Congreso prepara golpe contra el PJ, JNE y TC
Liderados por el fujimorismo y el cerronismo, parlamentarios avanzan para destituir arbitrariamente a los titulares de entidades constitucionalmente autónomas.
La coalición gobernante compuesta por Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular y Alianza para el Progreso ha aprobado, sin criterio técnico, una reforma al Reglamento del Congreso.
Esta decisión configura el camino para el desmantelamiento de instituciones autónomas al reducir el umbral necesario para suspender a magistrados supremos del Poder Judicial, fiscales y miembros del Jurado Nacional de Elecciones a solo 50 votos.
Este dictamen, aprobado con 14 votos a favor en la Comisión de Constitución, permite que cualquier alto funcionario del Estado pueda ser suspendido con una simple mayoría de congresistas presentes, sin necesidad de un análisis exhaustivo o un debido proceso.
Esta medida busca empoderar al Congreso en sus procesos de acusaciones constitucionales, lo que abre la puerta a un uso abusivo de esta facultad sin límites legales. De esta manera, los altos funcionarios se convierten en blanco fácil de decisiones sin ningún tipo de control.
Nuevamente, el respaldo cruzado entre Fuerza Popular y Perú Libre pone de manifiesto una estrategia concertada para consolidar el control sobre las instituciones claves del Estado en el momento preelectoral que acaba de empezar.
La reforma aprobada no solo debilita el sistema de pesos y contrapesos, sino que también genera un clima de incertidumbre y temor entre quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.
Es fundamental que la ciudadanía se mantenga alerta ante estos movimientos que amenazan con desdibujar los límites entre los poderes del Estado.
La independencia judicial es una necesidad en una democracia saludable. La concentración del poder puede llevar a resultados devastadores para la sociedad.
Cada intento de control sobre el sistema judicial por cualquier otro poder del Estado debe ser rechazado con firmeza por sociedades que intentan mantenerse en democracia. De lo contrario, lo que queda es la concentración del poder que, según las experiencias de países como Nicaragua y Venezuela, lleva a resultados devastadores para las libertades y el progreso social.
