Comisión de Justicia impulsa ley fujicerronista que limitará el cobro de reparaciones civiles
La propuesta de Fuerza Popular y Perú Libre busca que la acción de civil para demandar reparaciones se extinga a los 10 años. El exprocurador Maldonado alerta de que esto afectará a los casos Lava Jato, violaciones de derechos humanos, lavado de activos, entre otros.
El Congreso también va por modificaciones legislativas sobre el acceso a reparaciones civiles. Una ya cuenta con dictamen listo para ser discutido en el Pleno y otra está a la espera de ser deliberada en la Comisión de Justicia.
La primera se trata de una propuesta de ley de la congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez, quien, respecto al cobro de reparaciones, plantea que “la acción civil derivada del hecho punible se extingue a los diez años de iniciada la acción penal, sin admitir suspensión ni interrupción”.
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El presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, de Perú Libre, recogió esa iniciativa y elaboró un dictamen que fue aprobado con 17 votos a favor en diciembre del año pasado.
La propuesta fue aprobada en diciembre del año pasado en la Comisión de Justicia.
Sería un retroceso
Según el exprocurador Antonio Maldonado, esta propuesta afectará el acceso a las reparaciones civiles en los casos Lava Jato, de corrupción, lavado de activos y violaciones de derechos humanos.
“No responde a la realidad. No responde al hecho de que los procesos penales, en especial de los casos de gran corrupción y violaciones de derechos humanos, duran más de 10 años”, explicó.
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Con dicha iniciativa, enfatizó, si se cumple ese plazo de 10 años, se complica para las víctimas el acceso a una reparación.
Maldonado recuerda que los casos sobre violaciones de derechos humanos esperaron décadas para tener un veredicto, e incluso sus víctimas todavía no son indemnizadas en algunos procesos.
“Es restrictivo, sobre todo desde la perspectiva de la víctima”, agregó Maldonado.
La otra modificación que propone el dictamen es que, luego de una sentencia, la decisión será remitida a un órgano jurisdiccional civil para que se resuelva el proceso de reparación. “Si se expide una sentencia absolutoria, la víctima no le podrá pedir a ese tribunal (la reparación), sino que tiene que litigar a la vía civil. Hay un problema de acceso. ¿Cómo podrían hacer todo esto las víctimas de la represión de diciembre del 2022? ¿Cómo podrían hacer las organizaciones que apenas tienen un abogado?”, cuestionó Maldonado.
El texto del dictamen de la Comisión de Justicia menciona que en su momento fue solicitada la opinión técnica al Ministerio de Justicia, Ministerio Público y Poder Judicial, pero que ninguna de las instituciones respondió.
La República abordó al congresista Mita sobre los cuestionamientos que hay contra esta propuesta, pero respondió no recordar los detalles. “Si hay excesos, es perfectible. Nosotros siempre recogemos aportes porque es importante; si solo escuchamos el criterio de la comisión, puede perjudicar a un sector”, manifestó.
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Todavía falta que el dictamen sea discutido en el Pleno. Mientras eso, hay diversos casos pendientes de resolverse, en los que las víctimas y el Estado demandan reparación.
Y no es la única iniciativa de ley en cuestión.
Proyecto de Renovación Popular
El congresista de Renovación Popular Miguel Ciccia presentó el proyecto de ley 10064, que propone la eliminación de los pagos programados, prorrateados y/o parcializados de reparaciones civiles.
“Estas se realizarán en su totalidad”, dice el documento de la iniciativa legislativa.
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Fuentes de la Procuraduría explicaron que el pago total de la reparación complicará su acceso para las víctimas.
Este proyecto también deberá ser debatido en la Comisión de Justicia, que preside el perulibrista Mita.
La República buscó entrevistar al legislador Ciccia para que responda si hay casos emblemáticos en los que hubo pago total de reparaciones y explique el análisis del costo beneficio de su iniciativa, pero en su despacho respondieron que no declarará hasta que se apruebe un dictamen en la Comisión de Justicia.
Investigarán acuerdo con Odebrecht
La bancada de Renovación Popular impulsa una moción para crear una comisión que investigue el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Este pedido todavía no es discutido en el Pleno del Congreso.
No es la primera vez que esta agrupación política impulsa la creación de una comisión investigadora en el Parlamento. Antes lo hizo para indagar sobre los comicios generales del 2021, pero no hubo resultados concretos.
Entre los años 2016 y 2018, el fujimorismo lideró una comisión investigadora del caso Lava Jato. El informe final de este grupo fue remitido al Ministerio Público, pero también es incierto cuáles fueron sus frutos.
