La cultura peruana desmembrada, por Hans Cuadros Sánchez

(*) Hans Enrique Cuadros Sánchez, por Profesor universitario. Especialista en Historia del Derecho, Antropología Jurídica y derechos culturales

En nuestro país, posicionar la cultura en la agenda pública nacional es nadar a contracorriente. Desde diversas especialidades académicas se realizan esfuerzos solitarios que es preciso valorar. Por ejemplo, si durante el Siglo XX no hubieran existido arqueólogos como Julio César Tello y Luis Guillermo Lumbreras, o historiadoras como María Rostworowski, seguiríamos con la concepción romántica de que la cultura inca fue la única civilización desarrollada que habitó nuestro país, imperante en el primer siglo de nuestra república. Gracias a ellos sabemos que no existió una sola sociedad prehispánica, sino diversas a lo largo del tiempo y el espacio en los territorios que hoy corresponden al Perú, y que éstas son más complejas de lo que uno se podría imaginar. Nada hubiera sido posible si es que no existieran fuentes documentales o arqueológicas que permitan redescubrir nuestro pasado. Por ello, su conservación resulta vital, un asunto neurálgico de la vida nacional del país y de la política del Estado, pues la desaparición de este patrimonio podría condenarnos al olvido de nuestro pasado y al desconocimiento de cualquier información sobre nuestros ancestros.

Hace poco menos de un año, gracias a la iniciativa de un grupo de historiadoras e historiadores presentamos una demanda de amparo contra el inminente traslado del acervo documental del Archivo General de la Nación (AGN) a un establecimiento industrial en el Callao, cuyos problemas ya había advertido la Contraloría General de la República. El caso acaba de concluir en primera instancia con relativo éxito. El patrimonio documental de la nación, protegido jurídicamente por el artículo 21 de nuestra Constitución no llegó a ser trasladado a dicho local, salvo una sección de los archivos notariales por un breve tiempo, en setiembre del año pasado. El hecho, que tuvo los visos de un traslado irregular, fue de conocimiento público gracias a la movilización ciudadana y el apoyo de los medios independientes, lo que llevó a la remoción del jefe institucional que ordenó dicho traslado, Ricardo Moreau, y la Ministra de Cultura, Leslie Urteaga, que fue reemplazada por el abogado Fabricio Valencia, que designó un nuevo jefe institucional del AGN, quien acogiendo informes de la Contraloría ordenó el retorno de la documentación trasladada al Callo a su sede del Palacio de Justicia. Así, en estos términos, la detención del traslado fue comunicado por la propia institución ante la Comisión de Cultura del Congreso.

Pero los vientos auspiciosos no duraron. El jefe institucional del AGN que había reemplazado a Moreau fue prontamente removido y reemplazado por Graciela Rengifo, quien ha optado nuevamente por un traslado temporal, esta vez de forma fragmentada. El “nuevo” plan es trasladar el patrimonio histórico documental a diversos establecimientos del Ministerio de Cultura, incluyéndose a la antigua sede de la Biblioteca a Nacional en la avenida Abancay, según un afiche promocional que señala como fechas para estos traslados el 30 de abril, el 30 de octubre de este año, y, finalmente, el 26 de julio del 2026. Si bien en apariencia esto supondría una mejor opción que un depósito industrial, frente a la presión de desalojo de los documentos de su sede en Palacio de Justicia, reclamada por el Poder Judicial, no existe un plan de trabajo, ni un protocolo que garanticen la conservación, y menos su disponibilidad para el público. Llama la atención que este traslado se daría a dos días de finalizar el periodo presidencial de la actual mandataria. ¿Por qué quiere desalojar el acervo documental antes de culminar su mandato? ¿No sería mejor que se inicie la construcción de la sede definitiva del AGN antes del 2026?

