Usted, quien está leyendo esta columna, puede estar inscrito en un partido político sin saberlo. Esto, que se ha presentado como un destape inédito, es algo que siempre ha ocurrido y seguirá pasando si es que solo nos quedamos en el titular de “las firmas falsas”. ¿Cuál es el problema de fondo y quién es el responsable de esto?
El sistema de completar una ficha para ser militante es arcaico y genera incentivos para que nuestra política chicha adultere información personal para así cumplir con el requisito legal. Los partidos fraudulentos compran bases con información veraz para que les sea muy complicado a los órganos electorales identificar esta práctica criminal.
Debemos de ser conscientes de que no solo se trata de las firmas falsas, sino de completar, sin ningún consentimiento, una declaración jurada e información personal tal como nombre, apellido, dirección, correo, número telefónico y hasta huella dactilar. Esta ficha se diseñó con la reforma política para dificultar el mercado de firmas y la falsa militancia, lo cual se complementaba con las primarias abiertas con las que se filtraba a los partidos cascarones.
Sin embargo, este modelo fue adulterado por el Congreso que lejos de cambiar el modelo fallido de inscripción partidaria, lo debilitó aún más. Sin primarias, responsabilidad penal de los partidos y con el regreso al sistema que exige más de 700 mil firmas de adherentes, se ha apostado por la consolidación de organizaciones fraudulentas.
Lo dicho parece una historia repetida, pero lo que sí ha cambiado es el trabajo institucional de los órganos electorales que, lejos de quedarse en la lamentación de no haber tenido los filtros adecuados, han tomado decisiones firmes para enmendar el error.
Que dichos órganos tengan portales accesibles para que todos podamos identificar las inscripciones fraudulentas, que hagan peritajes científicos, que denuncien penalmente a los responsables y que actúen rápido eliminando trabas administrativas para subsanar el problema, demuestra su compromiso con unas elecciones limpias y no fraudulentas, como muchos sostienen de forma interesada.
De tal modo, tenemos, por un lado, un sistema electoral que hace una autocrítica, plantea soluciones y toma decisiones firmes a partir de un liderazgo claro y, por otro, un Congreso que sigue en su cruzada por convertir a nuestro sistema político en un instrumento de poder.