Urge un replanteo de las estrategias contra los secuestros y extorsiones
Las estructuras de seguridad se encuentran sobrepasadas y corrompidas. Los plagios de Lilian Vega y de una menor de 17 años que terminó asesinada demuestran el devastador impacto físico y psicológico que estos crímenes tienen en los peruanos.
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La cuenta regresiva empieza, apenas una persona es secuestrada. Es decir, la del tiempo que resta hasta que los captores liberen a la víctima, la de los infinitos minutos de angustia para una familia y la de noches de insomnio para los policías que deben resolver el caso.
Históricamente, la Policía Nacional siempre eligió el camino de acortar plazos, intervenir teléfonos, escuchar en tiempo real las conversaciones, y buscar oportunidades para moverse mientras la víctima aún está cautiva. Esto como ocurrió, por ejemplo, con Mariana Farkas o Kyoung Kim Hee (18), el hijo de un empresario coreano de Gamarra.
En los últimos años, esto cambió. Los investigadores se dieron cuenta de que parte de la explosión de secuestros y extorsiones se debe en gran medida a la aparición de bandas extranjeras o mixtas como la que acaba de ser desbaratada tras el rescate de la empresaria Lilian Vega Carrasco.
La Dirincri registró 22 secuestros típicos en 2023, 27 en 2024 y tres casos en lo que va del presente año, dos de los cuales terminaron en asesinatos. Sin embargo, al considerar todas las modalidades de este delito, el Ministerio Público ha recibido, en los últimos nueve años, 24,918 denuncias a nivel nacional.
"Los delincuentes que llegaron del exterior se dieron cuenta de que podían secuestrar y cobrar sin que le tocaran un pelo. Eso alentó a que más y más bandas como Los Injertos del Cono Norte salieran a cometer secuestros", aseguran los agentes de la Dirincri.
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Ahora la Policía habría tomado la decisión de salir a intervenir a la primera oportunidad, como parece haber ocurrido en el caso de Lilian.
“Tienes que ir a ganar”, dice el coronel retirado, Jorge Mejía. “Es decir, intervenir en el momento correcto y lograr el objetivo antes de que los custodios adviertan que algo falló. El tiempo vuela”, agrega. No sucedió eso con Leydi P.G., la jovencita de 17 años secuestrada y asesinada en Pasco.
Hoy, la inseguridad constituye uno de los grandes problemas de Perú y se manifiesta diariamente en una creciente violencia, concentrada en Lima Metropolitana y otras ciudades importantes del país como La Libertad, Callao, Arequipa, Ica.
Cambios de estrategia
Los expertos consideran que, aunque no puede hablarse de un ‘Estado fallido’, las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia se encuentran en muchos casos sobrepasadas y corrompidas, y es necesario encarar prontamente su reforma si se quiere enfrentar el problema.
El viernes, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, expresó la idea de declarar en emergencia a la PNP.
"Como ministro del despacho del Interior, debo manifestar que estoy absolutamente de acuerdo. La Policía Nacional del Perú necesita ser declarada en emergencia y necesita ser declarada en emergencia no solamente para equiparla, sino también para la compra de más vehículos, más equipos de protección, más armas, el mejoramiento de infraestructura y el fortalecimiento de los recursos humanos", indicó en el Congreso de la República.
Exministros del Interior, como Rubén Vargas y Avelino Guillén, coinciden en que nuestro en país algunas de sus instituciones sí han fracasado. Básicamente, las encargadas de la seguridad pública y del combate contra el crimen organizado y la delincuencia común.
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El último recurso de un Estado ante una situación de esta gravedad, recurrir a las fuerzas militares, ya comenzó a llevarse a la práctica con los estados de emergencia que no sirvieron de mucho.
“Para trabajar de manera seria con la inteligencia policial contra el crimen organizado, tiene que haber una decisión política. Este Gobierno, no solamente no tiene esa decisión política, sino que ha claudicado en su responsabilidad de enfrentar al crimen organizado”, dice Vargas.
“La lucha contra el delito no es de exclusiva responsabilidad de la Policía, y se debe emplazar también al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia y a la sociedad”, sostiene Guillén.
Sin embargo, los casos de estos delitos tan usuales -como el secuestro y la extorsión- han aumentado de forma alarmante en los últimos años. La historia de Lilian Vega Carrasco, liberada tras permanecer seis días cautiva, demuestra el devastador impacto físico y psicológico que estos crímenes tienen en los peruanos.
Dirigido desde el exterior
Esta semana se demostró que el secuestro de esta empresaria de abarrotes, interceptada el 19 de febrero en San Martín de Porres, habría sido dirigido por un presunto delincuente venezolano desde Colombia.
La policía ‘rastreo’ que las negociaciones fueron realizadas desde ese país desde el celular +573151851233.
Los agentes antisecuestros manifiestan que otro venezolano, Jhetson Alfonzo Herrera Retaco (28), huyó con parte del botín cobrado por el rescate. La familia habría depositado 85 mil soles de los 2 millones de soles que exigían inicialmente.
El Perú, la banda criminal La Cota 905 tenía cinco cuentas bancarias abiertas en el BCP para ese fin. Estaban a nombres de los peruanos Evelyn Karina Chávez Balcázar, Edwin Chávez Picón e Isabel Yanina Agurto Obispo, y de los venezolanos Ángel Custodio Ramos Colmenares y del propio Jhetson Herrera.
De acuerdo a las autoridades, los ejecutores del secuestro fueron los peruanos Rolly Dennis Torres Quispe Torres y Alexis Antoni Mendoza Quispe, mientras que los responsables de vigilar y alimentar a la víctima eran Jeimer Jesús Hernández Pinedos y Antoni José Gonzales Rojas.
La red estaba integrada también por los venezolanos Neybar Aurelio Díaz Andrade, Roxaida Herrera Ruiz, Mildred Ruiz Figuera, Yoely del Valle Maraguacare y Evehiannys Sharay Millan Gil.
