Juez ordena seguir proceso contra empresa por fraude en compra de terreno de comuneros
Magistrado Cristoffer Chávez Parra rechazó recurso de nulidad que presentó Industrias Argüelles contra la demanda que le interpuso la comunidad campesina de Quipán (Canta), por haber adquirido 10.000 hectáreas mediante documentos falsos.
La comunidad campesina de Quipán (provincia de Canta, región Lima), obtuvo un fallo favorable en el proceso civil que sigue contra la empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales, con la finalidad de recuperar un terreno de 10.000 hectáreas que les fue despojado mediante un fraude.
El Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima Norte, a cargo del magistrado Cristoffer Chávez Parra, declaró improcedente la nulidad que interpuso Industrias Argüelles, contra la demanda de los comuneros de Quipán que interpuso contra la compañía de propiedad de Aniceto Argüelles Loayza y el expresidente de la comunidad, Abel Mosquera Ortíz.
Los demandantes acusan a Abel Mosquera Ortíz de haber organizado y ejecutado con Industrias Argüelles la venta fraudulenta de un predio de la comunidad por S/600.000, en 2017.
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Por la vía penal la comunidad ha logrado que Abel Mosquera reciba condena por usar documentos falsos para venderle la propiedad a Aniceto Argüelles Loayza, cuya defensa legal asegura que hizo la adquisición de buena fe.
Paralelamente, la comunidad campesina de Quipán inició acciones legales por la vía civil para la recuperación del predio vendido por Mosquera a Argüelles. El 28 de octubre de 2019, el proceso fue declarado saneado (sin vicios procesales) y continuó su curso.
Sin embargo, el 20 de junio de 2024, Industrias Argüelles presentó un pedido de nulidad, fuera del plazo establecido y sin sustentar los motivos, por lo que el juez Cristoffer Chávez Parra lo declaró improcedente.
De esta manera la comunidad campesina de Quipán continuará con los esfuerzos por la devolución del terreno vendido mediante un proceso ilegal a Industrias Argüelles por S/600.000, cuando su verdadero valor sería de S/10.2 millones. Lo que abonó la empresa representaría nada más que el 5,86% de la tasación que hizo la comunidad de Quipán.
El presidente de la comunidad de Quipán, Santiago Guardamino, quien recurrió al Poder Judicial para recuperar el terreno, fue asesinado por sicarios en 2024. Foto: difusión
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Nulidad sin fundamento
El juez Chávez desestimó el pedido de nulidad de Industrias Argüelles por carecer de fundamento: “Lo que (la empresa) pretende con la nulidad es impugnar la resolución de saneamiento que tiene la calidad de cosa juzgada, sin mayor argumento que sus afirmaciones, y no explica qué acto lo perjudicó o qué (es lo que) no pudo realizar en su defensa”, cuestionó el magistrado.
Lo que llamó la atención del juez Cristoffer Chávez es que la empresa Industrias Argüelles pretendía la nulidad varios años después de iniciado el mismo, y cuando todo está listo para la emisión de la resolución de pronunciamiento respecto a la demanda de los comuneros.
“(Industrias Argüelles) pudo haber solicitado la nulidad en su oportunidad, a través de los medios de defensa que le franquea la ley, lo cual no lo hizo, además de no haber acreditado estar perjudicado (…), por lo que deviene en improcedente la nulidad formulada (por la empresa)”, señaló el juez.
De esta manera, la comunidad de Quipán ha logrado dar un paso importante por recuperar el terreno que mediante una operación fraudulenta le fue vendido a Industrias Argüelles, una de las principales contratistas de recojo de basura en varios distritos de Lima.
La resolución judicial que rechaza la nulidad de la demanda que presentó la comunidad de Quipán contra Industrias Argüelles. Foto: difusión
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Un expediente violento
El presidente de la comunidad de Quipán, Santiago Guardamino Gonzáles, fue quien llevó adelante los procesos judiciales contra Industrias Argüelles. En la noche del primero de abril de 2024, cuando llegaba a su vivienda, fue asesinado en Carabayllo por dos sicarios.
Guardamino fue quien asumió las acciones judiciales en representación de Quipán contra el expresidente, Abel Mosquera Ortíz, y el empresario Aniceto Argüelles Loayza, quien adquirió el terreno.
La policía todavía no ha identificado a los autores materiales ni intelectuales del homicidio.
Según la resolución del juez Cristoffer Chávez, resulta extraño que la defensa de Aniceto Argüelles haya interpuesto una nulidad de la demanda contra la comunidad de Quipán 8 años después que esta fuera presentada, y luego de 6 años de que se saneara el proceso.
Fuentes relacionadas con la defensa de Industrias Argüelles manifestaron que la decisión del juez Christopher Chávez no es el final del proceso civil.
“No es un pronunciamiento sobre el fondo. Nótese que al final dice: debiéndose proseguir la causa según su estado. No ha terminado en sentencia el proceso. Es una mera resolución, que puede ser apelada por las partes”, dijeron las fuentes.
Industrias Argüelles indicó que no hará ninguna declaración hasta que el “Poder Judicial se pronuncie sobre el fondo de la controversia”.
