La Contraloría limpia a Dina Boluarte al descartar desbalance patrimonial
Luego de una serie de cambios de personal en la Contraloría, liderada por César Aguilar Surichaqui, un informe de la subgerencia de fiscalización concluye que los gastos de la presidenta se justifican con sus ingresos, por lo que no hay indicios de enriquecimiento ilícito.
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La Contraloría General de la República que encabeza César Aguilar Surichaqui presentó a la fiscalía de la Nación un informe de fiscalización específica realizada a las declaraciones juradas de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra en la que se concluye que sus gastos guardan relación con sus ingresos legales conocidos por lo que no se evidencia un presunto desbalance patrimonial, es decir, la limpia de todo.
El informe de fiscalización de la Contraloría fue presentado el 4 de octubre de 2024. Fue elaborado en la Gerencia de Análisis de Información para el Control, dependiente del vicecontralor de Gestión Estratégica, Integridad y Control, a cargo de Luigino Pilotto Carreño. El documento que llegó a la fiscalía fue revisado y aprobado por la subgerente de fiscalización, Vanessa Walde Ortega, hija menor del recordado ex juez supremo Vicente Walde Jáuregui. Lo firman las Contadoras Públicas Colegiadas Sandra Calderón Lázaro y María Luisa Acuña Morales y la abogada Martha Cecilia Antezana Córdova.
Dicho informe contradice las declaraciones que diera el 16 de julio de 2024, el ex contralor Nelson Shack: "Se ha detectado que la señora Presidenta ha declarado menos cuentas de las que hemos detectado en el sistema financiero nacional y esto ha conllevado a que tenga un presunto desbalance patrimonial. Eso ha sido comunicado a la señora Presidenta el 1 de julio".
Dina Boluarte promueve cambios en la Contraloría
César Aguilar Surichaqui, nombrado Contralor de la República, a propuesta de Dina Boluarte
Más bien, las conclusiones de la gestión de Aguilar, van en la línea de la presidencia. Tras la declaración de Shack, el mismo 16 de julio, el vocero presidencial Fredy Hinojosa afirmó: "No existe un informe de la Contraloría que señala un desbalance patrimonial en las cuentas de la Presidenta. Lo que sí se registra es un procedimiento de fiscalización que se encuentra en trámite".
Cuatro días antes de estas declaraciones y 11 días después que la Contraloría planteará dichas observaciones, la presidenta de la República propuso al Congreso que designará como nuevo Contralor a César Aguilar. El parlamento votó la propuesta y el 22 de julio, Aguilar Surichaqui se convirtió en el nuevo Contralor General de la República y la situación de la presidente tuvo un giro completo a su favor.
El Informe de Fiscalización Específica N° 017-2024-CG/FIS-FEDJ presentado a la fiscalía de la Nación se emitió luego de revisar las "declaraciones juradas presentadas por la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra" del periodo febrero 2022 a febrero de 2024. La fiscalización estuvo a cargo de la Subgerencia de Fiscalización (FIS), a partir de las recomendaciones efectuadas en el Reporte de Recopilación de Información y Evaluación de Declaraciones Juradas N° 014-2024-CG/FIS del 10 de mayo de 2024, en la gestión de Nelson Shack.
Tenía como objetivo "verificar la correspondencia de los ingresos percibidos por la señora Dina Boluarte y sus egresos o gastos efectuados durante el período de febrero de 2022 a febrero de 2024, a fin de advertir indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado, u otros aspectos de relevancia".
La fiscalización abarcó el periodo de febrero de 2022 hasta noviembre de 2022 que corresponde a su época como titular del Ministerio de Inclusión Social (MIDIS) con un sueldo mensual de 30 mil soles. Además, el periodo de diciembre 2022 hasta febrero de 2024, como presidenta de la República, con un sueldo de 16 mil soles, al mes.
Primera revisión: Boluarte gasta más de lo que ingresa
Declaración Jurada de Dina Boluarte del 2024
En la primera evaluación, que correspondió al periodo de Nelson Shack, la Contraloría determinó que los egresos o gastos de la presidenta por ahorros eran superiores a sus ingresos proyectados en esa época. "Se identificó indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado (...) derivado del rubro ahorros, colocaciones, depósitos e inversiones en el sistema financiero".
Además, se encontró información de tres cuentas de ahorros que no habían sido declaradas, que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la presidenta "contaría con otras cuentas bancarias (individuales y mancomunadas)" que no habían sido reportadas a la Contraloría y que tenía gastos por tarjetas de crédito por "disponibilidad en efectivo".
La subdirección de fiscalización determinó que los ingresos de la presidenta Boluarte, en el periodo febrero 2022-noviembre 2022 fueron de 398,083.33 soles provenientes de sus haberes como titular del MIDIS, lo incluye pago de beneficios adicionales en julio, que totalizaron, en ese mes, ingresos totales por 53,666.67 soles. Mientras, que para el periodo diciembre 2022 hasta febrero 2024, sus ingresos totalizaron 269, 540 soles, con un sueldo de 16 soles, salvo en julio y diciembre, que con aguinaldo sumó 32 mil soles.
