Política

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evalúa a 'puertas cerradas' la denuncia contra Dina Boluarte por el Caso Rolex

Dina Boluarte pidió que la audiencia sobre la denuncia constitucional en su contra por el caso de los relojes y joyas presuntamente recibidos de Wilfredo Oscorima se mantuviera en reserva.

La sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, sobre la presidenta Dina Boluarte, duró solo once minutos antes de hacerse reservada. | Composición: Ariana Espinoza/ La República.
La sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, sobre la presidenta Dina Boluarte, duró solo once minutos antes de hacerse reservada. | Composición: Ariana Espinoza/ La República.

Solo once minutos fueron públicos en la sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, programada para el martes 11 de marzo y donde se debía escuchar la declaración de la presidenta Dina Boluarte por la denuncia constitucional en su contra por el caso Rolex. Sin embargo, la audiencia pasó rápidamente a ser reservada, en cumplimiento de un pedido expreso de la mandataria.

Al iniciar la audiencia de la denuncia constitucional contra Boluarte, se procedió a tomarse la asistencia, confirmaron en total 17 congresistas presentes. Inmediatamente, a la sala Miguel Grau del Congreso ingresaron el fiscal adjunto provisional Wilfredo Mendoza, representante del Ministerio Público, y la defensa de la presidenta Dina Boluarte - dos abogados, entre ellos Juan Carlos Portugal-, quienes se encargaron de expresar el pedido de la jefa de Estado de que la sesión sea reservada.

"En el proceso seguido ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y conforme al artículo 89, apartado 4, del reglamento del Congreso, (…) insto a que la audiencia se realice de manera reservada, en ejercicio de la potestad otorgada por la norma citada", señalaba el pedido firmado por Dina Boluarte y dirigido a la presidenta de la comisión, la congresista María Acuña (APP).

Acto seguido, Acuña ordenó la desconexión de la transmisión en vivo y el retiro inmediato de quienes no estuvieran debidamente juramentados. Un detalle no menor captó la atención en ese momento: tras la decisión de la presidenta de la subcomisión, el abogado Portugal hizo un gesto a su colega defensor de Boluarte, un guiño que fue interpretado como una muestra de complicidad sobre el éxito del pedido de Dina Boluarte para que lo que se debata de manera privada no sea de conocimiento público y lejos del alcance de la prensa.

El cambio de la audiencia a sesión reservada sin consultar a los congresistas presentes generó críticas. Sin embargo, la presidenta de la Subcomisión justificó a La República la decisión, y señaló que "no hubo una votación porque el reglamento permite que se realice sin previa consulta".

"Hoy se trató de una audiencia técnica en el marco de la investigación contra la presidenta Dina Boluarte. La sesión recoge las versiones de los implicados", declaró María Acuña. Además, indicó que la congresista delegada Nilza Chacón solicitará una nueva citación a Boluarte para recoger sus descargos. "Aún no hay fecha definida, pero por pedido de la congresista se deberá citar nuevamente a la presidenta", precisó.

Dina Boluarte: ¿De qué trata la denuncia constitucional?

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evalúa la denuncia constitucional 492, presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena contra la presidenta Dina Boluarte, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio. La investigación señala que la mandataria habría recibido tres relojes Rolex, un par de aretes de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes como obsequios del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, con el fin de obtener favores a su beneficio.

Según la tesis fiscal, la compra de estos lujosos artículos por parte de Oscorima coincidió con las visitas que realizó a Boluarte en Palacio de Gobierno. Posteriormente, el Ejecutivo emitió decretos de urgencia y decretos supremos que aprobaron millonarias transferencias de recursos a favor del Gobierno Regional de Ayacucho, lo que refuerza la sospecha de un posible intercambio de favores entre ambas autoridades.