Familiares de asesinados en protestas temen que ley anti ONG los deje sin acceso a justicia
Los deudos se organizarán para marchar en Lima. Creen que el gobierno quiere imponer impunidad por muertes durante el 2023
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En el local de la asociación de víctimas del 9 de enero hay preocupación por la ley anti ONG. Los familiares de quienes perdieron a sus seres queridos en enero de 2023, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, temen que la muerte de sus parientes quede impune.
"Dina Boluarte no quiere que alcancemos justicia" advirtió Raúl Samillán, presidente de la asociación.
La organización que dirige Samillán denunció a Dina Boluarte y a varios ministros por la brutal represión que le costó la vida a 18 personas en un solo día en la ciudad de Juliaca. Sin embargo, no son los únicos asesinados en mano de las Fuerzas Armadas. En Carabaya, fueron victimados a balazos dos ronderos; en Ilave, un aymara perdió la vida por impacto de bala policial; y seis soldados murieron ahogados por negligencia de sus superiores al cruzar el río Ilave.
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Sin recursos
El 100 % de los deudos son personas en pobreza, sin empleo fijo, y la mayoría vive de la agricultura o el comercio local. Actualmente, están patrocinados por los abogados Cesar Quispe Calsín y Wilmer Quiroz Calli. Las diligencias de investigación duran, como mínimo, cinco horas por sesión. Las audiencias son extenuantes. Se necesita más abogados y, por consiguiente, más recursos.
La defensa colegiada proyectaba convertirse en un Organismo No Gubernamental. Con los últimos ajustes a la ley, hay menos posibilidades de captar recursos de cooperación internacional si es que el Estado no lo aprueba.
"Con esta ley impulsada por los fujimoristas ahora la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), va decidir si se aprueba algún proyecto en materia de derechos humanos. Es más, no vamos a poder demandar al Estado para que se haga cargo de las víctimas por distintas modalidades de reparación. Prácticamente no estamos en igualdad de armas para defendernos. Quieren impunidad absoluta. Nos quieren dejar sin defensa. Nos quieren atados de pies y manos para que no haya justicia" dijo Samillán.
Si los deudos tendrían que afrontar el proceso por su cuenta, cada audiencia les costaría un promedio de S/1000. La mayoría no está en condiciones de afrontar ese monto.
"No entendemos qué es lo que quieren. A mi hija la mataron y ahora parece que quieren impunidad total. Nos quieren dejar sin defensa, sin ningún tipo de apoyo. Eso no es justicia. Se supone que cada persona es libre de tener un abogado de elección o el abogado que desee. Entonces no entendemos por qué quiere privarnos de tener defensa de la forma que nosotros elijamos. Eso es demasiado abuso" cuestionó Dominga Ancco, madre de Yamilet Nataly Aroquipa Ancco (17), quien murió durante las manifestaciones en el aeropuerto de Juliaca.
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Marcha a Lima
La ley anti ONG ha generado preocupación entre los deudos, pero, a la vez, los ha unido aún más.
La ley aprobada por el Congreso con 82 votos y exonerada de una segunda votación buscará ser impugnada por ser anticonstitucional. Los familiares brindarán todo su apoyo en las calles, mientras recurren al Tribunal Constitucional.
"Nos vamos a organizar y vamos a ir a Lima. Está en riesgo la elección de elegir defensa libre. Prácticamente nos están limitando nuestro derecho de acceder a la justicia. Vamos a regresar a Lima en protesta. Todo esto reafirma que sólo los que tienen dinero obtienen justicia. Otra mentira más de este gobierno" agregó Samillán.
Las acciones que adopten las víctimas del gobierno tendrán respaldo de los gremios de Puno.
Lucio Callo Callata, del Comite Nacional de lucha base Puno, sostuvo que lo que está en juego es la lucha por el poder desde el Parlamento en alianza con el Ejecutivo.
"Estos políticos de derecha son bien hipócritas. Durante años se han pasado vendiendo la idea de libertad en todo sentido, pero cuando las organizaciones civiles exigen justicia apelan a la modificación de la ley para atarnos de pies y manos. Prácticamente es una dictadura, pero al amparo de la ley. Eso quiere decir que han instrumentalizado el poder, no para fortalecer la separación de poderes, sino para su propio beneficio. Respaldamos a los familiares de las víctimas. Les vamos a dar nuestro respaldo. Dina Boluarte tiene que terminar en la cárcel”, mencionó.
El Consejo de Autoridades Originarias de Puno se pronunció y propuso que se tomen acciones desde ahora. La propuesta es que los candidatos a diputados y senadores se comprometan a derogar las leyes aprobadas por el actual parlamento.
"Saldremos a las calles. Pero también el nuevo Congreso tiene que dejar sin efecto todas las normas que aprobó el actual pacto. Esta ley Anti ONG es perjudicial al igual que otras normas aprobadas y todas deben quedar sin efecto" finalizó el dirigente Rubén Apaza Añamuro.