En la audiencia judicial que tuvimos en el proceso de amparo el pasado marzo, el procurador público del Ministerio de Cultura señaló que el traslado se había pospuesto para julio de 2026 y supondría un plan de conservación. No obstante, en un infame escrito presentado por el Ministerio de Cultura el 20 de marzo, no se señala nada al respecto y se alude a que el contrato que disponía el traslado al Callao ya fue resuelto y que, por lo tanto, el acervo documental ya no corría ese riesgo, pero obvia que este nuevo intento es otro traslado temporal y fragmentado que no garantiza la preservación y la integridad del acervo documental. ¿Dónde quedó el mandato constitucional de protección de nuestro patrimonio documental y cultural de la nación?

Más aún, nos preguntamos ¿Qué pasó con los 50 millones de soles destinados a la construcción de la sede institucional definitiva donde el personal administrativo y archivístico pueda garantizar la integridad y conservación del acervo documental del AGN, para brindarle una atención adecuada a la ciudadanía que irá en consulta? ¿Por qué el Ministerio de Cultura y la actual gestión del AGN no aceleran los procedimientos para construcción del nuevo local? ¿Por qué el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Cultura renuncian a la protección constitucional de nuestro patrimonio documental, que la propia resolución casatoria de la Corte Suprema buscó resguardar al señalar que el desalojo de los documentos del AGN debe ejecutarse protegiéndose la especial naturaleza de este tipo de bienes de valor cultural incalculable?

Señor ministro de Cultura: usted, que asumió la defensa legal de los intereses culturales de la congregación franciscana ante la demolición que sufrió el ornato público de la histórica Plazuela San Francisco y demandó a la Municipalidad de Lima y al propio Ministerio que hoy dirige: ¿Va a asumir, cuando menos, la responsabilidad política e histórica de desmembrar el acervo documental que el Archivo General de la Nación, entidad adscrita a su sector, debería resguardar? ¿Es ese el encargo que usted ha dispuesto en la actual jefa del AGN?

Señora Jefa Institucional del AGN: ¿Es consciente de que el traslado temporal y una solución inmediatista ponen en riesgo el patrimonio documental, que, al estar disperso, significará privar a los ciudadanos del derecho de acceder a los servicios que el AGN está obligado a darles?

Señora Dina Boluarte: ¿Su extenso mensaje a la nación en el que prometió la construcción de la nueva y definitiva sede del AGN sólo fueron palabras vacías sin ninguna consecuencia real, como la puesta en disposición de los 50 millones de soles para tal finalidad?

Nuestra preocupación central es ¿Cuándo tendremos una sede definitiva para el Archivo General de la Nación? Sólo así se podría garantizar el cumplimiento del mandato supremo establecido en el artículo 21 de la Constitución.

Lamentablemente, el sector cultura viene siendo atacado sistemáticamente desde el Congreso (ley “Tudela” contra el cine peruano); desde el Poder Judicial (desalojo apresurado del AGN); y desde el propio Poder Ejecutivo (censura a expresiones artísticas) y parece ser que nuestro acervo documental será desmembrado, como lo intentaron con José Gabriel Condorcanqui (“Túpac Amaru II”), solo que  esta vez los cuatro caballos serán: la incapacidad de gestión en Cultura; el desconocimiento del valor del patrimonio documental; las autoridades del AGN y el MinCul; y la falta de conciencia histórica en los operadores de justicia. Hoy, los responsables de este traslado: la Jefa del AGN, Olinda Graciela Rengifo García, quien no está en el cargo por tener licencia temporal hasta un día antes del 30 de abril (¿mera coincidencia?) y los directores del Archivo Histórico, Miguel Jesús Martínez Laya; de Conservación, Rosa Matilde Torres Ruíz; y de Archivo Notarial, Carlos Alberto Peralta Fajardo, tienen en sus manos una responsabilidad histórica y administrativa. Esperemos no se encarnen en los cuatro caballos que intentaron descuartizar a Túpac Amaru, sólo que esta vez la víctima será el Patrimonio Cultural de la Nación que, al tratarse de documentos delicados, probablemente, no podrán resistir. En este caso, no sólo la historia los juzgará.