Roberto Burneo: "Estoy a favor de cualquier tipo de control, sea a través de acusación constitucional o de una investigación"
El presidente del JNE está a favor de que su cargo sea pasible de denuncias constitucionales, pero en contra de que le recorten el mandato y de la designación a dedo de candidatos presidenciales. No obstante, evita opinar sobre las denuncias del supuesto fraude electoral en 2021. "No puedo pronunciarme respecto a conjeturas o conspiraciones", dice.
Es la primera entrevista que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, le otorga a La República. Y cuando se le aborda sobre las modificaciones que el Congreso impulsa, hay matices en sus respuestas.
Por un lado, está a favor de que su cargo sea pasible de acusación constitucional, y, por otra parte, se opone a la ley que pretende recortar su mandato. Sin embargo, no responde cuál es su postura frente a la teoría del supuesto fraude electoral de las elecciones generales del 2021. Prefiere, dice, mirar para adelante.
- ¿Qué se siente tomar ese reto? El JNE va a liderar un proceso electoral en una contienda en la que quizás habrá la mayor cantidad de partidos políticos de nuestra historia.
- Desde ya hay la mayor cantidad de partidos políticos. Es un gran reto, un reto para todos, para el jurado mismo. Es importante asumir esas responsabilidades en mi papel de juez supremo (...). Este tránsito me parece muy interesante porque estoy seguro que va a cambiar la forma en que se va a ejercer la democracia y el gobierno en el país y que era una oportunidad que tenía para participar en este gran cambio y liderar en este caso el sistema electoral y el JNE.
- Fue rápido su ascenso, de juez supremo, en pocos ya es presidente del JNE.
- Claro, he entrado directamente, soy abogado y he tenido mucha experiencia en la administración pública, en gestión pública, en diferentes cargos, en diferentes materias. Mi especialidad es derecho administrativo, derecho tributario, derecho corporativo en sí. He logrado directamente ingresar a la máxima magistratura como juez supremo titular. Muchos de mis colegas aspiran a ese cargo, algunos lo logran, algunos no. De miles de abogados que hay en el país, sólo 20 pueden aspirar y lograr ser juez supremo. Yo soy de esa élite, para decirlo claramente, y he logrado también en ese poco tiempo presidir dos salas importantes, una sala que se dedica a los temas tributarios, sacando hasta 13 precedentes, y una sala que ve el tema laboral privado, que fue la última que presidí.
- ¿Y alguna vez tuvo en mente llegar en tan poco tiempo a ser presidente del JNE?
- La verdad, al principio se veía un poco complicado el aspirar. Estaba dentro de mis planes no inmediatos. Pero cuando vi la oportunidad, pensé qué proceso de todos los que podría haber en el futuro me gustaría ser parte. Este era el proceso que me gusta ser parte, así que me involucré y pedí el respaldo de mis colegas y ellos por unanimidad me dieron esa confianza.
- El JNE, por la coyuntura que afrontó como institución en los últimos años, ¿no es una sartén caliente?
- Es un reto, una gran responsabilidad, más que sartén caliente había que asumir y liderar esta institución. Y el encargo que tenemos constitucionalmente los jueces supremos titulares es ese, así que más que el ser una papa caliente me encantaba, me gustaba el reto de asumir este momento de tránsito a la bicameralidad, que va a cambiar, entiendo yo, lo veo así personalmente y estoy seguro que va a ser así, todo el panorama de la democracia y de la forma de gobernar el país. Así que más que el tema de sartén caliente yo lo veía como un reto y una aspiración personal.
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- Hace dos semanas el Congreso aprobó una ley de reglas para elegir justamente al congreso bicameral y esta ley establece que la valla electoral para alianzas va a ser ahora de 6% sin importar el número de partidos políticos que conformen la coalición. ¿Usted qué piensa de esta modificación? Su antecesor - Jorge Salas Arenas - cuestionó esa norma eso porque consideró que iba a provocar de que entren al Congreso partidos políticos con poca representatividad.
