Congreso buscará consolidar su poder en nueva legislatura
No hay excusas. La segunda legislatura comienza este mes con temas pendientes de ser discutidos en el Pleno: las reglas electorales, la ley sobre detención preliminar, el pedido de censura contra el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, las acusaciones constitucionales contra los detractores del Parlamento, la investigación sobre el acuerdo con Odebrecht y el caso sobre la presunta red de prostitución.
A partir de la próxima semana, comienza la segunda legislatura del Congreso. No hay excusas para que esta institución dilate el debate de las mociones de censura, el pedido de facultades para investigar la presunta red de prostitución y las leyes contra la criminalidad. El problema es que la coalición que gobierna el Parlamento tiene su propia agenda, marcada por agilizar sus contrarreformas, concretar blindajes y acelerar acusaciones constitucionales contra sus detractores.
Las reglas electorales contra el tiempo
Primero, el Congreso tiene este mes para aprobar las reglas electorales que regirán en las elecciones del 2026. El 12 de abril es el último día para que la presidenta Dina Boluarte convoque al proceso de comicios generales. Solo las leyes que sean promulgadas hasta esa fecha, serán aplicadas en esa contienda.
Una propuesta de ley de Podemos Perú ha despertado el interés de distintos flancos. La agrupación de José Luna Gálvez propuso una ley para que las fórmulas presidenciales tengan un candidato invitado. Actualmente es obligatorio que un aspirante a ese cargo, sea militante de una organización política.
El proyecto, además, dice que estos candidatos invitados serán designados por los partidos políticos en base a lo que señalen sus estatutos. En el caso de Podemos Perú, es el fundador Luna quien tiene la última palabra.
La iniciativa generó controversia debido a que el Poder Judicial (PJ) declaró ilegal el partido Alianza Nacional de los Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), dejando sin agrupación al líder etnocacerista Antauro Humala. Pero con la iniciativa de Podemos, se abre la opción a que Humala postule como invitado en cualquier otra organización.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, en una entrevista en RPP, evitó opinar sobre este proyecto. Básicamente adelantó que acatará lo que apruebe el Congreso.
A la propuesta de Podemos, se han sumado otras pretensiones de cambiar las reglas electorales. Acción Popular pide ampliar a 10% del total de electores, el número de firmas de adherentes necesarios para inscribir una organización política. Mientras que Somos Perú presentó un proyecto de reelección de alcaldes y gobernadores.
Cabe precisar que el próximo año, además de elecciones presidenciales y congresales, habrá, meses después, comicios regionales y municipales.
Los dictámenes de las iniciativas referidas a reglas electorales serán elaboradas por la Comisión de Constitución del Congreso, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi.
Ley urgente y contrarreforma judicial
Mientras el calendario electoral apura al Legislativo, también la crisis de inseguridad requiere que esta institución actúe con premura en leyes contra la criminalidad. El receso parlamentario fue la excusa perfecta para que los aliados de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Perú Libre y Avanza País, no apoyen la convocatoria a un pleno extraordinario para aprobar la ley que restituye la detención preliminar, sin necesidad de que haya flagrancia.
En diciembre, el Congreso había corregido la ley que impide la detención preliminar en casos de no flagrancia y aprobó una nueva norma.
El gobierno de Dina Boluarte se demoró en promulgarla y reciém el último día envió sus observaciones contra la norma. Finalmente La Comisión de Justicia, que preside el perulibrista Isaac Mita, resolvió insistir con el mismo texto, sin tomar en cuenta las objeciones del Ejecutivo.
El dictamen está listo para ser discutido en el hemiciclo desde hace dos semanas, pero el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, apeló a que primero los grupos parlamentarios deben juntar 78 firmas para pedir la convocatoria de un pleno extraordinario.
La coalición que gobierna, el Parlamento, sin embargo, no se sumó a esa solicitud. Como no hubo las rúbricas suficientes, esa opción quedó en el aire. Pero con el inicio de la legislatura, la Junta de Portavoces del Congreso no tiene excusas para poner ese tema en la agenda del Pleno.
Dilataron debate de la censura de Salhuana
El temor de la Mesa Directiva de convocar a una sesión extraordinaria del Pleno es que otros temas se incluyan en la agenda, como la censura contra Salhuana.
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El 9 de enero, la bancada de Honor y Democracia presentó una moción de censura contra Salhuana. El documento fue suscrito por 21 parlamentarios. La razón de esta solicitud se debió a que Salhuana viajó a China, en medio del escándalo que atraviesa el Congreso por la presunta red de prostitución que habría operado en dicha institución.
La moción tampoco fue discutida en el hemiciclo, debido a que la Mesa Directiva apeló a que era necesario que los congresistas junten 78 firmas para convocar a una sesión extraordinaria.
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Con el inicio de la segunda legislatura, este tema deberá ser puesto en agenda.
El caso de la presunta red de prostitución no es un capítulo cerrado. La Comisión de Fiscalización, que preside el congresista Juan Burgos, busca que le otorguen facultades de comisión investigadora.
Esa decisión también depende del Pleno. Aunque el panorama no es prometedor. Antes, la misma comisión solicitó facultades para investigar a Boluarte por el caso del cofre presidencial, pero el pedido fue rechazado en el hemiciclo.
No hay los votos para aprobar la censura de Salhuana, por ahora. Y tampoco los hay para dar luz verde a las facultades que requiere la Comisión de Fiscalización. Tampoco hay consenso para censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. La congresista Susel Paredes impulsa una moción para destituirlo. Al cierre de esta nota, tenía 32 firmas. Le faltaba una para formalmente presentarla.
Cacería en marcha
El Congreso dilata debates claves sobre el control político a altos fucionarios, pero dependiendo quién sea la persona en la mira. Pero cuando se trata de sus detractores, no existe el receso parlamentario.
Prueba de eso es que la Comisión Permanente avanzó las acusaciones constitucionales contra los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, y los exministros Salvador del Solar, José Elice y Rubén Vargas.
La semana pasada, la Comisión Permanente aprobó acusar a Vizcarra por presunta organización criminal en el caso Vacunagate e inhabilitar 10 años de la función pública a Sagasti, Élice y Vargas por los pases al retiro de un grupo de generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en noviembre del 2020.
Ambos casos deberán ser votados en el Pleno. A eso se suma que el Congreso tiene pendiente deliberar la propuesta de inhabilitación de 10 años a Vizcarra y 5 años al exministro Salvador del Solar por el cierre del Parlamento en 2019.
Este juicio político todavía no es votado en la Comisión Permanente, pero es cuestión de tiempo para que sea aprobado en esa instancia y pase al Pleno.
Son los temas que están en juego, además de una agenda antifinanciamiento de organizaciones no gubernamentales que viene promoviendo el fujicerronismo y sus aliados (ver despiece), desde la aprobación de leyes contra las ONG y la creación de comisiones para investigar el financiamiento extranjero.
