Caso Qali Warma: no se encuentran culpables por intoxicación de 23 niños en colegio de Puno
Amenaza de impunidad. En un último informe de la fiscal puneña encargada del caso, Beatriz Cahuari Durand, luego de dos ampliaciones del plazo indagatorio -que ha concluido en febrero último, señala que no ha hallado suficiente evidencia para identificar a los responsables del grave caso que afecta la salud de los escolares de Cabana.
A pocos días de cumplirse un año de la intoxicación de 23 niños de un colegio de Cabana, Puno, luego de consumir un desayuno preparado con productos del programa de alimentación escolar Qali Warma (ahora Wasi Mikuna), la fiscal del caso, Beatriz Cahuari Durand, emitió un informe en el que concluye que no ha logrado identificar a los responsables.
Los hechos se registraron el 25 de marzo de 2024, cuando los escolares presentaron cuadros de fiebre, vómitos y dolores estomacales, después de comer arroz chaufa elaborado con conservas de pollo “Don Simón”, fabricadas por Peruvian Aliment Company SAC, una empresa de fachada de Nilo Burga Malca, dueño también de Frigoinca.
Pese a los testimonios de los estudiantes del colegio Gamaliel Churata, las declaraciones de las madres de familia, y las historias clínicas de los afectados, la fiscal Beatriz Cahuari considera que no ha encontrado pruebas suficientes para determinar las responsabilidades por lo sucedido.
“No se ha logrado aún obtener algunos elementos de convicción consistente en el resultado del análisis de las Historias Clínicas de los menores agraviados del colegio Gamaniel Churata, que debe estar plasmado en el Certificado Médico Legal a cargo de los peritos de la División Médico Legal de Puno, lo que se requiere para conocer el grado de afectación en la salud física de los agraviados”, señala la fiscal Beatriz Cahuari, de la jurisdicción de Juliaca.
El informe de Ronald Loza que “limpia” a Frigoinca, empresa que sobornó a este funcionario. Abajo, la resolución fiscal que concluye que todavía no encuentra responsables. Foto: La República
Nada por aquí, nada por allá
“Así como se requiere contar con el resultado del análisis de las conservas de carne de pollo (…). Por ende, habiendo vencido el plazo de investigación, debe procederse a disponer la reserva provisional de la presente investigación, a fin de que se pueda establecer la vinculación de la responsabilidad en las personas y/o personas jurídicas (empresas) que resulten responsables”, indica Cahuari en una disposición fiscal fechada del 21 de noviembre de 2024.
Esta fue la segunda vez que la fiscal Beatriz Cahuari decidió ampliar el plazo, que venció en febrero pasado, sin embargo, no se ha vuelto a pronunciar al respecto.
Cahuari mandó a decir a La República que no ofrecería declaraciones porque el caso se encontraba bajo reserva.
De acuerdo con el expediente del caso, la fiscal Cahuari ha incorporado el informe que presentó el director funcional de Higiene Alimentaria, de la Dirección Regional de Salud de Puno, Ronald Loza Machicao, sobre los resultados de las pruebas de laboratorio aplicadas a los alimentos que consumieron los niños de la escuela de Cabana. En el documento suscrito de Loza con fecha 15 de junio de 2024, aparece el reporte de los resultados de los análisis a la conserva “Don Simón” que hizo la empresa Mevalab Certificaciones e Inspecciones EIRL. El informe de Mevalab, del 6 de mayo de 2024, concluye que el pollo del lote que comieron los estudiantes puneños, es apto para su comercialización.
El reino de la coima
En un informe abiertamente exculpatorio, el funcionario Ronald Loza escribió: “De la toma de muestras representativas realizadas a una remesa del lote (…), del producto conserva de carne de pollo en agua y sal (…), fabricado por Peruvian Aliment Company SAC, la remesa del lote cumple con la prueba de esterilidad comercial “.
De manera que para el funcionario de la Dirección Regional de Salud de Puno, Ronald Loza, la causa de la intoxicación no fue por el consumo de “Don Simón”. Menos de 4 meses después, el 6 de octubre de 2024, una investigación del programa “Punto Final” de Latina, reveló que luego de la intoxicación de los 23 escolares de Cabana, la representante de Frigoinca, Noemí Alvarado Llanos, pagó sobornos a Ronald Loza para evadir responsabilidad.
El 12 de noviembre de 2024, la propia Noemí Alvarado, en declaraciones al dominical “Cuarto Poder”, reconoció que Frigoinca adulteraba el contenido de las conservas con aditivos y que lo mezclaba con carne de caballo.
Pero hay otro dato fundamental. El laboratorio Mevalab Certificaciones e Inspecciones EIRL, al que la Dirección Regional de Salud de Puno contrató para analizar las conservas de pollo “Don Simón”, también es cliente de Frigoinca.
De hecho, Frigoinca, que también es dueña de la Peruvian Aliment Company -la firma que fabricó las conservas que comieron los niños de Cabana-, pidió por su cuenta que evaluara supuestas muestras de la conserva “Don Simón” que se repartió en el colegio puneño.
Abogado de las víctimas afirma que la fiscal Beatriz Cahuari no les ha informado si va ampliar por tercera vez la investigación del caso. Foto: La República
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Señales de impunidad
El 6 de febrero de 2024 -muy poco antes de la intoxicación de Cabana-, a nombre del laboratorio Mevalab, el ingeniero Paul Burga Carmona, remitió a Frigoinca un informe indicando que su producto “Don Simón”, fabricado por Peruvian Aliment Company, era apto para la venta. Se refería a las latas del Lote 160124A, cuyo contenido de carne de pollo fue parte del arroz chaufa que enfermó a los 23 niños puneños, el 25 de marzo de 2024.
Por si fuera poco, el 9 de febrero de este año, “Punto Final” comprobó la estrecha vinculación entre Mevalab y Frigoinca. Uno de los fundadores del laboratorio, Alejandro Mendiola Chávez, fue grabado en una fiesta de Frigoinca bailando con Noemí Alvarado, testigo clave del caso. Alvarado era la que pagaba los sobornos de Frigoinca a Ronald Loza y otros funcionarios de la Diresa de Puno y Qali Warma, con autorización del dueño de la empresa, Nilo Burga Malca, y de su hijo el gerente, Michael Burga Farro.
No obstante los hechos descritos, la fiscal de Juliaca, Beatriz Cahuari Durand, afirma que no ha encontrado elementos de convicción que acrediten que los escolares de Cabana se enfermaran por consumir en el desayuno un chaufa con pollo enlatado “Don Simón”.
“Después de su último informe, nada nos ha comunicado la fiscal Cahuari. Parece que quiere archivar el caso. Todo indica que va camino a la impunidad”, señaló el abogado de las víctimas, César Quispe Calsín.