- Preocupa a todos, no solamente al jurado, el tema de la dispersión porque finalmente debilita la fortaleza que deben tener las organizaciones políticas dentro del proceso legislativo, pero bueno esa es la opción que ha seguido el legislador, ya la opinión técnica en este caso el jurado ya se ha indicado, efectivamente es así, no solamente eso sino que tenemos ahorita ya 40 partidos inscritos, dentro de poco vamos a tener dos más según lo que me han informado. Estas medidas lo que hacen es eliminar los incentivos para generar alianzas, porque obviamente con dos partidos unidos podrían no ser vacados o cancelados por no haber cumplido con la valla. También otra forma de ver las cosas es que podría generar incentivos porque como ya simplemente con un punto se subiría la valla, por lo tanto muchas organizaciones que quizás no tienen mucha aceptación o no pueden lograr la identificación de los ciudadanos, podrían querer subirse al carril de los que tienen mayor peso.
- ¿No hubiera sido mejor mantener las elecciones primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias, conocidas como las PASO, para que haya un primer filtro y luego en el proceso electoral mismo haya menos partidos compitiendo?
- Las PASO se han implementado recientemente y nunca se aplicaron, la verdad, esa es la realidad del ordenamiento peruano. Lo que han dado es otras reglas para la participación de, en este caso, de los afiliados dentro de las organizaciones dándoles tres alternativas. Hay una, digamos primarias abiertas o semiabiertas entre los afiliados y los que se inscriban para participar en el proceso. Es una de las opciones. La otra es las primarias internas, digámoslo así, con sólo afiliados y finalmente la elección de los candidatos a través de delegados (...). De 40 partidos inscritos la probabilidad de que alguno de ellos pueda elegir una u otra es bastante grande.
- Los números dicen que la mayoría prefiere la modalidad de asamblea de delegados.
- Es lo que normalmente han elegido, quizás por la simplicidad de la elección a través de esa modalidad, pero nosotros, como organismo que lidera el sistema electoral, pensamos en que pueden elegir cualquiera de las opciones que el marco normativo le da y que debemos estar preparados para cualquier eventualidad.
JNE: juicio político contra autoridades electorales
- Y el otro punto de esta ley es que el JNE fijará la cantidad de senadores y diputados en función a la representación por cada 160 mil electores, pero hay una disposición que señala que esa parte aplica después de terminado el proceso electoral del 2026. ¿Qué es lo que quiere decir en un lenguaje más común? ¿Que habrá más congresistas para el 2031?
- Para este proceso electoral ya está definida la cantidad de parlamentarios, tanto para la Cámara de Senadores como para la Cámara de Diputados, son 60 senadores y 130 diputados. Posteriormente ya se verá esa medida.
- Hice una multiplicación en base al padrón de las elecciones del 2022, al final llegaríamos a 237 representantes.
- Por eso, si estamos hablando de cifras no podríamos nosotros proyectarnos, no sabemos cuánto va a incrementarse el número de la población y de ciudadanos, por eso ahorita no podríamos hablar de números porque no es para este proceso electoral. Quizás para el próximo vamos a ver cómo es que cambia la cantidad de ciudadanos y ahorita, por ejemplo, tenemos para este proceso electoral dos y medio millones de nuevos electores que son jóvenes que entre los 16 y 18 años de edad que van a ejercer por primera vez su voto en este proceso electoral del 2026.
- Le preguntaron antes sobre la modificación del artículo 99 de la Constitución. ¿Usted está a favor de que las autoridades electorales sean pasibles de acusaciones constitucionales?
