Santiváñez canceló compra de 3.164 chalecos antibalas para la PNP cuando más se necesitan
Dejó sin efecto el contrato por S/6.2 millones porque autoridades fiscalizadoras de contrataciones del Estado encontraron una serie de anomalías durante el proceso de selección y adjudicación.
“Hemos priorizado la adquisición de equipamiento esencial para mejorar la capacidad operativa y respuesta inmediata ante los crecientes desafíos de la seguridad ciudadana”, aseguró el ministro Juan Santiváñez ante el Congreso: “Durante esta gestión se han promovido inversiones que superan los S/580 millones, destinadas adquirir y mejorar el equipamiento de la PNP”. Pero los hechos no encajan con el discurso del titular del Mininter que pretende proyectar una inexistente exitosa gestión.
El 13 de marzo de este año, el propio Santiváñez tuvo que declarar nula la compra de 3.164 chalecos antibalas, por un costo de S/6.2 millones, debido a las anomalías detectadas durante el proceso de selección.
Desde que el 27 de mayo de 2024, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) convocó a licitación pública, hasta el 13 de marzo de este año en que Santiváñez dejó sin efecto el contrato, transcurrieron 10 meses. Como resultado, la Policía Nacional no cuenta con los chalecos antibalas que, en el contexto del enfrentamiento a las organizaciones criminales, son de vital importancia.
En realidad, Santiváñez fue obligado por el Tribunal de Contrataciones del Estado a anular la adjudicación a favor del Consorcio Blindados (Giramsa de México y Representaciones Militares del Perú), el 19 de noviembre de 2024. Así que el Mininter tuvo que otorgar el contrato al Consorcio Armory Onix (Armory Supply y Onyx Protective Group), el 26 de diciembre de 2024. Pero por disposición del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), que recibió una denuncia de que el consorcio presentó “documentación inexacta”, Santiváñez anuló el acuerdo comercial. El ministro jamás mencionó este hecho.
El 13 de marzo canceló la compra porque se detectaron irregularidades durante el proceso. Foto: difusión
No es el único caso
El ministro del Interior también se refirió como si fuera un hecho la compra de “un avión multipropósito por un monto de S/ 252.7 millones cuya contratación está en proceso”. Otra discutible afirmación del ministro.
El 24 de febrero de este año, la Contraloría emitió un informe alertando la posibilidad de que no se cumpliera con la adquisición de la aeronave, porque detectó que se había escogido un modelo con información desactualizada sobre las especificaciones técnicas del aparato que la Policía Nacional requiere.
“(El proceso de compra del avión), a febrero de 2025, tiene registrado documentos (con información) equivalente a las especificaciones técnicas, con una antigüedad mayor a un año, fuera de vigencia o desactualizada”, señaló la Contraloría.
“(Esta situación) genera el riesgo de que la adquisición de la aeronave resulte obsoleta respecto a sus componentes”, advirtió la entidad.
Sin embargo, sospechosamente, el Mininter pretende forzar la compra del modelo E190-E2, que ha ofertado la compañía brasileña Embraer por US$64.9 millones. El diseño de esta aeronave corresponde a una unidad de transporte de pasajeros para vuelos regionales, y no multipropósito. como necesita la PNP.
Este es el avión brasileño E190-E2 de Embraer que según la Contraloría responde a criterios técnico no actualizados. Foto: difusión
Similar situación enfrenta la compra de 56 vehículos blindados 4x4 multipropósito y 46 motobombas (rochabuses) por US$51.9 millones. El 18 de febrero de este año, fue nombrado el quinto comité de selección, ya que el anterior, durante la gestión de Santiváñez, incumplió con la adquisición que tenía como plazo diciembre de 2024.
Hay un una característica en estos casos: se pretende otorgar la buena pro a empresas cuyas ofertas no califican.
También está el caso de la adquisición de 7.000 fusiles Arad 5 por S/75 millones a la Fábrica de Armas y Municiones (FAME), pese a que la Contraloría ha reportado que los funcionarios de esta empresa estatal han favorecido a la compañía Industrias de Armas de Israel (IWI). IWI es la productora de los Arad 5.
A estos casos se suma la compra de 1.007 pistolas de puño por más de S/3 millones. En las bases de la licitación se ha retirado como especificación técnica que el arma cuente con el mecanismo de seguridad llamado desamartillado (decocking). Según los especialistas consultados, este cambio sería para favorecer a algunos postores.
