Juan Carlos Portugal: "Concepción Carhuancho tiene objetivos políticos, y esos objetivos se convierten en víctimas de sus decisiones"
El abogado de Dina Boluarte compartió con La República sus impresiones alrededor del caso 'cofre', la prisión preventiva dictada contra Nicanor Boluarte y el rol del juez Concepción Carhuancho.
El abogado penalista Juan Carlos Portugal ha asumido la defensa de la presidenta Dina Boluarte frente a las acusaciones penales sobre ella. En entrevista con La República, compartió sus impresiones sobre la gestión de la mandataria, las sospechas generadas por el caso 'cofre', la situación de Nicanor Boluarte y el rol del juez Richard Concepción Carhuancho.
En una entrevista se le pidió calificar la gestión de Dina Boluarte y respondió que le daría un 20. ¿Sigue dando esa calificación a la gestión de la presidenta?
La pregunta que se me formuló no fue sobre la gestión (...), sino de cómo la califico yo. La califico y la califiqué con 20. Ratifico el 20, no por su gestión actual, sino por el contexto en el que ella asume la gestión, que es absolutamente diferente. Un país con mucho odio, un país lleno de sangre, un país absolutamente dividido; lo que menos es, es una ciudadana cobarde. Al contrario, es una ciudadana valiente, que asume esta 'papa caliente', que toma este compromiso y no hace uso de la ley del menor esfuerzo, entregando el país a la deriva. Lo que no hizo la presidenta fue entregar el país al riesgo y al caos. Pese a todo el contexto y a lo difícil que es gobernar en el país, asumió valientemente la conducción de nuestra República. Esa fue la pregunta y esa fue la respuesta.
En todo caso, ¿cuáles son sus impresiones sobre la gestión de la presidenta?
Es una gestión que, como cualquier otra en nuestro país, ha cometido algunos errores y también ha tenido aciertos absolutamente importantes. La presidenta de la República es una dama de muy buenas intenciones que trata de hacer lo mejor por el país, intenta rodearse de quienes ella considera los profesionales más adecuados y, en la ejecución de esas decisiones, siempre procura obrar de manera correcta por el bien del país. Por desgracia, la ejecución puede desviarse o, en la misma, puede haber algún otro tipo de decisiones que finalmente no logran el propósito para el cual fueron generadas.
La presidenta, evidentemente, no está atravesando una buena situación en lo que respecta a su gestión. De hecho, la baja aprobación podría ser quizás un síntoma de ello. Hay encuestas que indican que solo tendría un 3 % de respaldo.
Yo, en particular, y te lo digo como ciudadano, las encuestas me resultan absolutamente irrelevantes. No constituyen, en mi perspectiva, un termómetro sincero, sino un termómetro pasional de algunos ciudadanos a quienes se encuesta. Y el reflejo de ello es el poco civismo que tenemos al momento de realizar nuestro escrutinio popular. Pedro Castillo, una semana y media antes de las elecciones, no figuraba ni en los primeros seis puestos como posible presidente electo en el país. Sin embargo, por el poco civismo y el poco respeto a la democracia y a una elección cívica de valoración constitucional, solemos hacer uso del ánfora movidos por sentimientos pasionales, de revancha, y creemos que el voto contra alguien representa una forma de menosprecio o desprecio. Por eso considero que los termómetros electorales y las encuestas son absolutamente contextuales y, muchas veces, convenientes. En esa perspectiva, considero que la presidenta de la República es una mujer valiente porque es poco usual que el Ejecutivo no cuente con una bancada de respaldo. Pese a tener muchísimos enemigos sueltos que actúan como voceros políticos en muchos medios de comunicación y pese a ese contexto de cierta desaprobación, por supuesto, la presidenta sigue adelante, sigue valientemente enfrentando la situación y decidida, con justa razón, a culminar su gestión el 28 de julio de 2026.
