Política

Juicio a Ollanta Humala y Nadine Heredia llega a su primera final de suspenso un día de abril

En abril se leerá la sentencia por lavado de activos, que será apelada a segunda instancia y podría llegar a la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. La defensa señala que la fiscalía no ha podido probar los presuntos aportes de Venezuela y Brasil. La fiscalía insiste en una condena de 20 y 26 años de prisión. 

Ollanta Humala y Nadine Heredia en la campaña electoral del 2011
Ollanta Humala y Nadine Heredia en la campaña electoral del 2011

El primer final: 8 de abril de 2025. Al cabo de 15 años de investigación, que incluyen más de tres años de audiencias del juicio público, los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado, Mercedes Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias darán a conocer su veredicto en el proceso que se sigue a la ex pareja presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia, familiares y colaboradores del Partido Nacionalista Peruano, por presunto delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal.

Hablamos del primer final, pues el veredicto será apelado para su revisión por una Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y, luego, puede llegar, vía recurso de casación, a la Corte Suprema de Justicia y, mucho más tarde, a través de un habeas corpus, hasta el Tribunal Constitucional, que podrían sumar otros cuatro años, para un desenlace final. Las apelaciones pueden llegar desde los procesados o el Ministerio Público.

Este será el primer caso en que los jueces se pronuncien sobre el delito de lavado de activos a través de los gastos en las campañas electorales, por lo que la decisión que tomen los jueces podría volverse crucial en otros casos similares que involucran a ex presidentes y candidatos presidenciales desde el 2006 hasta el 2016. Una sentencia condenatoria a pena de prisión efectiva no se ejecutará de inmediato. Habrá que esperar el resultado de la apelación, para si alguno de los procesados es detenido e ingresa a prisión. En caso de una absolución, es probable que la Corte Suprema resuelva que se repita el juicio.

La acusación fiscal que llegó a juicio

Germán Juárez Atoche, fiscal del Equipo Especial Lava Jato

Germán Juárez Atoche, fiscal del Equipo Especial Lava Jato

Junto al expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia y el Partido Nacionalista Peruano, el tribunal debe resolver la situación jurídica de Ilan Paul Heredia Alarcón, Antonia Alarcón Cubas, Rocío del Carmen Calderón Vinatea, Mario Julio Torres Aliaga, Maribel Amelita Vela Arévalo, Santiago Gastañadui Ramírez, Eladio Mego Guevara, Carlos Arenas Gómez Sánchez y la persona jurídica Todo Graph SAC. Además, se ha pedido la disolución del Partido Nacionalista Peruano y de la empresa Todo Graph.

El fiscal Germán Juárez acusó al ex presidente Humala y los demás procesados por tres presuntos actos ilícitos, que ocurrieron el 2006 y 2011. En el primer hecho, se les atribuye haber convertido y ocultado dinero supuestamente extraído ilícitamente del tesoro público de la República Bolivariana de Venezuela, remitida por el entonces presidente Hugo Chávez Frías, a través de la empresa Kaysamak y/o por valija diplomática, para ser utilizado en el financiamiento de la campaña presidencial del 2006 del partido político Unión por el Perú.

“La colocación patrimonial en el financiamiento de la candidatura de Ollanta Humala se realizó mediante la simulación de aportes financieros de personas naturales al partido Unión por el Perú, por medio de aportantes falsos y acrecentamiento del valor de los aportes de menor cuantía, con lo cual se dificultó la identificación del origen ilícito del dinero colocado”, señala el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial del caso Lava Jato.

Adicionalmente, se atribuye a Nadine Heredia que parte del dinero ilícito, 216,062 dólares, ingresaron a su cuenta de ahorros, entre el 20 de octubre de 2005 y el 5 de marzo de 2009, para lo que simuló contratos labores con la empresa Apoyo Total, The Daily Journal, Drona Ver y Centro Capilares y un préstamo ficticio de 20 mil dólares. Esos 216 mil dólares, de acuerdo con la fiscalía, le permitió adquirir el inmueble de la calle Castrat, en Surco, una camioneta Grand Cherokee, constituir la empresa Todo Graph y entregarle 200 mil dólares en efectivo a Martín Belaunde para adquirir equipos de transmisión de TV.

Los aportes provenientes de Brasil, a través de Odebrecht

Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht, no se presentó a declarar en el juicio

Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht, no se presentó a declarar en el juicio

En el segundo hecho, la fiscalía atribuye a Ollanta Humala y Nadine Heredia convertir y mutar dinero ilícito, que estaban en condiciones de presumir tenía un origen ilícito, proveniente a) de un fondo pecuniario corrupto perteneciente al Partido de los Trabajadores de Brasil, vía el grupo Odebrecht, y b) de la empresa brasileña OAS, manejado en su contabilidad paralela. El dinero de ambas fuentes, según la fiscalía, fue utilizados en la campaña electoral del 2011.

Además, en un tercer hecho, se atribuye a Nadine Heredia haber ocultado parte del dinero ilícito de las campañas del 2006 y 2011 en cuentas bancarias y una caja de seguridad de Rocío Calderón, que utilizó para cubrir los gastos de una tarjeta de crédito por 38,108 dólares.