- Lo que he indicado respecto de esta disposición es que los altos funcionarios pueden ser objeto de lo que es una acusación constitucional, pero eso tiene que entenderse en este sentido. No se puede someter a ningún magistrado, sea del sistema electoral, sea del Poder Judicial o cualquier otra modalidad, por razón de sus decisiones, porque eso sí afectaría la división de poderes y la independencia de la magistratura. En eso sí somos muy celosos todos los magistrados en el sentido de que no pueden llevarnos ni siquiera intentar hacerlo por una decisión que hayamos tenido en cualquier proceso, sea que pueda ser del gusto o el disgusto de un sector. Fuera además por alguna inconducta funcional, por un acto de corrupción o por cualquier otra razón de índole que vaya en contra de la función pública que tenemos, yo estoy a favor de cualquier tipo de control, sea a través de una acusación o sea a través de una investigación
- Por ejemplo, ustedes como pleno del jurado en un proceso electoral resuelven la continuidad de candidatos.
- Correcto.
- No sería correcto que los sometan a acusaciones constitucionales por decisiones que han tomado en el proceso electoral.
- Correcto, porque ya la constitución establece que el JNE es última instancia. Desde ya incluso algunos procesos constitucionales que por alguna razón lo llevan al Tribunal Constitucional son cuestionables. ¿Por qué? Porque entendamos que es el jurado el que establece la última decisión y es el pleno, el JNE el que tiene esa competencia constitucional. Entonces, interpretarlo de otra forma es ir en contra de la Constitución y generar unas grietas de las decisiones del sistema electoral y eso debilita la democracia y debilita el sistema. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con cualquier tipo de control, pero no una injerencia en quebrar el principio de separación de poderes o pretender introducirse en la toma de decisiones o direccionar la toma de decisiones por presiones políticas. Eso sí afecta la independencia y la imparcialidad de los magistrados.
- Por ejemplo, contra su antecesor, si mal no recuerdo, hasta el término del mandato ya había tres acusaciones constitucionales casi en su etapa final: una por la contratación de un politólogo dentro del JNE, otra por la inscripción de un partido político y otra por un dicho de un exjuez del Callao. Usted dice que se puede hacer este tipo de control a los magistrados por presuntos actos de corrupción, ¿no? Por cosas ajenas a su función como magistrado electoral. ¿Estos casos que le menciono estuvieron bien?
- No puedo pronunciarme al respecto porque tendría que tener mayor conocimiento de cada uno de estos casos en sí.
- ¿Pero en la forma?
- Pero respecto de ellos no podría pronunciarme. Finalmente no se llevaron a una decisión. Pero repito, nosotros estamos sometidos a un control como altos funcionarios. Pero si te das cuenta, algunas decisiones de control político no son realmente objetivas. Ese también es un punto que no está regulado a nivel de control político de los altos funcionarios porque realmente puede ser que por cualquier cosa podrían llevarlos a control de ese nivel. Y el control va en el sentido de actos contrarios a la función o actos que de alguna forma están probados que sean contrarios a la función.
- ¿No le da temor que si se modifica el artículo 99 las autoridades electorales puedan estar posiblemente amenazadas a un juicio político? La máxima sanción en un juicio político es la inhabilitación de la función pública.
- Desde ya cuando me he postulado a ser juez supremo entiendo que existen esas reglas. Repito, cualquier decisión de índole político no puede ser subjetiva o antojadiza. Y ya el Poder Judicial ha dado mensajes en el sentido de que cuando ha sucedido alguna afectación de derechos fundamentales en este tipo de controles (...). Y el Poder Judicial ha sido claro en ese sentido. También hemos sido claros que si la modificación del artículo 99 extendería a los demás miembros del pleno, en ese sentido creo que ellos no son altos funcionarios en sentido pleno de la carrera jurisdiccional que tienen.
- ¿Pero y cómo sería ahí? Porque hay magistrados en el JNE que representas al Colegio de Abogados y a las universidades.
- Por ese lado no me voy a pronunciar sino respecto de lo que es un juez supremo y el sometimiento de un juez supremo en el cargo de presidente. Me reitero en ese sentido ya el Poder Judicial en la Corte Suprema, en un caso específico, se ha pronunciado indicando estos criterios pero lo que sí hay un vacío es en el tema de por qué razones nos llevan a juicio político a los magistrados o a un alto funcionario. Y ahí sí hay una tarea grande por hacer de parte del legislador porque sí se tiene que estandarizar razones objetivas por las cuales están llevando los funcionarios o no. No podemos politizar la justicia. Porque la justicia debe respetarse en el sentido pleno de la toma independiente de decisiones.
