Encuesta IEP: más del 70% desconfía de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial ante ola de delincuencia
Caos. Producto de los altos niveles de criminalidad, el 55% optaría por un líder que acabe con la delincuencia, aunque no respete los derechos de las personas. A meses de iniciar el proceso de elecciones generales del 2026, no es un porcentaje que debe pasar por alto.
Los altos niveles de delincuencia de nuestro país provocaron el incremento de la desconfianza de la población hacia la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial, instituciones que deben garantizar la seguridad ciudadana y sanciones contra la criminalidad.
La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de este mes da cuenta de que más del 70% confía poco o nada en las entidades a cargo de paliar y erradicar la delincuencia.
El 71% confía poco o nada en la Policía Nacional del Perú (PNP). Mientras que solo el 29% confía en esta institución, lo que significa una reducción en comparación con julio del año pasado, cuando era 37%.
En el Congreso y el Ejecutivo, sin embargo, consideran que la PNP debería estar a cargo de la investigación preliminar de delitos. Por eso promulgaron una ley que le delega dichas facultades. Eso generó un conflicto constitucional con el Ministerio Público.
Pero además de la desconfianza que, según el IEP, siente la población frente a la PNP, opinan lo mismo sobre las instituciones del sistema judicial, como el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El 73% de los encuestados respondió que confía poco o nada en la Fiscalía de la Nación, mientras que, en caso del Poder Judicial, fue del 77%.
Más de la mitad de los encuestados tampoco tienen plena fe en el serenazgo en sus respectivos distritos.
Las fuerzas armadas son la institución en la que más confían, pero esta entidad no tiene como responsabilidad cautelar la seguridad ciudadana.
Desconfianza en instituciones, según encuesta del IEP.
Simpatía por la mano dura
En medio de la falta de confianza hacia las instituciones, aumenta la preferencia de la población por la mano dura.
El 55% de los encuestados estaría dispuesto a apoyar a un líder que, aunque no respete los derechos de las personas, acabe con la delincuencia.
En el ámbito rural y en la macrozona norte, la preferencia hacia este tipo de liderazgo es mayor, y alcanza el 60%.
La mayoría en los sectores más pobres también ve con buenos ojos esa figura. El 58% de los niveles socioeconómicos D y E lo consideran una solución.
En junio del 2023, la preferencia por ese tipo de figura era de 51%. Hubo un incremento, justo en un año en el que iniciará la carrera por las elecciones generales del 2026. Seguramente, habrá candidatos a la Presidencia y al Congreso que ofrezcan la mano dura contra la delincuencia. En el proceso pasado, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo esa promesa. Desde que inició su campaña política, el líder etnocacerista Antauro Humala ha propuesto “bukelizar” el país.
El fujimorismo y el etnocacerismo han coincidido en retirar a nuestro país del Pacto de San José, porque consideran necesaria abandonar la política de los derechos humanos para recuperar el orden.
Los candidatos encontrarán en 2026, de continuar así la ola delincuencial, un país donde más de la mitad prefiere ese tipo de liderazgo.
Población prefiere un líder que resuelva el tema de seguridad ciudadana.
Preferencia por el uso de armas para la defensa propia
Además de la preferencia por una autoridad que termine con la inseguridad a toda costa, más de la mitad de la población también evalúa tomar cartas en el asunto de una manera radical.
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El 52% de los encuestados respondió que sí tendría un arma de fuego para su protección en caso se pueda.
La cifra también es mayor en comparación con junio del 2023, cuando frente a la misma pregunta solo respondió sí el 47% de los encuestados.
La consideración por el uso de armas de fuego se mantiene en similares porcentajes en todas las clases sociales.
En los niveles socioeconómicos C, D y E, la respuesta a favor fue del 52%, y en los A y B fue de 51%.
A eso se suma un importante incremento de personas que han decidido adoptar medidas colectivas frente a la delincuencia. La encuesta del IEP revela que el 41% de las personas abordadas respondió que sí cuando les preguntaron si se habían organizado con sus vecinos de barrio para prevenir o protegerse.
En menos de seis años, ese porcentaje casi se ha duplicado. En marzo del 2019, ante la misma interrogante, el 24% respondió que sí.
Las intenciones de la población frente al caos.
La población vive asustada y alarmada
Entre otras medidas que ha tomado la población para protegerse están: el 27% instaló sistemas de seguridad, como cámaras y alarmas; el 21% ha reforzado las entradas a su vivienda o barrio; y el 14% ha tomado medidas de prevención en conjunto con los miembros de su familia.
El dilema es que solo el 4% ha buscado el servicio de la seguridad pública y privada.
Otro dato preocupante es que el 20% de los encuestados respondió que ha sido víctima de extorsión en el último año. En su mayoría, son personas de entre los 18 y 39 años. El problema se agudiza en Lima metropolitana y sin distinción de niveles socioeconómicos.
Así se encuentra la situación de la inseguridad, sus consecuencias y la percepción que tiene la ciudadanía frente a esta crisis. Pese a eso, la presidenta Dina Boluarte se fue a participar al Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, donde aseguró que en nuestro país hay un clima de tranquilidad. La realidad dice lo contrario.
Encuesta del IEP