El doble rasero del Congreso con Dina Boluarte
Sin criterio jurídico, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales aplica criterios arbitrarios para definir sanciones y blindajes políticos.
Ayer, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), aprobó de forma arbitraria que los órganos autónomos operadores de justicia como el Ministerio Público y el Poder Judicial no pueden investigar a un presidente por delitos comunes hasta que concluya su mandato.
La decisión es, ante todo, antojadiza. Esta subárea del parlamento, sin ningún tipo de criterio técnico -mucho menos jurídico- desconoció la prerrogativa constitucional de la fiscalía de la Nación de proceder a la pesquisa de un mandatario ante denuncias que se revelen e incluso cometan durante su periodo de gobierno.
Sin embargo, la mesa directiva de la SAC presidida por los congresistas María Acuña (Alianza por el Progreso), Jorge Montoya (Renovación Popular) y Nilza Chacón (Fuerza Popular) nadan entre sus propias incoherencias.
En la misma semana, la misma subcomisión ha dado trámite al debate sobre la denuncia constitucional presentad contra el anterior presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, por los servicios prestados a dicha institución por el experto en temas electorales Fernando Tuesta Soldevilla.
Desde hace un tiempo, dicho órgano que se supone debe ser de análisis constitucional y filtro jurídico notable, ha devenido en un aparato de represalia política y blindaje descarado de políticos denunciados por cometer delitos.
Lo que resulta evidente es que la alianza gobernante contraviene en sus actos todo principio fundamental de un Estado de Derecho al debido proceso y legalidad. ¿Cómo? Castigando a adversarios y garantizando sistemáticamente la impunidad de sus líderes.
De esta manera, queda constatado para la historia de la malaventura de una clase política que gobierna el Perú que este espacio parlamentario viene sirviendo como su máquina ilegítima para mantenerse en el poder, bajo cualquier pretexto y sinsentido.
A pesar de que la ciudadanía rechaza al Ejecutivo y al Congreso al punto tal de dejarlos en el penoso margen de error del 2 o 3 % de aprobación en las recientes encuestas, y que en las calles los gritos los identifican como los principales responsables de la debacle social, económica y política que vive el Perú, queda claro que la alianza no dará su brazo a torcer.