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De acuerdo con fuentes del organismo contralor, tras la llegada de Aguilar Surichaqui a la Contraloría se produjeron una serie de cambios en la Vice Contraloría de Gestión Estratégica, Integridad y Control, que estaba a cargo de la fiscalización de las declaraciones juradas de la presidenta. Los fiscalizadores más antiguos y experimentados fueron removidos a otras dependencias. Solo quedaron los jóvenes y los que tienen contratos por periodos temporales de tiempo, que son más manipulables.
Contraloría: la presidenta no tiene desbalance
Luigino Pilotto, vicecontralor
El 2 de agosto de 2024, Luigino Pilotto Carreño, primo hermano del congresista de Acción Popular, Luis Aragón Carreño, fue puesto al frente de la Vice Contraloría de Gestión Estratégica, Integridad y Control. Hasta mayo de 2024, se desempeñó como Vice Ministro de Justicia y Derechos Humanos, en la gestión de Eduardo Arana.
El 25 de noviembre de 2023, Luigino Pilotto fue uno de los vice ministros fue firmó la resolución que cesó a Daniel Soria Luján como Procurador General de la República. El cese de Soria se produjo después que la Procuraduría impulsará las investigación fiscal por homicidio seguida contra Dina Boluarte, por los crímenes cometidos durante las protestas sociales de 2022-2023.
Con Pilotto también ingresaron Luis Clemente Ramírez Moscoso, como encargado de la Gerencia de Análisis de Información para el Control; Frank Alomias Mauricio Morales, en la Subgerencia del Observatorio Anticorrupción, Karla Milagros Pérez Guzmán, en la Subgerencia de Gestión de Declaraciones, y Vanessa Elizabeth Walde Ortega, en la Subgerencia de Fiscalización, encargada de fiscal las declaraciones de la presidenta Boluarte.
Estas sub gerencias se encargaron de limpiar y sacramentar las declaraciones juradas de la presidenta Boluarte. Así, en el informe final, se concluye que tras la documentación presentada por la presidenta Dina Boluarte todas las cifras cuadras y que los gastos de la presidenta están respaldados por sus ingresos.
Sobre las otras cuentas reportadas por la UIF, la Contraloría dice que no ha podido corroborar su existencia. La presidenta ha reportado 15 cuentas bancarias, individuales o mancomunadas, en soles y dólares, de ahorros y depósitos de plazo fijo, sobre las cuales se reporta que las primeras incongruencias en sus declaraciones se debería a errores en la declaración jurada o no haber declarado todas las cuentas.
"Respecto al análisis de correspondencia, de la verificación integral realizada entre lo consignado en las Declaraciones Juradas fiscalizadas, las aclaraciones de la fiscalizada (Dina Boluarte) y las fuentes consultadas se concluye que no se han identificado indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado durante el periodo fiscalizado" que va de febrero 2022 hasta febrero 2024.
La lucha de la defensa jurídica
Tras la emisión de dicho informe, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal Sánchez ha presentado una serie de recursos ante la fiscalía y el Poder Judicial para lograr que los informes de la Contraloría tengan más valor que los realizados por los peritos oficiales de la Fiscalía.
El 30 de octubre de 2024, los peritos oficiales designados por la fiscalía de la Nación, Richard Daniel Sánchez Solorzano y Margalinda Salinas Moncada emitieron un informe pericial contable financiero N° 12-2024 en el que determinan que la presidenta Boluarte presenta un incremento patrimonial de 58,699.97 soles en depósitos bancarios cuyo origen se desconoce, conforme lo reportó La República.
A pedido de la defensa de Boluarte, el 5 de febrero de 2025, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley realizó una audiencia para evaluar si acoge un pedido del abogado Portugal para que la fiscalía y la defensa interroguen a los peritos contables de la Contraloría que elaboraron el informe de fiscalización favorable a la presidenta: Sandra Calderón y Martha Córdova.
Viviendo en la casa de un narcotraficante
El ex juez supremo Vicente Walde y familia en un evento en Palacio de Justicia.
De acuerdo con los datos registrados ante la Reniec, la subgerente de fiscalización, Vanessa Walde que suscribe el informe que exculpa a la presidenta Dina Boluarte, vive en una casa en La Molina propiedad de Roger Poémape Chávez, considerado hasta su muerte uno de los principales capos del narcotráfico en el Perú.
Róger Poémape Chávez fue asesinado el 24 de enero de 2023 dentro de una notaría en San Isidro, de acuerdo con la policía, en una lucha de las organizaciones del narcotráfico por el control del puerto del Callao.
A su muerte, la propiedad del inmueble estaba bloqueada registralmente a nombre de la empresa Lindsay Assets & Partners Corporation, con sede en Panamá. Hoy el inmueble está registrado a nombre de la esposa de Poémape y sus seis hijos.
La vivienda había sido alquilada por el ex juez Vicente Walde. Él seguiría viviendo en el inmueble, a pesar de que en una oportunidad declaró que había rescindido el contrato de alquiler.