En los hechos principales, el ex presidente y la ex primera dama de la Nación habrían contado con la colaboración de Ilan Heredia, Antonia Alarcón, Rocío Calderón, Mario Torres, Maribel Vela, Santiago Gastañadui, Eladio Mego y Carlos Arenas. De esta manera, el fiscal Juárez Atoche formuló acusación y propuso una condena de 20 años de prisión para Ollanta Humala y 26 años y 3 meses para Nadine Heredia. Para los demás, acusados pide penas de 10 años, a cada uno.

Los argumentos de la defensa de Humala y Nadine

Abogados Julio César Espinoza y Wilfredo Pedraza

Abogados Julio César Espinoza y Wilfredo Pedraza

El ex presidente Ollanta Humala y los demás acusados niegan haber recibido fondos de Venezuela y Brasil para las campañas electorales del 2006 y 2011. Igualmente, rechazan haber estado en la capacidad de conocer de actos de corrupción en dichos países, con anterioridad a las campañas electorales. Además, que antes del 2011 no los aportes irregulares no se consideraba delito de lavado de activos.

Respecto a los aportes de Venezuela, solo existe la declaración de Martín Belaunde, quien asegura haber sido testigo directo de la entrega del dinero, a través de la funcionaria venezolana, Virly Torres. La referida funcionaria diplomática no declaró en el juicio. Los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo han negado haber recibido información del servicio de inteligencia que informe o confirme de ingreso de dinero de Venezuela.

Martín Belaunde fue el primer gran testigo para relanzar este caso el 2015 y fue el último testigo importante en presentarse en las audiencias del juicio, ya convertido en colaboración eficaz. La primera gran reforma a la Ley de Colaboración Eficaz se realizó precisamente, para que la fiscalía pueda ofrecerle este beneficio. Más allá, la parte más débil de esta acusación es la ausencia total de información oficial sobre la sustracción de dinero del presupuesto de Venezuela. Otra vez, el único testigo es Belaunde, quien dice haberla escuchado de empresarios venezolanos.

Las ausencias en el juicio

Martín Belaunde Lossio, el gran testigo de la fiscalía

Martín Belaunde Lossio, el gran testigo de la fiscalía

Sobre los fondos de Brasil, existe la declaración previa al juicio de Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú. Barata declaró que el exdirector ejecutivo de la constructora, Marcelo Odebrecht, le indicó que debía entregar tres millones de dólares a la campaña del Partido Nacionalista, a pedido del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Una parte de los fondos habría sido entregada en efectivo dentro de maletines y otra parte se utilizó para los honorarios del publicista Valdemir Garreta.

Sin embargo, los ex directivos de Odebrecht y Valdemir Garreta no declararon en el juicio público. Solo se leyeron las transcripciones de las declaraciones que brindaron en Brasil, ante el Equipo Especial Lava Jato. Mientras que, la Corte Suprema brasileña declaró ilícitas y nulas todas las pruebas sobre los actos de corrupción de Odebrecht, que incluyen la existencia del presunto fondo del Partido de los Trabajadores y prohibió su uso fuera del territorio brasileño.

Adicionalmente, existe un serio cuestionamiento a la forma en que el Equipo Especial Lava Jato tomó las declaraciones a los funcionarios de Odebrecht. Estas se realizaron en un un contacto de colaboración directa entre los fiscales peruanos y el Grupo de Tarea de Curitiba, sin pasar por el proceso de Colaboración Judicial Internacional.

Las últimas audiencias

Tercer Juzgado Penal Colegiado

Tercer Juzgado Penal Colegiado

Está previsto que el martes, 25 de marzo y miércoles 2 de abril de 2025, los 10 acusados presenten sus alegatos personales ante los jueces, es decir expongan hechos a su favor independientes a los que han realizado sus abogados defensores. La audiencia del 25 de marzo será presencial y todos los procesados y sus abogados deben presentarse a la sede judicial. Ese día concluirá el alegato del abogado del Partido Nacionalista y comenzarán las intervenciones personales.

El primero en dirigirse a los jueces será el ex presidente Ollanta Humala Tasso. Los jueces le concederán un tiempo prudencial para su exposición. Su abogado Wilfredo Pedraza ha pedido hasta una hora. Luego intervendrán los demás procesados, que lo deseen. No es obligatorio, por lo que algunos podrían preferir guardar silencio. La audiencia del 2 de abril será virtual. Ese día hablaría Nadine Heredia y se daría por cerrado el debate público del caso.

Los jueces Mercedes Caballero, presidenta del tribunal, Nayko Coronado, directora de debates, y Max Vengoa vienen trabajando en la sentencia desde los primeros días de enero. Deben sintetizar todas las declaraciones y pruebas que les permitan llegar a una conclusión, para redactar el veredicto. A estas alturas, ya debe existir un primer o más de un borrador del veredicto, dependiendo de si hay una decisión unánime o por mayoría. El que vote en contra de la mayoría también debe sustentar su posición. El 8 de abril se leerá algunos argumentos centrales y la parte resolutiva. La lectura total y notificación de la sentencia se realizará una semana después.