Economía

Dirigentes del Valle de Tambo a titular de PCM: "Es falso que Tía María tenga licencia social"

Gustavo Adrianzén indicó que un "grupo reducido" está detrás de las protestas contra el proyecto Tía María. No obstante, para los dirigentes del Valle de Tambo, el rechazo de la población sigue siendo mayoritario.

Mientras el premier asegura que Tía cuenta con licencia social, la población del Valle de Tambo continúa protestando contra el proyecto. Foto: composición LR/Andina/Archivo LR
Mientras el premier asegura que Tía cuenta con licencia social, la población del Valle de Tambo continúa protestando contra el proyecto. Foto: composición LR/Andina/Archivo LR

Durante una visita inopinada que hizo el Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, al nuevo MAC Arequipa, minimizó el paro seco de tres días que vienen realizando los pobladores del Valle de Tambo al señalar que se "trata de un grupo reducido". En respuesta a estas declaraciones, los dirigentes Jesús Meza y Roger Chirapo ratificaron que el proyecto Tía María es rechazado por la mayoría de la población.

Según declararon a este medio, no se puede imponer un proyecto que no tiene licencia social y aseguraron que la empresa de capitales mexicanos Southern Copper Corporation no ha ganado una corriente mayoritaria de opinión en la población. Recordaron que han hecho extensiva la invitación a los representantes del Ejecutivo a dialogar en el área de influencia, pero hasta el momento, no consiguen respuestas.

"Estamos realizando acciones pacíficas. Mas bien, yo le preguntaría al premier: ¿es posible que se pueda imponer un proyecto cuando no hay licencia social? Es falso que Tía María cuente con licencia social y es mentira que Southern tiene ganada a la población. Cuánto nos gustaría que el gobierno venga y escuche al Valle de Tambo. Les hemos invitado muchas veces. ¿Por qué no quieren venir? ¿Cuál es el temor?", enfatizó Meza.

Por su parte, Roger Chirapo, recordó que en el 2015, Gustavo Adrianzén se desempeñó como ministro de Justicia durante el gobierno de Ollanta Humala y calificó a los agricultores que protestaban como "violentistas y hordas terroristas". Por tanto, a su juicio, queda descalificado para atender un conflicto como este que lleva más de 15 años.

"Un premier que no puede ni con la criminalidad, ¿va a poder solucionar un conflicto como este?. En el gobierno de Humala, dijo que éramos terroristas. Entonces, ¿Cómo cree que uno que ya conoce el proyecto Tía María, va a poder solucionarlo? Rechazamos sus declaraciones porque el gobierno, a la fuerza, quiere sacar el proyecto minero", indicó.

De igual forma, compartió la denuncia de las autoridades de construcción civil y de la población de San Camilo, quienes alertaron que un conjunto de cisternas estarían sacando agua para el proyecto Tía María sin contar con la autorización de la ANA.

"Es lamentable que se esté usurpando o robando agua en San Camilo, sin contar con permisos del ANA de Caplina Ocoña, porque esa es la instancia que administra la parte de La Joya, provincia de Arequipa. La Autoridad Nacional del Agua se está haciendo de la vista gorda y eso debe denunciarse porque una empresa grande que dice tener todas las formalidades, no puede estar robando agua", aseveró.

Tía María: protestas continuarán en mayo

El titular de la PCM descartó sentarse en una mesa de diálogo mientras no se depongan las medidas de fuerza en Arequipa. Lo cierto es que este sábado 26 de abril es el último día del paro seco convocado por agricultores, transportistas y pobladores del Valle de Tambo. Después de ello, habrá una pausa temporal para retomar la cosecha de arroz y las labores ordinarias.

"Esto durará hasta que termine la cosecha de arroz. Pero, vamos a participar en el paro del 14 de mayo contra la delincuencia, la corrupción, por la conclusión del Gasoducto Sur y en rechazo a Tía María, que también está en la plataforma de lucha", anotó Miguel Meza.

El dirigente del Valle de Tambo hizo un llamado al Poder Judicial a resolver con celeridad la acción de amparo que presentaron a fines de marzo contra las autoridades ambientales y la empresa Southern con el propósito de proteger el derecho a un ambiente sano y equilibrado que se ve amenazado por el proyecto Tía María.

"No solamente estamos dando un lucha social, sino legal. Sabemos que esto está manejado políticamente, pero es necesario que una acción de amparo se resuelva rápido. Lamentablemente, ponen artimañas para demorar. Esperamos respuestas concretas y que esta lucha se gane sin muertos. Lamentablemente, nuestro río Tambo viene siendo contaminado, no sale el Ministerio Público a exhortar, pero en cambio, a nosotros nos están denunciando"; aseguró.

Southern: fase inicial de construcción al 61%

Si bien el presidente del Consejo de Ministros refiere que existe un retraso de 10 años para la implementación del proyecto Tía María y que hay cerca 700 lugareños trabajando en las obras de construcción, lo cierto es que los dirigentes del Valle de Tambo han advertido en más de una ocasión que el Estudio de Impacto Ambiental ya caducó.

Pese a ello, Southern informó que el avance en puntos de acceso y plataformas se encuentra en un 61% y que, a la fecha, han instalado 59 kilómetros de cerco vivo para delimitar la propiedad. Ahora, les corresponde avanzar en la puesta en marcha de un campamento temporal, realizar movimientos de tierras y actividades de aperturas de minas.

"Tía María generará ingresos significativos para la región Arequipa desde el primer día de sus operaciones. Al precio actual de cobre, esperamos exportar US$18.200 millones y contribuir con US$3.800 millones en impuestos y regalías durante los primeros 20 años de operación. El presupuesto del proyecto se ha establecido en US$1.802 millones", se lee en la presentación de Southern sobre los resultados del primer trimestre del 2025.

Aunque Adrianzén asegure que ya están "concedidas las licencias sociales", Meza y Chirapo manifiestan que la imposición de Tía María respondería al interés del gobierno de buscar un conflicto social como el que hubo en años anteriores. Ellos exigen respetar la consulta popular del 28 de octubre del 2009, en la que más del 90% de los votantes se pronunciaron en contra del proyecto minero.