Congreso prepara golpe para prolongar su impunidad
Diversos proyectos de ley de Fuerza Popular apuntan al autoblindaje más allá del 2026.
Los peruanos fueron testigos de cómo hace dos semanas el Congreso, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constituciones, aplicó una serie de decisiones arbitrarias con la finalidad de bloquear investigaciones en contra de los suyos, incluida Dina Boluarte.
Ha sido bajo la estrategia de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre con la que han asegurado todo impedimento de hacer efectiva la justicia contra aquellos que cometen delitos y en la actualidad ocupan cargos públicos.
Y en ese camino persisten. Ante el temor de que la verdad se abra paso bajo canales institucionales no manipulados por intereses subalternos y, sobre todo, de que una ciudadanía harta no los vuelva a elegir en los siguientes comicios, es que han activado un plan para lograr un blindaje más allá del 2026.
Se trata de dos movidas concretas: cambiar la Junta de Fiscales Supremos y flexibilizar los requisitos para suspender a jueces y fiscales. Ambas acciones emprendidas por el fujimorismo.
En el primer caso, es el congresista de FP Fernando Rospigliosi quien, con el apoyo de su homólogo ultraconservador José Cueto, ha presentado una denuncia por infracción constitucional contra la actual fiscal de la Nación, así como a todos los miembros de la Junta de Fiscales Supremos.
De esa manera, al apurar lo que a todas luces parece ser una represalia política contra los fiscales Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Villena, las organizaciones políticas dilatan mucho más las pesquisas en su contra.
Paralelamente, la parlamentaria fujimorista Patricia Juárez ha planteado una modificación al Reglamento del Congreso para hacer más fácil que puedan suspender a altos funcionarios del Estado.
El proyecto de ley que ya fue aprobado por la Comisión de Constitución, con el apoyo de las bancadas de FP, APP, Avanza País, Somos Perú y del cerronismo en PL y el Bloque Magisterial, permitirá que jueces y fiscales supremos puedan ser separados con solo 50 votos en el pleno.
Es prioritario que los peruanos y quienes busquen representarlos en el Legislativo y Ejecutivo en los siguientes comicios puedan responder con sentido de prioridad democrática a lo que se configura como la nueva ley de hostigamiento contra quienes tienen como principal función constitucional la persecución del delito, más allá de cualquier bandera política.