- Es muy interesante lo que menciona sobre el fallo de la de la Corte Suprema. Fue en el caso del doctor Víctor Ticona.
- Correcto.
- Y recordando esa resolución, dice que el presidente del jurado, como es un magistrado electoral, es a su vez un juez supremo en licencia. Pero la licencia no le quita la condición de juez supremo.
- Correcto.
- O sea, en la práctica, ¿usted también pese a que tiene licencia sigue siendo un juez supremo?
- Estoy en licencia y claro, la norma dice licencia pero es un tema (...). Finalmente, yo vengo en representación de la sala plena, en representación del Poder Judicial (...). No dejamos de ser jueces supremos titulares de la sala plena del Poder Judicial. Y eso es así. Ya lo ha establecido - y lo comparto - la Corte Suprema en este sentido. Y en ese sentido es que se falló, creo que fue a favor del doctor Ticona, porque el doctor Ticona sí argumentaba esto, contrariamente a otras personas que indicaban lo contrario, pero decía sí, yo no me puedo someter a cualquier denuncia, en este caso era del Ministerio Público, sin antes haberme sometido al antejuicio político, porque yo soy alto funcionario, a pesar de haber presidido o que esos hechos se me imputaban en el tiempo que fui presidente del JNE.
- El argumento en contra sería por qué me tienen que acusar a mí como juez supremo por hechos que son en mi función de juez electoral.
- Correcto, pero igual seguimos siendo jueces supremos titulares, en este caso con la camiseta de presidente del JNE y eso lo compartimos muchos de los magistrados supremos y en ese sentido salió el fallo de la Corte Suprema.
- Sé que usted no se puede pronunciar sobre otros casos, pero el argumento que está utilizando es el mismo que han usado varios congresistas para impulsar acusaciones contra su antecesor.
- Bueno, fuera del impulso o no de este tipo de acusaciones, ya hay una posición de la Corte Suprema que la comparto. Ahora, los motivos de otro tipo de acciones ya van por otra línea y no me voy a pronunciar porque incluso creo que ya han dejado de tener vigencia porque el doctor Salas ya dejó de ser presidente del JNE y está en otras tareas en la Corte Suprema.
Ley para cambiar modalidad de elección del presidente del JNE
- Cambiando de proyecto de ley, hay una iniciativa legislativa para que la elección del presidente del JNE sea en el pleno del jurado y ya no sea directamente el magistrado elegido por la Corte Suprema. ¿Qué opina usted de esta propuesta? Esta propuesta reduce el mandato del presidente del jurado a dos años.
- Es un proyecto que ha sido aprobado en primera votación en la anterior legislatura, entiendo que puede o no ser agendada en la siguiente legislatura. Estamos en contra de esa medida porque, por un lado, resulta ser antitécnica, quiebra el principio de separación de poderes en el sentido de que quien lidera, en este caso un órgano jurisdiccional que ve temas electorales, es el juez designado por el Poder Judicial. Y eso no es de ahora. Por casi 93 años se ha seguido esa tónica, incluso ha pasado por gobiernos dictatoriales y no se ha pensado siquiera cambiarla. Por una razón, porque lo que administramos es justicia electoral y la lógica es que quien lidera y quien presida es el profesional en este aspecto, que es el representante del Poder Judicial. Segundo, hay un principio de separación de poderes. O sea, (con esta ley) estaríamos presidiendo una justicia electoral a través de otros funcionarios o profesionales que vienen de distancias no jurisdiccionales propiamente dichas, fuera de que cuando asumen este papel es uno estrictamente de magistrados jurisdiccionales.
- El argumento a favor de ese proyecto es que en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es el pleno quien elija a su presidenta y en el Tribunal Constitucional (TC) es lo mismo, ¿por qué en el JNE no podría de ser lo mismo?
