La presidenta de la CIDH explicó que para que un país entre en esta categoría se han de registrar "una multiplicidad de violaciones".,La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) agregó a Nicaragua en la lista negra de violaciones a los derechos humanos, según su informe anual presentado este jueves, después de que en diciembre un grupo de expertos denunció que en la represión de las protestas se cometieron crímenes de lesa humanidad. "La CIDH ha seguido con especial atención el progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en particular desde el inicio de los actos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018 en el marco de la represión estatal a las protestas", dijo el organismo que no había reprobado al país en 25 años. PUEDES VER Exfuncionario de Maduro reveló torturas dentro de cárceles venezolanas En el informe de este ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cuba y Venezuela repiten en el apartado de Estados que reprueban en el cumplimiento de los derechos humanos. La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, explicó a la AFP que para que un país entre en esta categoría se han de registrar "una multiplicidad de violaciones" a los derechos humanos, de una forma "sistemática" y "continua". La ola de manifestaciones en Nicaragua que comenzó como un movimiento contra una reforma de la seguridad social y derivó en un momento de protesta más amplio contra el gobierno fue duramente reprimida con un saldo de 325 muertos, 2.000 heridos y 52.000 exiliados, según organismos de derechos humanos. La CIDH también denunció la obstaculización de la atención médica a los manifestantes, detenciones arbitrarias, estigmatización, medidas de censura yamenazas contra líderes de movimientos sociales. El organismo también señaló la "falta de diligencia" en las investigaciones de los asesinatos. En junio, la CIDH articuló el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) con el objetivo de mantener un monitoreo en terreno y después articuló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En el informe final de diciembre el GIEI denunció que entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, en Nicaragua se cometieron "crímenes de lesa humanidad". Dos días antes, los investigadores fueron expulsados del país por el gobierno del socialista Daniel Ortega (Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN). "Nosotros estuvimos en Nicaragua (...) estábamos allí, allí recibíamos los testimonios de la gente presa, de la gente golpeada, de los muertos", indicó Arosemena. Actualmente el gobierno se encuentra en un proceso de diálogo con la oposición. El representante alterno de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, criticó la "parcialidad" y el "doble rasero" del informe. Al ser preguntada por la AFP sobre este señalamiento de parcialidad, Arosemena se refirió a que después de la apertura de las conversaciones, la policía reprimió con violencia una manifestación de opositores este fin de semana, lo que hizo peligrar el diálogo. "¿Cuál fue la primera reacción para las protestas? Puso presa a más de 200 personas, eso es violación sistemática de los derechos", indicó la presidenta de la CIDH. Agravamiento en Venezuela Con respecto a Venezuela, la Comisión constató que durante el 2018 "se han agravado las persistentes situaciones estructurales que afectan los derechos humanos". Para la CIDH en la actualidad "existe una ausencia del Estado de Derecho" y una falta de una separación efectiva de los poderes estatales. También señaló que "se registraron nuevos y graves episodios de ataques, persecución y encarcelamiento a políticos opositores, disidentes, periodistas, manifestantes" y que se continúan registrando muertes en las protestas. Además, la entidad señaló que la grave crisis por la que atraviesa Venezuela ha provocado el desplazamiento masivo de migrantes y refugiados. Durante 2018, la CIDH observó en Cuba la persistencia de las vulneraciones al derecho a la libertad, a la protección contra la detención arbitraria y que los defensores de los derechos humanos, líderes sociales y periodistas sólo acceden agarantías judiciales mínimas.
