Política

TC analizará el 24 de abril demanda competencial de Dina Boluarte sobre investigaciones a jefes de Estado en funciones

El Tribunal Constitucional evaluará el 24 de abril la demanda competencial de Dina Boluarte contra el Poder Judicial y el Ministerio Público en Arequipa. La presidenta buscaría frenar investigaciones en su contra.

Dina Boluarte busca frenar investigaciones en su contra con demanda interpuesta contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. | Composición LR.
Dina Boluarte busca frenar investigaciones en su contra con demanda interpuesta contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. | Composición LR.

El Tribunal Constitucional (TC) evaluará el jueves 24 de abril la demanda competencial de Dina Boluarte contra el Poder Judicial y Ministerio Público. En la audiencia, que se llevará a cabo en su sede de Arequipa, se analizará la solicitud con el que busca evitar que se le inicien investigaciones en su contra mientras se encuentra al mando del Ejecutivo.

La audiencia del TC se realiza tras el vencimiento del plazo de 30 días otorgado a las partes involucradas para presentar su respuesta, luego de que, el pasado 5 de febrero, el tribunal admitiera a trámite la demanda presentada por Boluarte Zegarra. En esta fecha, el Tribunal Constitucional abordará lo relacionado con el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, en el que se establece que una acusación contra un mandatario solo es procedente por las razones señaladas en el texto constitucional.

 Tribunal Constitucional programa para el 24 de abril demanda competencial de Dina Boluarte contra el PJ y Ministerio Público.

Tribunal Constitucional programa para el 24 de abril demanda competencial de Dina Boluarte contra el PJ y Ministerio Público.

Dina Boluarte presentó demanda competencial contra el PJ y Fiscalía

En su demanda, Boluarte solicita que se "precisen los alcances de la inmunidad presidencial" estipulada en el artículo 117 de la Constitución. El Tribunal Constitucional, por su parte, indicó que evaluará este punto y decidirá si corresponde abordar el tema una vez emitida la sentencia.

La jefa de Estado también argumenta que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han ejercido sus competencias de manera indebida al investigar presuntos delitos y administrar justicia, lo que, según ella, afecta las atribuciones del presidente. En particular, se refiere a las investigaciones que tiene en su contra por los casos Eficcop, las muertes durante las protestas, el caso Rolex, el enriquecimiento ilícito y, recientemente, por presunto abandono de cargo tras la cirugía del 2023.

Dina Boluarte: Las investigaciones en su contra que busca frenar

Por parte del Ministerio Público, son tres carpetas fiscales que Dina Boluarte tiene en su contra. La primera fue aperturada en enero de 2023 contra la mandataria, Pedro Angulo Arana, Alberto Otárola, César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Jorge Chávez Cresta, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y otros (lesiones) por los muertos y heridos en las protestas de 2022 y 2023.

La segunda carpeta fue aperturada en mayo del año pasado, donde se dispuso iniciar una investigación preliminar en contra de Dina Boluarte y el exministro del Interior Walter Ortiz Acosta, por los presuntos delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad relacionados con el caso de la desactivación del Equipo Especial Policial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

La tercera carpeta fiscal está relacionada con el expediente del Poder Judicial, ambas aperturadas en marzo de 2024. En la diligencia preliminar del Ministerio Público, a Dina Boluarte se le investiga por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, genocidio, homicidio calificado y otros (lesiones). Además, fue ampliada por cohecho y se incorporó al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Mientras que en el expediente del Poder Judicial, se declaró fundado el pedido de allanamiento, registro domiciliario, registro personal y registro vehicular de la jefa de Estado. Así como también se autorizó la incautación de relojes marca Rolex y documentos relacionados con su adquisición.