Martín Vizcarra cita caso de Gustavo Petro ante el TC para pedir el fin de su inhabilitación: "Lo ha manifestado la CIDH"
El expresidente Martín Vizcarra acudió al Tribunal Constitucional para argumentar que su inhabilitación vulnera sus derechos políticos. Para ello, citó el caso del presidente colombiano.
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El expresidente Martín Vizcarra, inhabilitado para ejercer la función pública, participó en una audiencia del Tribunal Constitucional (TC), donde afirmó que la inhabilitación propuesta por el Congreso de la República vulnera sus derechos políticos, impidiéndole participar en las elecciones y representar a quienes lo votaron. Para defender su posición, citó el caso de Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien en 2021 llevó su situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer cómo se vulneraron sus derechos políticos al impedirle ejercer como autoridad electa.
"Conforme lo ha manifestado la CIDH en el caso Petro vs. Colombia, no se puede inhabilitar a una autoridad electa democráticamente si no ha enfrentado un proceso judicial que lo impida", declaró Vizcarra ante los miembros del TC y los asistentes a la audiencia.
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Asimismo, el expresidente aseguró que, al impedirle ejercer como congresista, se vulneran no solo sus derechos políticos, sino también el derecho de quienes lo eligieron a ser representados en el Parlamento: "He sido inhabilitado sin contar con una sentencia del Poder Judicial y sin que se respeten mis derechos políticos. Se ha vulnerado mi derecho a ser elegido y los derechos de más de 200.000 ciudadanos que me eligieron como su representante ante el Congreso", argumentó.
¿Qué dice el caso Petro, citado por Vizcarra?
El caso Petro Urrego versus Colombia se refiere a la sanción disciplinaria impuesta al actual mandatario colombiano Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá. En 2013, la Procuraduría de la Nación lo destituyó e impuso una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos por supuestas irregularidades en la contratación del servicio de aseo de la ciudad. Petro sostuvo que dicha medida tenía un claro tinte de represalia política y vulneraba sus derechos fundamentales, en particular su derecho a participar en la vida política, garantizado por la Convención Americana de Derechos Humanos.
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Tras agotar los recursos en la vía interna, el caso fue llevado ante la CIDH. El 8 de julio de 2020, el Tribunal declaró la responsabilidad internacional de Colombia por violar los derechos políticos y las garantías judiciales de Petro, argumentando que imponer sanciones de este tipo por vía administrativa —sin el debido proceso penal y judicial— resulta incompatible con el marco convencional y democrático. Entre las reparaciones se incluyó la publicación de la sentencia, la adecuación de la normativa interna para proteger los derechos políticos y el pago de indemnizaciones compensatorias.
El fallo del caso Petro Urrego vs. Colombia subraya que los funcionarios electos democráticamente no pueden ser sancionados administrativamente de forma que se les restrinjan sus derechos políticos, y obliga al Estado colombiano a reformar su sistema para cumplir con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
La inhabilitación de Martín Vizcarra que le impide ser congresista y postular en las Elecciones 2026
Vizcarra se encuentra inhabilitado para ejercer la función pública debido a diversos procesos judiciales en curso y a casos que habrían evidenciado una presunta conducta inadecuada durante su gestión. Su inhabilitación se fundamenta principalmente en el escándalo conocido como "Vacunagate", en el cual se comprobó que el exmandatario se vacunó de manera irregular y secreta contra el COVID-19, utilizando dosis destinadas exclusivamente a ensayos clínicos y para personal autorizado. Esta acción fue interpretada como un abuso de poder y una falta de transparencia que vulneró los principios constitucionales y éticos exigidos para el ejercicio de un cargo público.
Además del caso "Vacunagate", Vizcarra enfrentó acusaciones por presuntos actos de corrupción durante su etapa como gobernador regional de Moquegua, en la que se le atribuyeron pagos indebidos y favoritismos en la adjudicación de contratos de obras públicas. Estas denuncias, presentadas en el marco de procesos de juicio político, se sumaron a un ambiente de creciente desconfianza hacia su gestión. El Congreso de la República, tras aprobar un informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), decidió inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por un período de diez años, medida ratificada por el Poder Judicial. Actualmente, Vizcarra busca que el Tribunal Constitucional o la CIDH reviertan esta situación, la cual le impide fungir como alcalde o participar en las próximas elecciones generales de 2026.