Menciona que la presidenta se ha proyectado a terminar su mandato en 2026. Sin embargo, la congresista Susel Paredes presentó una moción de vacancia que parece reavivarse luego de las declaraciones del ex primer ministro Alberto Otálora, quien confirmó que la presidenta tuvo una intervención quirúrgica. Algunos constitucionalistas han declarado para La República que al no haber informado al Congreso, podríamos estar ante una infracción constitucional que sería causal de vacancia. Me gustaría preguntarle qué opina.
A ver, en primer lugar, no es que formalmente le corresponda estar hasta el 28 de julio de 2026, es que constitucionalmente le corresponde a la presidenta entregar el mando el 28 de julio de 2026. No es una cuestión de protocolo, no es una cuestión de libreto, no es una cuestión de formas, es una cuestión de competencias constitucionales y de respeto a la gobernabilidad en el país.
En segundo lugar, no puedo responder sobre lo que no he oído, no puedo responder sobre aspectos generales. No podría darte una respuesta responsable porque este caso en particular, de la supuesta intervención o no de la presidenta, no es un tema que haya conversado con ella. En definitiva, no es un caso penal.
(...) Sin embargo, si ha habido intentos fallidos y desafortunados de algunos congresistas que, desde hace un tiempo, provocaron intentos de vacancia presidencial bajo la figura de la incapacidad moral. Estoy absolutamente convencido de que, más allá de los ruidos o de que se quiera incendiar la pradera, esto no va a tener mayor sintonía ni política ni jurídica.
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¿Cuáles son los argumentos legales que ha presentado la defensa de la presidenta en el denominado caso "cofre"?.
Me gustaría ofrecer mayor detalle respecto a este caso, sin embargo tiene características particulares. Esto trasciende mucho más allá y se refiere a la seguridad de la presidenta de la República. Desde esa perspectiva, la única que puede levantar la reserva de ese secretismo, que además está normado, es la presidenta de la República una vez que la nueva fiscal de la Nación nos cite.
Hasta el momento, han pasado cerca de 40 días desde que se inició la investigación, pero no nos han convocado. Cada vez que se nos ha convocado, hemos asistido en la primera ocasión. No hemos solicitado que el fiscal o la fiscal acudan a Palacio; hemos ido nosotros y hemos respetado la institución y la logística del Ministerio Público. No obstante, en esta ocasión no hemos sido invitados. Por tanto, la versión oficial y la versión principalmente de la defensa penal serán cuando la presidenta de la República sea citada, momento en el que entregará la información que te aseguro es mucho más sencilla de lo que se dice o lo que no se ha dicho respecto a este caso.
Y bajo esa línea, ¿qué opina usted de las declaraciones hechas por el chofer del vehículo presidencial, Félix Montalvo? Él habría dado a entender que vio a otra persona además de la presidenta en esta visita al condominio Mikonos en Asia. ¿Tiene alguna opinión al respecto?
Sí, por supuesto. (...) La primera es que insisto en esto: no se trata de que, por el medio de la comunicación o por lo que pueda escuchar, yo vaya a brindar una declaración a costa de la propia normativa, de la seguridad de la presidenta y del secreto de la información vinculada con la seguridad de la presidenta.
Es un asunto no menor, me parece que el suboficial Montalvo ha desconocido este punto. Eso no significa que lo que haya podido manifestar o lo que no haya podido manifestar él será corroborado, afirmado o negado por la presidenta cuando sea citada. Lo cierto es que, dentro de todo lo que ha dicho, se han resaltado algunos puntos que son absolutamente importantes.
En primer lugar, que la presidenta no ha ido de manera clandestina; es decir, no ha ido en un auto particular ni en una camioneta particular, sino en la cápsula de seguridad presidencial, dentro del protocolo de seguridad que exige su visita a un lugar determinado. Esto tiene una lectura bastante positiva y es que alguien que quiera encubrir a un delincuente o un prófugo de la justicia no va con todo un protocolo de seguridad, no va con múltiples bienes estatales, no usa muchísimas personas y, sobre todo, no involucra a tantos testigos para que sean justamente esos testigos presenciales de un acontecimiento delictivo. Entonces, es una lectura absolutamente importante porque nos permite desterrar el móvil de clandestinidad que se ha dicho respecto a este asunto.
