Congresistas investigados son coautores de leyes que debilitan sistema judicial y lucha contra el crimen

Congresistas con investigaciones en su contra firmaron como coautores diversos proyectos de ley que representan un retroceso para el sistema judicial, en materia de lucha contra la delincuencia y las organizaciones criminales, y que limitan la labor de la prensa ante casos controversiales.

Mordaza camuflada

La Ley 32182 toma en cuenta la propuesta legislativa 8507 del congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante.

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Dicha norma considera como faltas muy graves y causal de prevaricato que un fiscal dis ponga la liberación de personas detenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP), que hayan cometido delitos cuya pena su pera los cinco años.

También considera falta muy grave que se proporcione información reservada que forme parte de la indagación. Así se castiga a quienes filtren documentos a la prensa sobre las indagaciones que pesan contra altos funcionarios de este Gobierno y el Legislativo.

Entre los parlamentarios que suscribieron aquella iniciativa están Miguel Ciccia y Cheryl Trigozo, ambos de Renovación Popular, y Jorge Zeballos, de Honor y Democracia.

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Zeballos es investigado por presunto peculado debido a que es señalado de haber viajado a Trujillo con recursos públicos supuestamente para participar en el cumpleaños de su colega de Renovación Popular Diego Bazán.

Trigozo es indagada por presunto peculado tras un reportaje periodístico que reveló que habría utilizado al trabajador de su despacho Leifer Carrión como mánager de la agrupación Sonido 2000, donde la legisladora es vocalista.

A Ciccia le abrieron una investigación por presunto tráfico de influencias debido a supuestas reuniones en la Sunat a favor de una empresa familiar. La República intentó abordar al congresista sobre el estado de este caso, pero no hubo respuesta al cierre de esta nota.

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Empodera a la PNP

La Ley 32130, que le recorta facultades al Ministerio Público para encargarle a la Policía Nacional del Perú (PNP) la investigación preliminar de delitos, fue promovida por el fujimorismo.

El autor principal de uno de los proyectos que impulsó esa ley es el congresista naranja Fernando Rospigliosi y entre los coautores están los legisladores de Renovación Popular, Patricia Chirinos, Diego Bazán y Jessica Córdova; de Avanza País, Rosselli Amuruz; y de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán y Martha Moyano.

Chirinos es investigada por presunto peculado porque supuestamente habría usado recursos públicos para viajar a participar en el cumpleaños de su colega Bazán, en Trujillo, y por sus presuntos nexos con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

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Su colega Barbarán tiene una indagación en contra por presunto peculado debido a que compró pasajes con recursos públicos para supuestamente ir al agasajo a Bazán.

Bazán es requerido por pre sunto peculado debido a que a su reunión de cumpleaños en Trujillo habrían viajado sus colegas con recursos públicos.

Moyano también es investigada en el caso de la exfiscal Patricia Benavides.

Amuruz está siendo indagada por presunta negociación incompatible debido a que el Congreso contrató a personas vinculadas a su pareja, el excongresista Paul García.

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Córdova es investigada por presunto peculado por presuntamente haber utilizado los servicios de la coordinadora parlamentaria Shirley Martínez Paredes para que realice funciones de asesora en la empresa LOT International, que pertenece a su novio.

Impunidad y prescripción

El fujimorismo también impulsó la Ley 32107 para la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002. El autor de la iniciativa fue Rospigliosi. Entre los coautores de esta propuesta figuran Ciccia, Zeballos y Barbarán.

Otra contrarreforma es la Ley 31751, que reduce a un año la suspensión de la prescripción de delitos.

Una de las propuestas legislativas que dieron origen a esta norma fue presentada por el congresista de Perú Libre Flavio Cruz. Su iniciativa tiene como coautores a sus colegas de bancada Waldemar Cerrón y Kelly Portalatino y Jorge Flores, y José Arriola, de Podemos Perú.

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Cerrón es investigado por presunta obstrucción a la justicia, Portalatino por supuesto encubrimiento personal.

Flores y Arriola son investigados por presunto recorte de sueldo.

El Ministerio Público consideró que la Ley 31751 impide la persecución de delitos graves.

Sin embargo, Perú Libre no se quedó de brazos cruzados. El congresista Cruz presentó otro proyecto para obligar a los jueces a aplicarla. Y los firmantes de su iniciativa fueron Cerrón, Portalatino y María Agüero. Esta última es investigada por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.

El cerronismo también impulsó un proyecto legislativo que dio origen a la Ley 32108, que redefine el crimen organizado. El autor principal de la iniciativa fue Cerrón. La propuesta fue suscrita por Portalatino y Agüero.

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Demora conveniente

La norma que más ha generado controversia esta semana es la que limita la detención preliminar. Los delincuentes solo podrán ser capturados en flagrancia.

En diciembre, el Congreso corrigió el error y aprobó una nueva ley. Sin embargo, el Gobierno de Dina Boluarte demoró su promulgación y antes del último día de vencer el plazo la observó.

Ahora esta ley debe ser debatida de nuevo. El problema es que el Congreso se encuentra de receso y no hay ánimos para convocar a un pleno extraordinario hasta marzo.

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Contrarreforma de la vicepresidenta de la JNJ

El Congreso también aprobó la ley que reduce el plazo de los procesos de colaboración eficaz. Se trata de una iniciativa presentada por la excongresista de Podemos Perú María Teresa Cabrera, actual vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El Parlamento tomó de referencia ese proyecto y le dio luz verde. El Ministerio Público cuestionó la norma.

En diciembre pasado, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley que delega a la PNP la dirección de las investigaciones preliminares y la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad. Ambas normas interfieren con la labor del Ministerio Público.