agregó.
Esto fue cuestionado por quien defendió legalmente, en su momento, a Salas Arenas. “No parece razonable una interpretación extensiva para aumentar los riesgos de afectación de los derechos mediante el juicio político que es, hoy en día, un espacio claramente desnaturalizado y que se viene usando inconstitucionalmente por parte del actual Congreso”,
dijo Grandez.
De la misma forma, el experto constitucionalista Pomareda indica que “las interpretaciones constitucionales nunca pueden ser restrictivas si de independencia entre poderes se trata”.
“En este caso particular, desde mi punto de vista, el juicio político se tendría que mantener para actos vinculados a sus funciones del Poder Judicial, pero no para situaciones relacionadas con sus competencias como miembros del JNE”, expresó.
Narrativa del fraude impulsó proyectos de ley contra el JNE
Sin embargo, el Congreso no solo se ha valido de las acusaciones presentadas contra Salas Arenas.
El Tribunal Constitucional, en el marco de una demanda competencial que interpuso el Legislativo contra el Poder Judicial por haber “menoscabado” las atribuciones del Parlamento. Con 5 votos a favor, el TC resolvió que el presidente del JNE podría ser pasible de sanción, al considerarse que es, a su vez, un juez supremo.
Esto provocó que el Congreso impulsará un total de ocho proyectos de ley a fin de incluir a altos funcionarios en el procedimiento de acusación constitucional. Entre los autores de estas iniciativas se encuentran las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso.
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Tanto la sentencia del TC como las propuestas para reformar el artículo 99 de la Constitución se dieron después de los resultados electorales del 2021, en el que Pedro Castillo resultó ganador y Keiko Fujimori apeló a la narrativa del fraude para intentar llegar a la presidencia.
En ese contexto, el especialista en derecho electoral Jorge Jauregui alertó, a este medio, que "los partidos que nunca han ganado las elecciones se han convertido en impulsores de un conjunto de medidas orientadas a socavar la independencia de los organismos electorales".
Según su explicación, el objetivo de las organizaciones sería generar las condiciones para que tengan formas de presionar a las entidades electorales si no ganan las próximas elecciones. "Quieren sacar competidores y desafiar la voluntad popular", indicó.
