Siendo la educación la promesa suprema de la nación, no encuentro acto más deplorable que aceptar ser la autoridad educativa de un país para renunciar a cumplir esa promesa, sobre todo cuando se vulnera el derecho que la nación ha puesto en su resguardo. No hay condescendencia más vana que trabajar para los populistas que roban la educación de todos para ganar la simpatía de algunos.
Es la autoridad del Ministerio de Educación la llamada constitucionalmente a usar el poder que le dimos para garantizar el derecho a la educación y -ya sea por interés personal, frívola ambición o simple pusilanimidad- ha decidido abandonarla.
Y como secuela del abandono, se ha matriculado en una alianza populista entre el Ejecutivo y el Congreso que se teje con fuerte complicidad en esa nefasta combinación de mafia y complacencia.
Esa alianza fue la que metió por la puerta trasera a miles de maestros que optaron por evadir el mérito: les regalaron un atajo a las aulas ondeando banderas de falsos derechos laborales cuando detrás pendían de un hilo los derechos de los estudiantes. Lo denunciamos. Pero el ministro lo aplaudió.
Fue la alianza que regresó a la vida a los extintos estafadores que lucraban con falsas universidades evidenciando que eran negocios de costosa precariedad. Los premiaron dándoles la conducción de una Sunedu sin ojos y sin dientes, abdicando con ello a la vigilancia y a la sanción, jugando a la autarquía, dejando de rendir cuentas de sus decisiones y haciéndose de favores para los suyos. El ministro miró a otro lado.
Y sin poder político resguardando la educación, la alianza ganó terreno, esta vez en donde duele más: en las aspiraciones de las familias y los jóvenes. Crearon más de 40 universidades públicas, sin presupuesto y sin sustento, jurándoles con el descaro de sus votos que resolverían los problemas de acceso en las provincias más necesitadas del país.
El populismo educativo de estos mercantes hace lo que el populismo sabe hacer: promete. Lo hace en nombre de “más educación” pero en ese mismo nombre oculta el apellido cruel: “menos calidad”. Ante todo, porque ya le arrebataron a la calidad todo significado: si no importa para la carrera docente, si no importa para la supervisión universitaria, si no importa para el inicio del año escolar, ¿por qué habría de importar ahora? Acuñaron -y, querido lector, la elección de esta palabra no es coincidencia- esa letanía vacía de “¡caviares!” para quienes defienden la calidad, porque les importa poco la agenda común y prefieren el divisionismo fácil que convierte a todos en adversarios. Y mientras sucede esa puja ociosa, el ministro y la presidenta se suben al estado en una ceremonia en Palacio para aplaudir más universidades y exhibir cero compromisos.
Y así llegamos a marzo. Con 84 votos a favor, el Congreso aprobó la creación de 16 Institutos Tecnológicos públicos en nueve regiones del país. Sin estudio de la demanda laboral. Sin presupuesto ni condiciones para la inversión. En un país donde apenas el 5% de los Institutos actuales ha pasado el licenciamiento, es decir, cumple las condiciones básicas de calidad. En un país donde no hay entidad licenciadora de institutos porque -escúchenlo bien- quien licencia institutos es el propio Ministerio de Educación. Por si fuera poco, ya no solo tendremos una Sunedu supervisora compuesta por sus propios supervisados, ahora habrá un Ministerio que le pone una valla de calidad a sus propios servicios.
Activar la denuncia de estos populismos tiene ya voces más altas y plurales: las empresas a través del Pacto por la Educación de Calidad, el Consejo Nacional de Educación haciendo valer su autonomía y la sociedad civil que paso a paso se recupera. Ojalá mañana los sindicatos de maestros, los gremios, los colegios profesionales, las universidades mismas, las familias que nos leen. Porque el populismo grita cuando nosotros lo escuchamos: ronda por el vacío que deja una educación desgobernada, conducida por una autoridad invisible e indolente, y con una ciudadanía desconfiada y sin ganas de replicar.
Gobernar la solución de este caos supone mejores autoridades. Un Ministerio de Educación planificador, garante y articulador de un sistema educativo donde muchas educaciones conviven. Y 26 gobernadores regionales a los que se les recuerde que son autoridades con rectoría sobre sus territorios, y no administradores de decisiones que toman otros. Porque, que nos escuchen, si han dejado el encargo de la educación para ponerse en piloto automático, que den un paso al costado para que otros más valientes asuman la tarea que ustedes no saben ni quieren honrar.
Claudicar en la tarea de asegurar calidad no puede depender de la valentía de quien usa el fajín de turno, pues su omisión vulnera derechos, nuestros derechos. Y repitamos: sin defensa de la calidad, lo que hacen es hacer apología de la estafa. Y embebidos de ese desprecio que tienen estos políticos contra la educación pública, han jugado con las expectativas genuinas de la población ofreciendo crear lo que en realidad buscan destruir.
El mismo ministro que lamentó la muerte de una maestra llamándola “soldado de la patria” es quien decide hacer silencio frente al desmantelamiento del Sector que le asignaron y bajar las armas cuando le enfrentan grupos de interés que lucran y minan la calidad de la educación. En el combate contra los populistas, mientras proponía firmar el Pacto por la Educación, con la misma tinta ya había decidido abdicarlo.
Y si el Ministro ha decidido hacerlo, que lo haga al cargo, pero que no espere que la comunidad educativa aplauda silente el liderazgo populista que ni popularidad ni adhesión le ha redituado. Nosotros tenemos tarea por hacer: hay un Proyecto Educativo Nacional que espera más de nosotros.
Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.