Pena de muerte en Perú: ¿por qué no se puede aplicar esta medida que anunció Dina Boluarte?
La propuesta de Boluarte es inviable debido a que el Perú forma parte del Pacto de San José, que protege a los ciudadanos de los abusos a los derechos humanos por parte del Estado. Coincidentemente, Boluarte es investigada por la muerte de más de 50 ciudadanos que protestaban contra su Gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
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"A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos emprendedores y emprendedoras que, con justo esfuerzo, se labran el futuro", así anunciaba Dina Boluarte —en un colegio rodeado de niños en el distrito de Independencia— su propuesta para aplicar la pena de muerte a los delincuentes como una medida en la lucha contra la criminalidad que su propio Gobierno no ha sabido controlar y, como consecuencia, deja 469 asesinatos en el año, según cifras del Sinadef.
No es la primera vez que la presidenta usa la excusa de la pena de muerte para zafar de las críticas por no garantizar la seguridad de los peruanos. En diciembre del 2024, Boluarte anunció la misma medida luego de que una menor víctima de violación fue asesinada en Villa María del Triunfo.
En comunicación con La República, el abogado del Instituto Legal de Defensa (IDL), Carlos Rivera, calificó la propuesta de Dina Boluarte como "inútil", debido a que no hay evidencia suficiente de que la pena de muerte disuada al delincuente y que la jefa de Estado solo busca los aplausos de la ciudadanía. Además, Rivera señaló que, para aplicar dicha medida, no se trata solo de modificar el Código Penal y la Constitución Política, sino de denunciar el tratado internacional más importante en materia de derechos humanos, lo que traería consecuencias, como mostrar al Perú como un país que repudia los derechos humanos.
Por otro lado, el letrado detalló que implementar esta medida tardaría cerca de seis años: primero, se debe modificar la Constitución Política en el Congreso en dos legislaturas, lo que tomaría al menos un año. Luego, se deberá denunciar el Pacto de San José, regulado por la propia Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, además de comunicarlo a la secretaría de la OEA, lo que tomaría dos años más. Asimismo, los congresistas tendrían que legislar en materia penal, específicamente en el Código Penal, luego de esperar un fallo judicial para aplicar esta medida, lo que conllevaría tres años más.
Es decir, en el mejor de los casos, para cuando culmine el primer paso que se desarrolla en el Parlamento, Boluarte ya no será presidenta. "Están proponiendo una pena que podría recién aplicarse de acá en cinco o seis años, no tiene ningún sentido para la emergencia que estamos viviendo en este momento", puntualizó Rivera.
¿Por qué en Perú no hay pena de muerte para delincuentes?
De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución Política, la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y por terrorismo. Sin embargo, esta medida no puede aplicarse para los delitos comunes debido a que el Perú se encuentra suscrito al Pacto de San José, que protege a los ciudadanos de abusos a los derechos humanos por parte del Estado.
En comunicación con el abogado penalista Joel Córdova señaló que, desde julio de 1978, por mandato expreso de la Convención Americana de Derechos Humanos, se prohíbe que el Perú restablezca esta condena.
"En el Perú, tenemos que para 1978 estaba vigente la pena de muerte para los delitos asesinato y de traición a la patria en tiempos de guerra. Sin embargo, desde la Constitución de 1979, solamente se mantuvo esa sanción para la traición a la patria. El Perú no podría volver a poner en vigencia nuevamente la pena de muerte para otros delitos que el de traición a la patria, por mandato expreso de la Convención", indicó Córdova.
Sin embargo, el letrado advirtió las graves consecuencias que podría traer desligarse de este acuerdo internacional que afectaría directamente a los peruanos.
"El Pacto de San José permite ser una vía internacional de amparo al derecho de los ciudadanos cuando estos se ven afectados por la conducta de los Estados, pero no solamente en temas penales, sino también en cuestiones de índole laboral (derechos del trabajo) y otras situaciones", dijo.
La propuesta de Dina Boluarte es inviable debido a que el Perú se encuentra sometido desde julio de 1978 al Pacto de San José, que protege a los ciudadanos de los abusos a los derechos humanos que pueda cometer el Estado y en el que se prohíbe restablecer la pena de muerte. Coincidentemente, Boluarte es investigada por la muerte a más de 50 ciudadanos cuando protestaban contra su Gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.
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Pacto de San José: ¿cuál es su importancia en la pena de muerte?
De acuerdo con el artículo 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, establece el derecho a la vida de todas las personas desde el momento de la concepción y que nadie puede ser privado de este derecho arbitrariamente. Además, este tratado internacional indica que "los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente".
"No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos", se lee en el capítulo III de los derechos civiles y políticos de una persona de la Convención Americana de Derechos Humanos.
