Investigados por caso AeluCoop quedan libres al beneficiarse con ley del Congreso que deroga la detención preliminar
11 investigados, quienes fueron detenidos el 30 de noviembre por presuntos créditos fraudulentos que afectaron a la Cooperativa Aelu con pérdidas por más de 410 millones de soles, quedaron libres al beneficiarse de la Ley 32181.
El Poder Judicial ordenó la liberación de 11 personas bajo investigación por el supuesto fraude en la Cooperativa Aelu. Esta decisión, tomada por el juez Raúl Justiniano Romero, se basó en la Ley 32181, aprobada por el Congreso, que elimina la detención preventiva.
"La Ley 32181, publicada el 11 de diciembre de 2024 y en vigencia desde el 12 de diciembre, con la cual se deroga el artículo 261, inciso 1, literal A, del Código Constitucional Penal, en el extremo de la detención preliminar. (…) Al no existir la institución de la detención preliminar, no podría, en consecuencia, aplicarse, o ejecutarse, al haber sido ya excluida de nuestro ordenamiento jurídico, por el Congreso de la República, y refrendado por la presidenta de la República", expresó el juez Raúl Justiniano Romero durante la audiencia.
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Los acusados fueron detenidos el pasado 30 de noviembre y enfrentan cargos por el presunto otorgamiento de créditos fraudulentos en perjuicio de la Cooperativa Aelu y sus socios, los cuales ascienden a más de 410 millones de soles y más de 79 millones de dólares, y ahora seguirán su proceso de investigación en libertad.
¿De qué trata el caso AeluCoop?
El caso Aelucoop involucra una presunta organización criminal dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU, en la que funcionarios, directivos y socios habrían facilitado el otorgamiento de créditos fraudulentos entre 2009 y 2021. Este fraude habría afectado gravemente a más de 20 mil afiliados, con un perjuicio económico estimado en más de 400 millones de soles y 79 millones de dólares.
Los implicados están siendo investigado por delitos como organización criminal y financiamiento mediante información fraudulenta. Entre los detenidos figuran Pedro Eduardo Miyasato Arakaki y Miguel Ruyer Zevallos Hatakaeda, este último señalado como el presunto líder de la red.
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La Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada es la encargada de las investigaciones y ha solicitado la prisión preventiva para varios de los involucrados, entre ellos Zevallos Hatakaeda. El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, bajo la dirección del juez Raúl Justiniano, lleva a cabo la sesión de la audiencia que inició el 14 de diciembre y en la que se buscará esclarecer el alcance total de la presunta red de fraude y las responsabilidades individuales dentro de la cooperativa.
¿Qué pasó con la detención preliminar?
Al promulgarse la Ley 32181, se derogó el inciso que permitía la detención preliminar en casos de no flagrancia, una medida que había sido una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Esta disposición permitía que los fiscales pudieran solicitar la detención de una persona antes de que fuera formalmente acusada, incluso si no había sido sorprendida en el acto delictivo, siempre que existieran indicios suficientes de que el individuo había cometido un delito grave.
Sin embargo, luego que esta reforma del Congreso entrara en vigencia el pasado 12 de diciembre, impide ahora que se pueda dictar detención preliminar a algún investigado a menos que exista flagrancia, lo que limita las posibilidades de actuar rápidamente contra ciertos delitos que, por su naturaleza, no se cometen en el acto, como es el crimen organizado.
En la última sesión del Pleno del Congreso, la cual terminó pasada la media noche del 14 de diciembre, se buscó revertir esta situación pese a que fueron los mismos parlamentarios que -en sesiones anteriores- la aprobaron. Con 79 votos a favor, se aprobó un texto alternativo al proyecto de ley 9733, el cual restituye la posibilidad de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Con ello, los jueces deberán sustentar su decisión con elementos razonables que demuestren que el acusado ha cometido un delito castigado con más de cuatro años de prisión.