- Porque todos esos funcionarios que son elegidos de la Junta Nacional de Justicia y los del Tribunal Constitucional son profesionales de esa materia, han sido seleccionados por un proceso muy específico para ser magistrados, a diferencia de los representantes del Colegio de Abogados, que son elegidos entre sus pares.
- ¿Esa opinión que tienes a título personal o es una opinión consensuada ya con los demás miembros del jurado?
- Algunos de los magistrados opinan lo contrario, lo cual se respeta mucho, pero fuera de la opinión que no puedo yo decirla, porque aún no la tengo. No la hemos debatido y votado en algún momento, pero fuera de ello, lo que yo digo es que es antitécnica por donde lo veamos, por lo que acabo de indicar. Pero supongamos que superemos estos argumentos, es antitécnica porque es inoportuna. Por ejemplo, en este proceso, en medio del proceso de la convocatoria, estaríamos eligiendo a otro magistrado, a otro presidente. Pero imagínate en el proceso de Elecciones Municipales, en la mitad del proceso que se nos viene, estaríamos eligiendo al nuevo representante, porque son cada dos años, en medio de un proceso que es todavía más exigente.
- ¿Cuál es el impacto?
- El impacto es grandísimo, parece que no genera ninguna distorsión, pero el cambio de liderazgo y de gestión, por más que sean los mismos miembros del pleno, genera un gran problema de continuidad y de gestión inmediata, porque la persona que entre a ser parte del liderazgo del JNE va a tener que meterse en la organización, quizás va a querer cambiar cuadros porque va a querer tener su personal de confianza y va a generarse un reproceso muy grande y quizás una lentitud o se va a desacelerar la gestión del propio jurado y el propio sistema electoral.
- Hay un proyecto de ley presentado por el grupo parlamentario Podemos Perú para que en la plancha presidencial pueda haber un candidato designado por el partido. Y ese proyecto de ley dice, será la organización política que designe en base a sus estatutos. Y yo he visto el estatuto de algunos partidos políticos y dicen que la designación le compete al fundador o al presidente del partido. Entonces, ¿qué opina de este proyecto de ley?
- Bueno, lo que se busca es que los candidatos y los representantes de los partidos sean los que los afiliados dentro de los procesos de selección, en cualquiera de las modalidades, sean los que designen o les den la confianza. Eso debilita la participación del electorado, de los afiliados y no es recomendable. Finalmente, porque sobre todo, las máximas autoridades que van a formar parte de la plancha presidencial deberían tener la confianza de sus partidarios, no ser elegidos a dedo por los fundadores o por cualquier otra modalidad que el estatuto establezca. Es contraria la participación ciudadana, es contraria a los principios democráticos, así que espero que no se apruebe porque finalmente cualquier persona que pueda no ser parte de la organización puede ser a dedo seleccionada a la máxima representación de la misma, sin contar siquiera con la aceptación de sus miembros o al menos formalmente no sería así. Así que espero que no se apruebe porque debilitaría más a los partidos políticos.
- Para terminar la entrevista, ¿en el 2021 usted ya era juez supremo? ¿Todavía no?
- No, en el 2021 no.
- Pero sí trabajaba en la administración pública.
- Claro.
- Y como ciudadano, ¿cómo vio el hecho de que en el 2021 se cuestionaron a los organismos electorales por un supuesto fraude?
- No puedo pronunciarme respecto a eso, lo dejo a las entidades que pueden haber evaluado esa situación, lo que puedo indicar que en el 2025 estamos preparando al JNE para este gran reto, que es las elecciones que se nos vienen, generales de 2026 y las municipales y regionales que van a cambiar el país. Lo que puedo asegurar es que vamos a poner a punto al JNE para que asuma este gran reto.
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- Doctor, disculpe que le corte, pero cuando le pregunté sobre este punto me dijo que hubo organismos que ya se pronunciaron.