En segundo lugar, Montalvo en ningún momento ha señalado la presencia de Vladimir Cerrón. Si bien ha indicado la presencia de una fémina (...). Es una ciudadana de sexo femenino, no es un ciudadano de sexo masculino, por lo tanto, no podría ser Vladimir Cerrón, ni vincularse a esta persona de sexo femenino con él. De manera que la información que ha dado en su oficina más bien transparenta lo que se ha sostenido hasta el momento: fue una visita familiar de la presidenta, una actividad no oficial y no una actividad protocolar.
Estas hipótesis serán finalmente afirmadas o desmentidas cuando la presidenta de la República declare. Y otro dato que me parece importante y que está en la línea de lo que he manifestado en muchas ocasiones a otros medios de comunicación es que mucho se dice acerca de que en todo momento la presidenta de la República debe estar con su escolta o con las denominadas sombras. Claro, para quien no conoce lo que significa la seguridad de la presidenta, los momentos en los que ella siempre debe estar rodeada de seguridad podrían parecer algo irregular e incluso podrían calificar la seguridad de relajada. Pero, por ejemplo, te pongo un dato: la presidenta de la República viene a mi estudio de abogados al menos una vez a la semana. Digamos que despachamos sus casos (...). Cuando la presidenta de la República viene con su auto, deja su auto y ella ingresa sola a mi estudio; no ingresa con su seguridad, no ingresa con su escolta, ni con las denominadas sombras.
(...) Luego de que despacha conmigo, llama a su seguridad, y esta llega entre 10 y 15 minutos, lo que significa que no está afuera, sino en algún lugar alejado del área donde yo trabajo. Usualmente se hace esto, lo que se llama "perfil bajo", porque se quiere despistar que la presidenta esté en un lugar determinado. Lo que menos se desea es que los focos de atención mediática o los ciudadanos cercanos al área, como los que residen cerca de mi estudio, se percaten de su presencia. Es perfectamente posible lo que ha señalado Montalvo respecto a que la presidenta pudo haber pasado desapercibida el día siguiente o que en todo momento no haya tenido seguridad al lado suyo.
En conclusión, las afirmaciones que dice la prensa, basadas en lo dicho por Montalvo, son, por el contrario, absolutamente valiosas para nosotros y contrarias a la exigencia normativa del tipo penal de encubrimiento o en el marco de esta investigación.
Hace unos días, el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena presentó ante la Subcomisión de Denuncias Constitucionales (SAC) una denuncia contra la presidenta por el delito de homicidio calificado, relacionado con las muertes ocurridas durante las protestas. Del mismo modo, hoy el Poder Judicial está evaluando una tutela de derechos presentada por los deudos de las víctimas de las protestas. Entiendo que usted no es el defensor legal de la presidenta en este caso, pero me gustaría preguntarle: ¿Cree usted que la presidenta tiene argumentos para asegurar que no guarda responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas de 2022?
No soy su vocero legal en ese caso. Sin embargo, tuve oportunidad de intervenir frente a tus colegas sobre la denuncia que ha presentado el exfiscal de la Nación. El Ministerio Público, si uno lee reflexivamente la denuncia que ha presentado y revisa el contenido de la resolución, el fiscal reconoce que no hay un mando operativo.
Esto significa que no hubo una autorización vertical por parte de la presidenta para dañar personas, lesionar personas o desaparecerlas. De la propia evidencia, principalmente policial, el Ministerio Público no construye una autoría mediata, no construye una línea organizada de poder y no construye el dolo especial que se requiere para ejecutar personas dentro de esta estructura. Por eso me parece increíble que se haya decidido formalizar una denuncia constitucional por parte del Congreso de la República, sin embargo, cuando uno lee el contenido argumentativo para llegar a ese propósito, principalmente a nivel de la prueba obtenida, uno se da cuenta de que el resultado va a ser, por el contrario, un archivo.
