Fiscalía pide 6 años de cárcel para altos mandos de la Marina por doble remuneración y contratos fantasmas
La acusación señala pagos de doble remuneración y contratos de servicio fantasmas por más de 36,6 millones de soles, entre los años 2014 al 2016
Luego de cuatro años de minuciosa investigación, la fiscalía anticorrupción del Callao solicitó al Poder Judicial imponer seis años y cuatro meses de prisión a siete altos mandos de la Marina de Guerra del Perú por presuntamente permitir y avalar un perjuicio de más de 36,6 millones de soles al Estado, en pago de doble remuneración y contratos fantasmas por servicios docentes y asesorías en diversas dependencias navales.
El caso se investiga desde el año 2018 al filtrarse un informe de Inspectoría Naval que detectó una serie de irregularidades en cientos de contratos de servicios, firmados entre fines del 2013 y abril de 2016, en los cuales mediante adendas se incrementaron remuneraciones, para saltarse las prohibiciones de la Ley General de Presupuesto de los años 2013 y 2014.
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Casi todos los proveedores de servicio eran marinos en situación de retiro. Las adendas en los contratos permitió que 275 marinos en situación de retiro cobraran doble remuneración del Estado, al sumar su pensión y el pago por el servicio, comprometiendo fondos por 19 millones 327 mil 717.67 soles.
Además, en 289 contratos no se realizó el debido control del servicio por lo que no existe registro de que las tareas de capacitación o asesoría se hubieran realizado de manera efectiva, perjudicando el presupuesto naval por 17 millones 303 mil 320.98 soles. Algunos de los "docentes" se encontraban fuera del país en las fechas en las que según los contratos estaban dictando clases o charlas en las dependencias de la Marina de Guerra.
"La dirección de administración de personal de la Marina contrato a 47 personas sin realizar concurso publico CAS, sin evidenciar la necesidad de dicha contratación y de sus renovaciones anuales, sin evidencia de asistencia a laborar y de cumplir la prestación del servicio y sin la suspensión de la pensión, (...) conllevó la pérdida de oportunidad de utilizar los recursos presupuestales de manera eficiente y la contratación de 43 personas con pagos simultáneos de remuneración por 3 millones 903 mil 588.40 soles y pensiones por 3 millones 279 mil 047.93 soles", precisó la Inspectoría Naval.
Este proceso sale a la luz en momentos que se discute la denuncia constitucional que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza promovió contra 11 congresistas por delito de negociación incompatible al promover una ley que permite a los parlamentarios, en oficiales de la Marina, José Williams Zapata, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín cobrar doble sueldo del Estado, una como pensionistas de la Marina y otra por su labor parlamentaria.
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Tras las investigaciones del caso, el fiscal Carlos Meza Fernández, de la fiscalía corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Callao, formuló acusación penal contra siete altos mandos de la Marina de Guerra. El expediente se encuentra actualmente en la etapa de control de acusación en la Corte Superior de Justicia del Callao, a la espera de pasar a juicio público.
La fiscalía pide las penas de cárcel por delito de negociación incompatible con el cargo para el vice almirante y ex comandante general de la Marina, Ricardo Alfonso Menéndez Calle, los contralmirantes Héctor Edmundo Riolo de la Oliva y Giancarlo Polar Figari, actualmente en situación de retiro. Asimismo, contra el contralmirante César del Alamo Carrillo, actual jefe de la división de entrenamiento y doctrina del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
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Giancarlo Polar es hermano del actual almirante y comandante general de la Marina, Luis José Polar Figari. Al momento de los hechos, Héctor Riolo y Giancarlo Polar tenían el cargo de Director de Administración de Personal Naval.
De acuerdo con documentos judiciales a los que ha tenido acceso La República, la lista de acusados la completan la capitán de corbeta Edith Arias Moreno, el capitán de navío Rubén Edmundo Castillo Pulache y el capitán de corbeta Mike Cariapaza Palomino.
En la investigación también estuvieron involucrados los vicealmirantes Wladimiro Giovannini y Freire y Reynaldo Pizarro Antram, ex jefes de estado mayor de la Marina de Guerra, entre los años 2013 y 2014. Giovannini y Freire fue jefe del centro nacional de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres - CENEPRED. La fiscalía ha pedido que se archiven los cargos contra estos dos ex oficiales navales.
A los jefes de estado mayor de la Marina se les atribuía "haber autorizado la suscripción de las adendas que ampliaron el plazo de los contratos y el incremento remunerativo", pero durante el proceso judiciales han logrado establecer que ellos solo se limitaron a verificar la existencia del marco presupuestal para cubrir la solicitud realizada por el Órgano de Personal de la Marina de Guerra del Perú para cubrir las necesidades de personal de la institución.
La acusación de la fiscalía contra los altos mandos navales
La fiscalía considera como principales responsables de desfalco presupuestal a Héctor Riolo de la Oliva y Giancarlo Polar Figari, quienes ocuparon el cargo de director de administración de personal naval los años 2013 en que se hizo el requerimiento de ampliación de contratos, y el año 2014 en que se ejecutó y se empezaron a realizar los pagos.
En total, de acuerdo con los informes de Auditoría confirmados por la investigación fiscal se realizaron pagos por 289 servicios fantasmas por más de 17,3 millones de soles, en simultáneo con 275 pagos de doble remuneración por 19,3 millones de soles.
Además, de imponer una pena de cárcel de 6 años y 4 meses para cada uno de los siete acusados, se solicita el pago de una multa equivalente a 304 días de su remuneración o pensión diaria y la inhabilitación para ejercer cargo público por los próximos 15 años.
Las pruebas de la fiscalía
Como prueba de los hechos ilícitos, la fiscalía presenta los informes de Auditoría Naval y las declaraciones de diferentes oficiales en situación de actividad y retiro. La lista de testigos la encabeza el ex comandante Gregory Paredes Saavedra, quien denunció los hechos ante la procuraduría anticorrupción y la fiscalía.
Además, del Director de la Escuela Naval de la Marina, Luis Adawi Cáceres, y de oficiales que se vieron beneficiados con los contratos, como Ricardo Arbocco Liceti, Francisco Bugarin Núñez, Manuel Carmona Benrasconi, Jaime Cragg Camero, entre otros.
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"La dirección de administración de personal contrató 138 personas para los cargos de 'Asesor Docente' o 'Docente' y 4 para labores administrativas sin evidenciar la necesidad de dicha contratación y de sus renovaciones anuales, mediante concursos bajo el régimen CAS, utilizando términos de referencia inconsistentes con el objeto a contratar; sin la existencia de la documentación que sustente la realización del concurso y que el seleccionado cumplió con los requisitos del perfil, calificaciones, experiencia, capacitación, facultad para contratar con el Estado, declaratoria de suspensión de pensión, entre otros", de acuerdo con los informes de inspectoria.
En otro punto, los investigadores establecieron que "durante los años 2014 al 2016, las unidades y7o dependencias formularon requerimientos para la contratación de personal CAS en su mayoría con un perfil de militar en situación de retiro o pensionista con estudios y/o experiencia en la Marina de Guerra del Perú y en algunos casos señalando el nombre de la persona que se deseaba contratar (...) sin evidencia documentaria que acredite y justifique la necesidad del servicio".