El abogado Mateo Castañeda sale en libertad gracias a las leyes procrimen
La Quinta Sala Penal de Apelaciones impuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 24 meses al exabogado de Dina Boluarte.
El Poder Judicial dispuso la liberación del abogado Mateo Castañeda, quien está siendo investigado por el supuesto delito de organización criminal en el caso Los Waykis en la Sombra. La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional aplicó la Ley 32138, a diferencia del juez Richard Concepción Carhuancho, y determinó que no existen pruebas suficientes que respalden los cargos por el delito de organización criminal.
Además, sobre la situación de Castañeda, el tribunal considera que el peligro de fuga es bajo porque entregó su pasaporte y se presentó a la audiencia de lectura de la prisión preventiva pese a que sus coacusados ya habían fugado. Pese a todo se consideró relevante su participación en los eventos en investigación, por lo que el Poder Judicial le impuso una comparecencia con restricciones, impedimento de salida por 24 meses, prohibición de comunicarse con los otros investigados y pago de 10 mil soles de caución.
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Hace algunos días La República había anunciado que este miércoles 26 de diciembre la Quinta Sala de Apelaciones Nacional había programado las audiencias públicas de Mateo Castañeda y Nicanor Boluarte, quien se encuentra en la clandestinidad. El letrado se encontraba recluido en un centro penitenciario desde el 23 de noviembre luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho le dictara 24 meses de prisión preventiva.
La fiscalía pedía que la prisión preventiva se ampliará a 36 meses y que se aplicará el control difuso para rechazar, al igual que el juez Concepción Carhuancho, la aplicación de las nuevas leyes dictadas por el Congreso sobre organización criminal.
Los jueces de apelación respondieron que el control difuso es a favor del derecho a la libertad de las personas por lo que restringe el poder del Estado, en tanto que, en este caso se pide utilizar esta figura para restringir la libertad y ha favor del poder estatal.
Con este argumentó, rechazaron aplicar el control difuso. Recordaron que la Corte Suprema se ha pronunciado por respetar las leyes del Congreso, dado que se dictaron siguiendo el procedimiento legal. Solo la Sala Constitucional de la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional se pueden pronunciar sobre su inconstitucionalidad.
Mateo Castañeda rechaza las acusaciones formuladas por la Fiscalía. Se le atribuye ser parte de una organización criminal que, en el caso del hermano de la presidenta Dina Boluarte, supuestamente le habría facilitado obtener beneficios ilícitos en el proceso de nombramiento de prefectos y subprefectos, con el fin de conseguir recursos para fundar un partido político.
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Mateo Castañeda: ¿por qué fue detenido y de qué se le acusa al exabogado de Dina Boluarte?
Mateo Casteñeda Segovia, abogado de la presidenta, enfrenta acusaciones por parte de la Fiscalía por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias en perjuicio del Estado peruano. Se le imputa haber intentado obstaculizar la investigación del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en relación con Nicanor Boluarte, con la intención de frenar la persecución hacia el hermano de la mandataria.
De acuerdo con la carpeta fiscal 11-2023 del Ministerio Público, Castañeda habría ofrecido el apoyo del Gobierno a los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Pajuelo, quienes dirigen el Equipo Especial PNP. Sin embargo, al rechazar esta oferta, se iniciaron acciones para desacreditar a dicho equipo.
Por esta razón, la Fiscalía argumenta que Castañeda estaría involucrado en la supuesta red delictiva conocida como Los Waykis en la Sombra, donde actúa como asesor legal y defensor de personas relacionadas con actos de corrupción.
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Es importante mencionar que, poco antes del allanamiento realizado por el Eficcop la noche del jueves 9 de mayo, Dina Boluarte había ordenado desactivar la Diviac, justificando que existía una duplicidad de funciones entre este equipo y el Eficcop, y que el Estado debía evitar la superposición de roles