- No, lo que estoy indicando es que dejo (eso) a aquellos organismos que pueden o no haberse pronunciado, lo que estamos mirando es para adelante. Lo que me toca al asumir el cargo del 21 de noviembre del año pasado, del 2024, es preparar al JNE para el futuro, ganar la confianza del ciudadano porque lo que he encontrado es que no confían en sus organismos electorales.
- Pero hubo conspiraciones también contra el manejo de los organismos electorales, ¿no?
- Bueno, no puedo pronunciarme respecto de conjeturas o conspiraciones, pero sí puedo decir que vamos a ganar de nuevo esa confianza, vamos a lograr afrontar este gran reto y finalmente para eso estamos también trabajando muy arduamente en ciertos proyectos que consideramos importantes de cara a esta pequeña ventana que tenemos en la próxima legislatura. Uno de ellos es el tema de los precedentes para que sirvan como líneas jurisprudenciales. Hablo de las decisiones que tome el JNE, constituyen precedentes de observancia obligatoria para todos los jurados especiales y en realidad para todos los que participen en estos procesos, y sirvan de referentes a líneas jurisprudenciales para todos para evitar la dispersión y facilitar la toma de decisiones, los criterios. El tema de establecer algunos hitos para las primarias, que es importante regular algunas cosas para facilitarnos el trabajo. Otro tema importante que quizás no lo hemos hablado es la modificación del Artículo 300 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) que establece la conservación de cédulas por cerca de 90 días, tres meses. Eso impactaría muy grande y afectaría o delimitaría a la democracia. Esto lo digo así porque inclusive autoridades, por ejemplo, los presidentes o presidentas que pueden ser ya electos podrían estar en jaque o con la preocupación de que, inclusive en agosto, porque todos juramentan en julio, podrían estar conservándose las cédulas y que alguien pueda pedir la revisión de todas. Porque el artículo 300 tal cual ha sido redactado no dice cuáles son las motivaciones y en qué momento se puede solicitar esta revisión. Ha pasado en México, que tenía una modalidad como esta, donde el candidato pide la revisión del 100% de las cédulas.
Presidente del JNE en contra de cautelar actas electorales por 90 días
- Y eso toma una eternidad
- Y eso no solamente toma una eternidad, sino que pondría en jaque a un presidente ya electo que incluso ya hizo discurso el 28 de julio. Esa es nuestra preocupación y que hemos compartido con la ONPE y ya nos hemos sentado a conversar porque ellos han tenido iniciativa en el sentido de regular este Artículo 300 tal cual ha sido ya redactado y estamos trabajando ya en conjunto para presentar una medida complementaria a este Artículo 300, de tal forma que se puedan poner reglas que permitan respetar la preclusión de los hitos electorales. Es decir, por ejemplo, cuando ya se ha declarado ganador a una de las autoridades ya no se puede revisar la cédula o hacer el reconteo por cualquier modalidad. Cuando ya se tomó una decisión por el jurado nacional no se puede volver a hacer una revisión (...). Esto yo creo que lo van a entender muy bien los legisladores porque inclusive ellos, muchos de ellos, van a querer participar en estos procesos electorales y van a ser afectados.
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- ¿Con su entrega de credenciales?
- Su entrega de credenciales estaría custodiada por 90 días.
- Esto es un tema muy delicado.
- Por eso, desde ya hacemos un llamado a que compartan esta preocupación los legisladores. Nosotros vamos a presentar una medida totalmente técnica, objetiva.
- El problema es que choca esta vez con el cronograma, que es algo intocable.
- Eso es lo que queremos cuidar, porque es un principio importantísimo de nuestro ordenamiento electoral y también responde a un tema muy fundamental que es garantizar la estabilidad, en este caso de las futuras autoridades. Va a ser una locura en el caso, por ejemplo, de las autoridades regionales y municipales. No se ha visto de esa forma en el futuro.
- ¿Qué opina sobre el proyecto de ley sobre impedimentos para postular? Todavía no se ha aprobado, pero impide postulación por ciertos delitos, así la persona se haya rehabilitado.
- Todavía no está aprobado, habría que ver el detalle. Hay ciertos delitos que son muy gravísimos.