No obstante, termina siendo una denuncia. Por eso estamos absolutamente tranquilos de que, luego del procedimiento que se va a hacer, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales terminará archivándola por improcedente. Y solo quiero graficar un dato fundamental: según el fiscal, dentro de los múltiples errores que comete en la construcción de ese caso, la presidenta mató con mano directa, porque la califica como autora inmediata. Según la imputación del fiscal Juan Carlos Villena, ella tenía el arma. Ella ejecutó de manera directa, ya que la imputación de ella es de autoría directa. No hay que ser ni abogado, ni maestro, ni doctor para darnos cuenta de que eso es inverosímil.
Pasando al tema de Nicanor Boluarte, usted ha señalado que la prisión preventiva aplicada por el juez Carhuancho vendría a ser una medida desproporcionada. Sin embargo, para muchos, el hermano de la presidenta termina siendo ahora, más que una persona que está buscando salvaguardar su libertad, un prófugo de la justicia. ¿Nicanor Boluarte hizo bien al no acogerse a la prisión preventiva?
Yo ratifico y mantengo mi postura de que Nicanor Boluarte debe seguir defendiendo su derecho supremo: la libertad, que tiene todo ser humano, al igual que cualquier otro que haya padecido el arbitraje del juez popular Concepción Carhuancho, por las siguientes razones.
Primero, porque el juez Concepción Carhuancho es eso, con todo respeto, un juez popular. Él hace uso de la sagrada investidura como juez y se convierte en un ciudadano con medalla roja. En esas condiciones, estamos frente a un juez que desprecia las libertades, que desprecia la dignidad del ser humano, como se establece en el artículo 1 de nuestra Constitución Política, que desprecia las garantías y los principios que nutren a las instituciones, como las garantías y los principios lo desprecian a él. Segundo, porque desde hace un tiempo los periodistas simplemente se quedan en el 'minuto 90': Nicanor Boluarte, preso preventivo. Agustín Lozano, detenido preventivamente. Keiko Fujimori, presa preventiva. Se quedan en la estadística, en el titular, pero no analizan, porque probablemente no les permiten llegar a ese análisis, la reflexión sobre las estadísticas de las prisiones preventivas de este juez popular. Y en esa perspectiva considero que cualquier persona, en un caso de mucho ruido como este, no es juzgada por un juez, es juzgada por un ciudadano. Y Concepción Carhuancho no tiene personas a quienes juzgar. Como lo he repetido y lo seguiré haciendo hasta que el mensaje finalmente llegue: Concepción Carhuancho tiene objetivos políticos, y esos objetivos se convierten en víctimas de sus decisiones. Primera víctima: Keiko Sofía Fujimori Iguchi, y cerca de ocho personas más. Estas mismas víctimas fueron liberadas por el Tribunal Constitucional luego de un largo proceso de prisión preventiva. Tenemos un grupo importante de víctimas.
Segundo, Ollanta Humala y Nadine Heredia: el Tribunal Constitucional, en un caso de mucho ruido, determinó la inconstitucionalidad de la prisión preventiva dictada por Concepción Carhuancho.
Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y compañía fueron detenidos preventivamente por 10 días. Incluso aquellos que no habían impugnado fueron liberados, porque la Sala Penal de Apelaciones señaló que la motivación era tan estructuralmente deficiente que esa nulidad alcanzaba a aquellos que no habían apelado. Y le dijo a Concepción Carhuancho que las motivaciones no pueden ser de bloque en cuanto a otros tipos de peligro. Le dijo a Concepción Carhuancho que la tipificación por organización criminal era muy apresurada y que no había razones ni siquiera plausibles para detener a las personas.
Luego existieron una cuarta y quinta víctima más: Agustín Lozano y compañía. Pasó exactamente lo mismo. Entonces, en este contexto, nadie puede descansar tranquilo teniendo a Concepción Carhuancho como juez.
