Las cosas solo pueden ponerse peor (antes de mejorar), por Rosa María Palacios


Esta claro que el pacto de facto que gobierna el Perú no va a cambiar. El día de un contundente paro de transportes,por causa de la espantosa ola de inseguridad criminal en Lima, se esperaba una respuesta del Estado. Tal vez no oportuna, ni enérgica o desesperada como la de los transportistas, pero respuesta, al fin y al cabo. ¿Qué le dijo el congreso y la presidente al pueblo peruano?

Este jueves, en el congreso, en una sesión del pleno convocada para legislar contra la criminalidad, se aprobó, en segunda votación, una ley que en concreto da facilidades a los delincuentes para disfrutar de su botín. El sistema judicial para la perdida de dominio (esto es, que la justicia pueda perseguir el patrimonio delincuencial de manera autónoma al proceso penal) puede haber cometido errores. Casuística, entre miles de casos, siempre vas a encontrar. Pero la solución no es facilitar al delincuente el gozo del patrimonio mal habido. Es como si mañana de derogará todo el código penal porque alguna vez un inocente fue injustamente condenado. El argumento de “los casos injustos” esconde mas de 5000 expedientes en curso que se van a perder en favor, sobre todo, del narcotráfico.

Así, una vez más, el actual congreso no solo no ayuda en la lucha contra el crimen. Si se abstuviera de actuar, algo avanzaríamos. No, es mucho más grave. Legisla activamente a favor del criminal. Este es el último ejemplo, pero viene acompañado de una seguidilla de leyes que no nos cansaremos de mostrar al público hasta que sus consecuencias nefastas no sean modificadas. Hoy, los delincuentes, con la excusa de normas “garantistas” (¿desde cuando a estos congresistas les interesan los derechos humanos?) tienen una prescripción más corta; los tienen que notificar antes de allanamiento y convocar a su abogado; ya no pueden ser procesados como organización criminal en más de 50 delitos; pueden apelar el auto de juzgamiento dilatando años su proceso; no van a la cárcel si el delito tiene una pena igual o menor a 5 años; los partidos políticos no tienen responsabilidad penal; los crímenes de lesa humanidad son prescriptibles y ahora pueden disfrutar del botín de sus crímenes sin que nadie los moleste.

Ocultar esta situación pro-delincuente genera discursos estridentes, espectáculos de la palabra y agresiones al sistema de justicia. Desde el congresista “deportador” y promotor del asesinato a través de “nuestros” asesinos, hasta el congresista que promueve que cada quien baile con su pañuelo (o su pistola) y ponga su lamina antibalas. Por supuesto no van a faltar las viejas confiables de siempre: estado de emergencia; pena de muerte; servicio militar obligatorio; salida del sistema interamericano de protección de derechos humanos; penal de Challapalca o el Sepa; trabajos forzados; criminalización de adolescentes y todas las estupideces que balbucean un conjunto de legisladores pro-delincuencia que han perdido el seso o la vergüenza, o muy probablemente, ambos.

Sin embargo, esta semana la presidenta demostró que se puede bajar un peldaño mas hacia el abismo, cuando parecía ya imposible. Recurriendo a la tercera persona (es decir, habla de si misma pero no puede decir “yo”, dejemos la tarea psicoanalítica a Jorge Bruce) dice: “Dina Boluarte no es responsable” de la inseguridad pública, achacando la tragedia que vivimos a sus antecesores “desde hace décadas”.

Un gobierno de tres años y medio, cuatro en julio, que no asume responsabilidad por sus hechos es un peligro que va mas allá de la simple negación de la realidad. Primero, porque cuando Castillo juramentó el Perú tenía dos muertos al día en promedio por causa de crímenes violentos. Hoy, el promedio es de seis al día. ¿Cuándo se produjo este salto nunca visto? En el gobierno de Dina Boluarte, particularmente desde que se dio la primera ley pro-criminales: la ley Soto. Con unos pocos números es sencillo desmentirla. Si es así de simple, ¿por qué miente?

Una posibilidad es que la hagan mentir. Sabemos que la presidenta puede leer sin parar un discurso por 5 horas. Pero también hemos visto que, cuando le apagan el telepromter se queda muda. No puede articular ni una excusa. Su espontaneidad es cero. Simplemente no tiene discurso propio. Eso refleja ausencia de ideas, de reflexión o de conocimiento mínimo. Es posible que ella recite un texto con mensajes absurdos sin ser plenamente consciente del disparate que dice cuando grita que la policía atrapa a los delincuentes y la fiscalía los suelta o cuando da cifras de miles de capturados, como un gran triunfo, cuando se trata de los borrachos del fin de semana.

Otra posibilidad, más aterradora que la anterior (siempre se puede cambiar de escriba) es que ella crea que, en efecto, no tiene responsabilidad en materia de seguridad ciudadana. Aterrador porque en esa materia, solo el Estado tiene el monopolio de la violencia y el Estado, en el reparto de funciones públicas, es el Poder Ejecutivo a través de las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas. Unas fuerzas públicas de las que ella y solo ella, es jefa Suprema. ¿Cómo no va a tener responsabilidad? ¿De que cosa es jefa entonces?

Nadie puede ejercer la justicia con mano propia y nadie puede aplicar penas a otro por más ira santa que lo domine. La civilización, el estado de derecho, nos obliga por razones de justicia y de verdad a entregar esa función a un tercero, que es por definición misma de la sociedad, el Estado. El Poder Legislativo es responsable de las leyes para combatir el crimen; el Poder Ejecutivo es responsable de perseguir y atrapar a los delincuentes; y el Poder Judicial de procesar y condenar. Un reparto del poder que todo alumno de secundaria debe conocer si lo han formado en ciudadanía básica.

Cuando pese a todos los reclamos, las protestas, los llantos, los ruegos, la larga fla de ataúdes, el Estado renuncia a sus funciones mas elementales, esto solo se puede poner peor. Un Legislativo que ha renunciado a legislar contra el crimen y un Ejecutivo que no se hace responsable, solo nos lleva al infierno. Pero puede cambiar si ustedes eligen otro camino. En un año #PorEstosNo

Rosa María Palacios

Contracandela

Nació en Lima el 29 de Agosto de 1963. Obtuvo su título de Abogada en laPUCP. Es Master en Jurisprudencia Comparada por laUniversidad de Texasen Austin. También ha seguido cursos en la Facultad de Humanidades, Lengua y Literatura de laPUCP. Einsenhower Fellowship y Premio Jerusalem en el 2001. Trabajó como abogada de 1990 a 1999 realizando su especialización en políticas públicas y reforma del Estado siendo consultora delBIDy delGrupo Apoyoentre otros encargos. Desde 1999 se dedica al periodismo. Ha trabajado enradio, canales de cable, ytelevisiónde señal abierta en diversos programas de corte político. Ha sido columnista semanal en varios diarios.