Dueño de "Mi Barrunto" investigado por red de lavado de activos: Fiscalía lo involucra con Andrés Hurtado
La Fiscalía de Lavado de Activos investiga a Luis Enrique Sánchez Aranda, dueño de "Mi Barrunto", y a Andrés Hurtado, conocido como "Chibolín", como cabecillas de una presunta organización criminal.
La Fiscalía de Lavado de Activos, encabezada por el fiscal Elías Pizarro, presentó un organigrama elaborado a partir de la investigación preliminar que se viene realizando contra Luis Enrique Sánchez Aranda, empresario y dueño del local gastronómico "Mi Barrunto". Según el documento, publicado por el periodista Alonso Zambrano, Sánchez Aranda, junto con Andrés Hurtado —conocido excomediante apodado "Chibolín" e implicado en diversas investigaciones por presunto tráfico de influencias—, lideraría una presunta red de lavado de activos.
La supuesta organización criminal habría estado compuesta por tres niveles. En el primer nivel, correspondiente a los cabecillas de la organización, figuran Andrés Hurtado y Luis Enrique Sánchez Aranda. A través de Sánchez Aranda, se habrían involucrado también sus hermanos César Augusto Sánchez Aranda y Jonathan Michael Sánchez Aranda. Así, los tres hermanos formarían parte de la organización criminal denominada "Clan Familiar Sánchez Aranda", según el documento de la Fiscalía. En el tercer nivel se ubican Itamar Orellana Menjívar, pareja del dueño de la cebichería, y Lizbeth María Cruz Purizaca, vinculada a Luis Enrique Sánchez Aranda; ambas habrían fungido como testaferras de la organización criminal, que habría perpetrado el lavado de activos a través de hasta cuatro razones sociales distintas, entre ellas la cebichería "Mi Barrunto".
Anteriormente, el semanario 'Hildebrandt en sus trece' informó que la Fiscalía determinó que, entre los años 2014 y 2017, se realizaron depósitos por un total de 3 millones 400.000 dólares, equivalentes a aproximadamente 12 millones de soles. Los montos habrían sido transferidos desde cuentas bancarias en Panamá hacia las cuentas personales de los hermanos Sánchez Aranda. Este desbalance financiero fue el indicio clave para iniciar una investigación sobre el origen de su patrimonio.
Organigrama presentado por la Fiscalía de Lavado de Activos | Créditos: Alonso Zambrano
Los nexos entre Andrés Hurtado 'Chibolín' y Luis Enrique Sánchez Aranda
Meses atrás, el programa Cuarto Poder sacó a la luz la compleja serie de transferencias de un Porsche Cayenne Turbo, vehículo que originalmente pertenecía al clan Sánchez Paredes antes de pasar por diversas manos hasta llegar a Andrés Hurtado, dueño de AH Entertainment Company S.A.C. En julio de 2023, Hurtado vendió el automóvil al ya mencionado dueño de la cebichería "Mi Barrunto", Luis Enrique Sánchez Aranda, por 30.000 dólares. No obstante, en noviembre del mismo año, Sánchez Aranda decidió devolverlo a Hurtado por el mismo monto. Desde entonces, el Porsche no ha sido transferido nuevamente.
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El historial del vehículo revela que en 2010 fue adquirido por Carlos Alberto Sánchez Alayo por 135 mil 340 dólares y que, dos años más tarde, lo vendió a su primo Orlando Sánchez Miranda por 105 mil dólares. Ambos pertenecen a la familia Sánchez Paredes, investigada por presuntos vínculos con el narcotráfico. Posteriormente, en 2014, el Porsche pasó a manos de Miguel Zegarra Macchiavello por 72.000 dólares, quien en 2020 lo vendió a la empresa de Andrés Hurtado por 100.000 soles. Finalmente, en 2023, el vehículo fue transferido a Sánchez Aranda por 30.000 dólares, completando así su larga cadena de propietarios.
El reportaje de Cuarto Poder reveló que tuvieron acceso a los registros fiscales de todos los dueños del Porsche, evidenciando que, a excepción de Hurtado, tanto los primos de la familia Sánchez Paredes como Zegarra y Sánchez Aranda han sido objeto de una investigación preliminar por posibles operaciones de conversión y transferencia de dinero ilícito. Además, la Fiscalía ha iniciado nuevas diligencias relacionadas con otros automóviles sospechosos, como un Volvo C70 del 2009 y una camioneta Cadillac Escalade, esta última registrada a nombre de un hombre de 80 años que niega conocer el vehículo, lo que ha generado sospechas sobre un posible esquema de lavado de activos.