Muchos se quedan en la foto, pero no en las escenas de lo que podría pasar. Una persona que eventualmente obtendrá su libertad en las futuras instancias puede tener los peores días de su vida durante el tiempo que esté preso. Porque la presión te estigmatiza, te etiqueta, e incluso genera suicidios. Muchas personas se han suicidado en las cárceles por decisiones incorrectas. Hay un menosprecio y un desprecio en la sociedad, porque no hay mayor expresión de odio en el derecho que el derecho penal. Son razones suficientes para que cualquier persona racional y metódica defienda su libertad mientras espera que las instancias judiciales finalmente confirmen esta decisión.
Llegó a nosotros información de que justamente la defensa legal de Nicanor habría presentado un habeas corpus para separar a Carhuancho de la investigación penal. Sin embargo, este habeas corpus, entendemos, también fue rechazado por el Poder Judicial. ¿A qué razones legales crees que respondió esta no aceptación del habeas corpus?
No he planteado ese habeas corpus. Las razones de un habeas corpus son absolutamente distintas a las razones de una recusación o de una apelación de prisión preventiva. Tienen objetivos múltiples y diferentes. De manera que, aunque se haya rechazado el habeas corpus interpuesto por la defensa de Nicanor Boluarte, eso no significa que no haya verosimilitud en otra instancia. Han pasado, desde el martes de la semana antepasada hasta hoy, quince días. Quince días en los que el juez Concepción Carhuancho desprecia la libertad de Nicanor Boluarte y de otras cinco personas más. Quince días en los que Concepción Carhuancho irrespeta el Código Procesal Penal y el procedimiento. Quince días en los que Concepción Carhuancho no le interesa notificar la resolución para que las partes puedan impugnarla. Quince días en los que la defensa de Nicanor Boluarte podría haber acudido sin ningún problema a una instancia de apelación, y hasta podría haber recobrado su libertad. Así no se comporta un juez. Un juez respeta la norma. No le falta el respeto a la ley. Han pasado quince días y no se entrega la resolución. Así como fue muy apresurado al dar lectura en tres sesiones, de las nueve de la mañana hasta las tres de la mañana, podría haber entregado la resolución al día siguiente, o demorarse algunos días más. Pero han pasado quince días. Un juez en esas condiciones no merece ser calificado como magistrado.
¿Usted cree que Concepción Carhuancho tiene aspiraciones políticas personales?
Estoy absolutamente convencido de que sí. ¿Tú crees que Concepción Carhuancho se está portando bien con Nicanor Boluarte? Aun cuando han pasado quince días desde que ordenó su prisión preventiva y no le entrega la resolución.
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¿Cómo espera o cómo cree que se resolverán estos casos, tanto el de Dina Boluarte como el de su hermano? Entiendo que no es parte del proceso, pero me gustaría preguntarle sobre ambos casos. ¿Qué espera que se resuelva, según su experiencia en la materia? Y, si puede, ¿podría compartir sus impresiones con la prensa en este momento?
A ver, de Nicanor Boluarte solo permíteme un dato, porque soy respetuoso del pueblo ajeno. No soy su abogado ni respeto a la defensa del doctor Vivanco. Solo espero que, si se mantiene el proceso, se resuelva a favor de su libertad.
Respecto a los casos de la presidenta, no te voy a negar que son casos que involucran una navegación titánica. Son casos de muchos meses y bastante complejos, pero no estamos absolutamente convencidos de que haya motivos que no sean jurídicos, y esos motivos en muchos de esos casos finalmente conducirán al archivo. Y por supuesto, de nada sirve una buena defensa ni la inexistencia de pruebas cuando existe una institución fiscal que no es objetiva con el resultado de las investigaciones. Lo que yo espero y ambiciono es que el trabajo de la defensa, o más propiamente el trabajo probatorio que el propio fiscal ha resuelto sobre su investigación, sea finalmente objetivo al momento de decidir si la presidenta de la República debe ser denunciada ante el Congreso de la República o si el caso debe ser archivado. Yo aspiro, como docente y como abogado de la presidenta, a que al término de las investigaciones el Ministerio Público sea racional y no pasional, sea objetivo y no pasional, y finalmente conduzca sus investigaciones al archivo de los casos de la presidenta.
