Peruanos dan ultimátum a Dina Boluarte
Miles de transportistas, agrupaciones vecinales, sindicatos y ciudadanos de a pie salieron a las calles contra el manejo de la inseguridad por parte del gobierno.
La situación en Perú ha alcanzado un punto crítico, y la reciente protesta masiva convocada por los transportistas, a la que se sumaron hasta barristas de fútbol, es un claro reflejo del descontento generalizado hacia un gobierno que ha demostrado una clara incapacidad para enfrentar la criminalidad que asola al país.
Con un promedio de cuatro víctimas mortales diarias, bajo la modalidad de homicidio extorsivo, la realidad que sufren los peruanos es desgarradora.
Es indignante que la presidenta Dina Boluarte y su gabinete, en lugar de abordar esta crisis con seriedad y compromiso, opten por medidas que parecen diseñadas exclusivamente para reprimir a ciudadanos que, desesperados, alzan la voz en defensa de su derecho a vivir en paz.
La reciente declaración de Boluarte, donde sostiene que la seguridad no es su responsabilidad como mandataria, no solo evidencia un absoluto desprecio por la vida de los peruanos, sino que, en un sentido más amplio, la coloca en una posición que parece más cercana a la de los extorsionadores y sicarios que han sembrado el miedo en la sociedad.
Boluarte dice que las protestas afecta la economia del pais. Decide, sin pudor, obviar datos oficiales sobre el costo económico de la criminalidad desbordada. El Banco Central de Reserva del Perú estima que las pérdidas económicas generadas por la violencia ascienden a un 2.8% del PBI.
A este punto, los transportistas, haciendo eco a los peruanos hartos por el miedo que supone persistir con trabajar por mejores condiciones de vida, piden solo una cosa: váyase, señora Boluarte.
Y ante la lavada de manos de la presidenta y su gobierno, queremos dejar claro una cosa: la responsabilidad de la seguridad ciudadana recae en el Estado, y es imperativo que Boluarte y su gobierno reconozcan que la solución a estos problemas no puede ser la represión, sino un compromiso real con la justicia y la protección de la vida.
La seguridad de los peruanos está en juego, y no podemos permitir que la ineficacia y el desprecio sigan definiendo nuestro futuro.
