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En manos de nadie, por Eliana Carlín

Representantes de la morgue manifestaron que cada día ingresan 18 cadáveres por muerte violenta y que los fallecidos por bala han aumentado en un 30 %.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no debe permanecer en su cargo, y las razones son tantas que este espacio resulta insuficiente. Santiváñez debe irse porque, en 2024, año en que inició su gestión en mayo, se registraron 2,509 homicidios, un incremento significativo en comparación con los 1,105 ocurridos en 2023.

Si hablamos específicamente de regiones como La Libertad, la situación es crítica. En 2017, la tasa de homicidios era de 69 por cada 100,000 habitantes, mientras que en 2024 alcanzó los 240 por cada 100,000 habitantes. Solo este año, según cifras del SINADEF, hasta la segunda semana de febrero de 2025, se han registrado 236 homicidios a nivel nacional. La mayor cantidad de casos se concentra en Lima (79), seguida por La Libertad (31), Callao (26), Piura (15) y Puno (13).

Además de los homicidios, según datos del Sistema de Registro y Control de Denuncias (SIDPOL), solo en enero, Lima Metropolitana registró 796 denuncias por el delito de extorsión. En el tercer trimestre de 2024, la prensa reportó el colapso de la Morgue de Lima debido al aumento de la inseguridad. Representantes de la morgue manifestaron que cada día ingresan 18 cadáveres por muerte violenta y que los fallecidos por bala han aumentado en un 30 %.

En medio de estas cifras, que evidencian una situación de zozobra, el ministro ha tenido a bien designar a un “portavoz” para informar sobre los “logros de su sector”. ¿Cuáles logros? No habrá portavoz que contenga esta avalancha de realidad.

Si a esto le sumamos el estrepitoso fracaso de los estados de emergencia, el enfrentamiento con la prensa, la entrega de un celular formateado al Ministerio Público en el marco de las investigaciones en su contra y la presentación de ciudadanos inocentes como supuestos delincuentes requisitoriados, mantenerlo un día más en el cargo es simplemente entregarnos al crimen. El Ejecutivo y su gobierno congresal son cómplices de cada vida que se pierde.