CNDDHH: 26 intervenidos por Dircote de confederaciones campesinas saldrán en libertad esta noche
Diligencias de la PNP se realizaron también en local de Nuevo Perú, casi simultáneamente al inicio de la conferencia de prensa de la presidenta Dina Boluarte. Ciudadanos son de Cajamarca, Ayacucho, Cusco y Apurímac.
Tras la retención de 26 ciudadanos de la Confederación de Comunidades Campesinas del Perú durante las diligencias en su infraestructura y el local del partido político Nuevo Perú (Breña, Lima) esta mañana por parte de la Dirección Contra el Terrorismo de la PNP (Dircote), Mar Perez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), informó que estas personas intervenidas iban a ser liberadas.
“Todos van a salir en libertad. Están pasando reconocimiento médico y ya salen. Es inminente su salida”, enfatizó la representante de la CNDDHH.
No obstante, tendrán que acudir a rendir su manifestación “las veces que se requiera”, tal como lo precisa la citación N.º 16-2022-Dircote PNP/Divitm-Depitm-Sur difundida por Epicentro TV, a través de Twitter. Los detenidos serán liberados esta misma noche, destacó el portal periodístico.
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Según reportes de la PNP, en el marco del estado de emergencia, al interior de los locales se halló hondas, machetes, pancartas y publicidad alusiva a las manifestaciones que se dan en diversas regiones del Perú, convulsión social que explosionó tras el intento golpista del expresidente Pedro Castillo y su posterior vacancia y detención.
Las diligencias de la Policía Nacional del Perú se realizaron casi simultáneamente al inicio de la conferencia de prensa de la presidenta Dina Boluarte. Los 26 ciudadanos intervenidos son provenientes de Cajamarca, Ayacucho, Cusco y Apurímac.
León, secretario general de Nuevo Perú denunció el 'sembramiento' de armas. Foto: Paolo Zegarra/URPI-LR
Por la tarde, a través de Twitter, la parlamentaria Sigrid Bazán, de Cambio Democrático, rechazó el accionar de la PNP y enfatizó que “un estado de emergencia no suspende las garantías procesales”.
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“Sobre intervenciones a los locales del NP y CCP, el estado de emergencia no suspende las garantías procesales: es un estándar internacional y reconocido por nuestro ordenamiento jurídico. Esta intervención ha sido arbitraria y desproporcional: no había presencia de fiscal, no hay orden de detención, detenidos no cuentan con un abogado defensor o traductor que pueda comunicarles qué está ocurriendo. Es una vulneración a sus derechos como ciudadanos”, protestó Bazán.
Por su parte, la congresista Ruth Luque aseguró que “no es cierto que la ‘intervención’ fue con @FiscalíaPerú”. “Yo estuve aquí y fui impedida de ingresar. Luego de las denuncias, ingrese; y, posterior a mi visita, llegó el Fiscal de DD. HH. Y luego se hizo presente fiscal contra terrorismo”, afirmó.
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Diligencias se dieron sin la presencia de un fiscal. Foto: Paolo Zegarra/URPI-LR
Asimismo, la legisladora indicó que en la instalación intervenida había “22 personas quechuahablantes mayoritariamente”. “PNP pretende atribuir a toda costa que estos objetos son para un delito o, peor aún, generar una hipótesis de terrorismo. Invoco a la @CIDH su pronta visita a Perú, pues este Gobierno está violando derechos. No hay garantías”, finalizó.
Si bien en el estado de emergencia se restringen los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales; no se suspende bajo ningún caso el ejercicio de los recursos y garantías constitucionales, tales como el habeas corpus o un proceso de amparo.
