No basta que haya presencia de mujeres en el espacio público para que se garantice la defensa de los derechos. El mejor ejemplo de esto es la presencia de Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, no solo tenemos una presidenta no electa, con +/- 95% de desaprobación, sino que es una mujer enemiga de la igualdad. Solo hace una semana, la señora Boluarte se manifestó contra la inexistente “ideología de género en los colegios”, replicando discursos trasnochados que solo promueven la indefensión de nuestras estudiantes ante situaciones de acoso o violencia.
Existe también la amenaza de desaparecer el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que ya ha sido minado en su débil institucionalidad, con medidas como la desaparición de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género, que tenía como objetivo lograr aplicar el enfoque en todas las instituciones públicas. Además, el MIMP se ha convertido en un aparato de victimización de la presidenta, haciendo mal uso de las redes sociales oficiales para amenazar a quienes critican su mal trabajo y sus vínculos con la corrupción. Estas críticas, evidentemente, nada tienen que ver con el género y no constituyen discriminación alguna.
En un país donde solo en enero se han registrado 17 feminicidios (MIMP, 2025), es vergonzoso que la presidenta que odia a las mujeres, use las instituciones públicas para denunciar violencia contra ella. Basta con dar una vuelta por las redes sociales para encontrar verdaderos casos de acoso, hostigamiento y violencia contra mujeres diversas que tienen una voz pública. Los ataques que provienen de quienes no toleran que haya mujeres que hablan claro y que viven poniéndose al frente. Solo la organización y la incidencia nos permitirán protegernos y cambiar nuestra realidad violenta y misógina.