Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Estados Unidos

ICE: sheriff de Iowa es demandado por la fiscal estatal tras desaconsejar cumplir con la ley de inmigración

El sheriff del condado de Winneshiek, Dan Marx, enfrenta una demanda de la fiscal general de Iowa tras cuestionar públicamente las prácticas de ICE en redes sociales.

El sheriff del condado de Winneshiek enfrenta una demanda de la fiscal general de Iowa por cuestionar las prácticas de ICE Foto: KALL
El sheriff del condado de Winneshiek enfrenta una demanda de la fiscal general de Iowa por cuestionar las prácticas de ICE Foto: KALL

El sheriff del condado de Winneshiek, Dan Marx, enfrenta una demanda legal tras haber cuestionado públicamente las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en redes sociales. La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, presentó la denuncia el miércoles, alegando que las declaraciones de Marx desalentaron la cooperación con autoridades federales, lo que podría poner en riesgo los fondos estatales asignados a su condado.

La controversia se enmarca en una legislación estatal aprobada en 2018 que obliga a las agencias policiales locales a colaborar con ICE y prohíbe la adopción de políticas que obstaculicen dicha cooperación. La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, advirtió que el incumplimiento de esta ley podría derivar en sanciones financieras.

VIDEO MÁS VISTO

Inundaciones repentinas anegan carreteras en Virginia Occidental tras intensas lluvias en la región

La publicación de Facebook que desató la controversia

El 4 de febrero, el sheriff Dan Marx publicó en su cuenta oficial de Facebook un mensaje en el que expresó su desconfianza hacia algunas acciones de ICE, especialmente aquellas que solicitan detener personas sin una orden judicial. Según reportó Associated Press, el funcionario describió estas prácticas como “violaciones” de los derechos constitucionales.

La publicación fue eliminada horas después de conocerse la demanda estatal. Desde la Oficina del Sheriff se explicó que la eliminación del mensaje buscaba reflejar “buena fe” en el proceso, aunque el departamento dejó en claro que no compartía la interpretación legal de la fiscalía. El estado propuso una versión alternativa del mensaje, pero el condado la rechazó por no representar adecuadamente su posición.

Pese a la tensión, la Oficina del Sheriff aseguró su disposición a cumplir con las leyes migratorias estatales y federales, aunque reafirmó su compromiso con la protección de los derechos constitucionales de los residentes del condado. En un comunicado, Marx señaló que ha cooperado con ICE cuando ha sido requerido y confía en una resolución favorable del conflicto.

Iowa: Reynolds advirtió sobre recortes de fondos al condado Winneshiek

La gobernadora Kim Reynolds respondió con firmeza al caso, recordando que la ley estatal de 2018 prohíbe a los jefes de policía adoptar políticas que dificulten la colaboración con autoridades migratorias. En una carta enviada a las autoridades locales, subrayó que esta normativa requiere que los sheriffs cooperen con ICE “cuando sea razonable o necesario”.

Reynolds también advirtió que el incumplimiento de esta legislación podría conllevar la pérdida de fondos estatales para el condado, una consecuencia que busca reforzar la política de cero tolerancia hacia las llamadas “ciudades santuario”.

El conflicto legal por las detenciones del ICE

Desde la promulgación de la ley en 2018, Iowa exige que todos los condados mantengan una cooperación activa con ICE. La fiscalía estatal revisó los antecedentes del condado de Winneshiek y determinó que la Oficina del Sheriff respondió favorablemente a las 24 solicitudes de detención emitidas por ICE desde entonces. Sin embargo, la demanda se basa en que la publicación de Marx contradice el espíritu de la normativa vigente.

La vocera de la fiscalía, Alyssa Broulliet, informó a Associated Press que el sheriff fue notificado sobre el plazo para rectificar su postura, pero su respuesta fue considerada “insuficiente”, lo que motivó la presentación formal de la demanda.

El caso reaviva el debate sobre el equilibrio entre la cooperación con autoridades federales y la defensa de los derechos constitucionales, en un estado que ha endurecido sus políticas migratorias en los últimos años.