Ya lo comentó, con precisión, Lorena Arroyo esta semana en su artículo en El País; nota sobre el envío por Trump de 200 migrantes venezolanos a las cárceles de Bukele en El Salvador. O sobre el papel de Bukele, en todo esto. También en El País: nota precisa de Francesco Manetto: “Espejito, espejito en El Salvador”.
Varios niveles arrasados de la legalidad nacional e internacional. Incluyendo derechos humanos fundamentales y los tratados internacionales que los sustentan. No puede ser visto, pues, ni tratada como una deportación más de las tantas ordenadas en los últimos años.
En el video publicado por Bukele, una funcionaria de Trump, como una suerte de maestra de ceremonias, es presentada como la “estrella”: exhibe a los venezolanos deportados de Estados Unidos. Bajando de un avión encadenados, siendo rapados para ser hacinados en la megacárcel en la que el presidente salvadoreño tiene a miles de pandilleros y supuestos pandilleros, aún no juzgados. Probablemente hay muchos delincuentes o criminales. Pero se sabe que entre ellos también hay inocentes.
En las imágenes y audio de las noticias sobre esto, aparece -con evidente “animus legitimandi”- nadie menos que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, con rol ostensiblemente dirigencial. En la puerta del congestionado CECOT, donde ya están hacinados 40 mil reclusos: el llamado Centro de Reclusión de Terroristas de El Salvador, donde hay centenares de venezolanos ya recluidos, expulsados de EE.UU.
Noem viajó a la prisión, donde el gobierno de Trump envió esta semana a los deportados venezolanos, alegadamente vinculados con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y MS-13. No se asumía que habían cometido algún delito en El Salvador.
“Capitaneaba” el traslado esa alta funcionaria estadounidense. Como si estuvieran en territorio estadounidense. En el CECOT, Noem grababa un video ante una fila de presos mientras eran hacinados tras las rejas y en literas.
Se alega que la Ley de Enemigos Extranjeros le da derecho al presidente Trump a tomar esta acción. Pero eso es una generalidad ya que el hecho indudable es que, con este accionar, su administración estaba desafiando una orden judicial. En marzo, el juez James. E. Boasberg había ordenado al gobierno detener temporalmente las deportaciones hasta que se llevaran a cabo audiencias individuales para determinar la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros.
La administración de Trump no cumplió a cabalidad con esta orden. La legalidadtropellada; de manera sistemática. Incluyendo la Carta Democrática Interamericana. Se establecen allí tanto los “elementos esenciales” ( Art. 3) como los “componentes fundamentales” del ejercicio de la democracia (Art. 4). Hoy afectados.
Crucial, ahora, el papel de los países miembros del sistema interamericano: en defensa de los derechos de la gente en todos los países de las Américas. Que podrían decidir no permanecer impasibles ante hechos tan graves y hacer uso de la Carta Democrática Interamericana. Fundamental que los gobiernos y organismos internacionales trabajen juntos para proporcionar protección y recursos a las personas y la vigencia del Estado de Derecho que todos los países del sistema interamericano se han comprometido a respetar y defender.
Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados hasta diciembre de 2022. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.