Es una verdad ineludible: se necesita convocar a la inversión privada para generar crecimiento, promover el empleo y activar el círculo virtuoso de la economía. Es decir, más inversión genera mayor empleo; mayor empleo fomenta un incremento del consumo; más consumo demanda una mayor cantidad de bienes y servicios, y esto a su vez genera un aumento del empleo. Gracias a esta dinámica virtuosa, el Estado recauda más impuestos y está en capacidad de aumentar la inversión pública. Y así sucesivamente.
El crecimiento, el empleo, la recaudación fiscal y la inversión pública están íntimamente ligadas a la inversión privada.
Lo fundamental para la inversión es la predictibilidad y estabilidad jurídica. Las normas, su aplicación y las sanciones no pueden ser discrecionales para la autoridad política, sino que deben ser predecibles: si cumplo con los requisitos y la norma, obtengo el permiso y me dan la autorización; si incumplo las normas y los requisitos, me sancionan y no obtengo el permiso. Esa es la lógica de la predictibilidad.
La estabilidad jurídica consiste en que las reglas de juego se respeten, en que el marco jurídico, legal y tributario sea estable en el tiempo.
Un país con estabilidad jurídica y predecible, con normas claras y facilidades para la inversión, pero que también fiscaliza y sanciona cuando corresponde, genera un entorno propicio para convocar inversionistas con altos estándares de gobierno corporativo, con mejores prácticas, dispuestos a invertir a cambio de un retorno más bajo, dada la mayor seguridad para su inversión.
En cambio, un país impredecible, con gran inestabilidad jurídica, debido a la corrupción de sus funcionarios, la demagogia de sus políticos e ineptitud de sus gobernantes, atrae menos inversiones e inversionistas de menor calidad, con malas prácticas de gobierno corporativo, dispuestos a invertir únicamente a cambio de un exagerado retorno.
Si tenemos carroña como políticos, tendremos buitres como inversionistas.
Economista por la Universidad de Lima. Ex Gerente de Campo de Cofopri y ex Jefe de la Dirección de Coordinación Territorial de la Defensoria del Pueblo. Actualmente, es Gerente General de un conglomerado inmobiliario dedicado al saneamiento, gestión de tierras y habilitación urbana. Es presidente del Partido Político Libertad Popular.