Es poco usual que a una película latinoamericana se le otorgue un Oscar, como ocurrió esta semana con la película brasilera Aún estoy aquí, que lo ganó como mejor película internacional. La primera estatuilla para Brasil en la categoría. Hito importante para el cine brasileño y el cine latinoamericano.
Las historias de abuso impune del poder del Estado y violación de derechos humanos, de lo que trata la película, abundan en América Latina. Así, en Brasil -como en el Perú- se dieron centenares -o miles- de casos violaciones de derechos humanos y de desapariciones forzadas. Y la mayoría de las víctimas desaparecidas continúan desaparecidas.
Entre 1964 y 1985, Brasil estuvo gobernado por una dictadura militar. Durante este periodo, se restringieron los derechos civiles y políticos, y miles de personas fueron encarceladas, torturadas y sometidas a desaparición forzada. En Brasil, según dijeron miembros de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), al menos 421 de personas murieron o desaparecieron por la acción de agentes del gobierno militar (1964-1985).
Le película premiada, según ha informado la crítica, es sobre la historia real de Eunice Paiva. Una abogada y activista brasilera, cuyo marido, el excongresista Rubens Paiva, fue secuestrado y desaparecido (1971) por el régimen militar. Eunice se quedó sola para criar a sus cinco hijos. Y se convirtió en una implacable defensora de la justicia, a la vez que luchaba por los derechos de los indígenas amazónicos.
La cinta premiada es una adaptación de Ainda Estou Aqui, novela autobiográfica (2015) escrita por Marcelo Rubens Paiva, hijo de Eunice y Rubens. Según ha sido informado, Marcelo prestó estrecha colaboración para llevar al cine la triste pero inspiradora historia de su familia.
Pese a las diferencias en las cifras y el contexto político, es decir más allá de las diferencias en las cantidades y situaciones, desde el punto de vista humano se plantean exactamente los mismos dramas y situaciones: se lo(la) llevaron, ¿dónde estará?, ¿lo(a) veré nuevamente?
Como lo han enfatizado los analistas brasileros, el éxito de esta película deriva del gran esfuerzo estatal por impulsar la industria de cine en Brasil y de la independencia con la que la pudieron -y pueden- producir.
Así, mientras en el Perú las corrientes retrógradas del Pacto Corrupto degradan al Perú desde el gobierno y el Congreso (recortando -hasta desvanecerlo- el apoyo al cine independiente), a otros lares -como Brasil- no les ha llegado, felizmente, una peste, que ya ha dañado tanto las perspectivas del país, como la del peruano “Pacto Corrupto”. Que se ha ensañado con el Perú, desgarrándolo..
Aprobada por el Senado brasileño en marzo de 2022, la Ley Paulo Gustavo es una medida de recuperación pospandémica que ha inyectado 480 millones de dólares, en el sector audiovisual del país. Por su parte, los estados de São Paulo y Río de Janeiro, han puesto en marcha incentivos fiscales y descuentos en gastos de rodaje para atraer más producciones.
Además, el gobierno de Lula ha consolidado nuevas líneas de financiamiento para la industria cinematográfica, incluidos fondos de coproducción, lo que ha facilitado a las productoras brasileñas a conseguir, cada vez más, socios internacionales.
Dentro de un contexto diferente, en el Perú el Registro Único de Víctimas (RUV) tiene registrados 8,661 casos de desapariciones forzadas durante las dos décadas de conflicto armado interno, la mayoría de ellas atribuidas a la organización terrorista Sendero Luminoso. Sin embargo, estimaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Ministerio Público y el Equipo Peruano de Antropología Forense, sugieren que la cifra real oscilaría entre 13,000 y 16,000.
Inevitable pensar en el drama peruano. Pese a las diferencias en las cifras y el contexto político, sobre lo que ocurrió en Brasil o el Perú, desde el punto de vista humano se plantean exactamente los mismos dramas y situaciones: se lo(la) llevaron, ¿dónde estará?, ¿lo(a) veré nuevamente?
Lo que se sigue preguntando, por ejemplo, la familia del periodista de La República Jaime Ayala, desparecido por un comando de la Marina en Huanta, Ayacucho en 1984. Ya la justicia se ha pronunciado con claridad.
El año pasado la Cuarta Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria, presidida por la jueza Miluska Cano, destacó que "la desaparición de Jaime Ayala constituye un crimen de lesa humanidad, que no prescribe". Y condenó a 18 años de prisión al ex oficial de la Marina Alberto Rivero Valdeavellano “por la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala Sulca, cometida por sus subordinados en Ayacucho hace 40 años”. La sentencia establece que la desaparición de Jaime Ayala fue parte de un patrón sistemático de represión y ataques contra periodistas, activistas y ciudadanos, bajo la política contrainsurgente del gobierno de la época.
Manda y prevalece la imprescriptibilidad en casos de desaparición forzada como este. O el de Rubens Paiva en Brasil. En el que la desaparición forzada no ha cesado. Al ser un delito continuado, éste se sigue cometiendo mientras no aparezca la persona desaparecida o secuestrada.
Es un principio claramente establecido en el derecho internacional. No le reconoce validez jurídica a normas o decisiones que apuntan a la impunidad, como las perpetradas en el Perú (“ley Rospigliosi”). Este fue un intento de promover impunidad de criminales que pertenecen a una institución del Estado, como los condenados, en esa y otras sentencias, oficiales de la Marina -hoy prófugos- que tuvieron el mando en el cuartel de la Infantería de Marina (Estadio de Huanta) y que fueron procesados y condenados judicialmente por cometer atrocidades.
Actos de esa naturaleza mancharon el prístino uniforme de la Marina, enriquecida por el aporte de dignos oficiales como Miguel Grau, Aurelio García y García o Carlos Ferreyros.
La memoria de lo que pasó en el Perú sigue siendo atacada por el oscurantismo y, ahora, por el Pacto Corrupto, que este año metió su garra en el independiente Lugar de la Memoria (LUM)destituyendo a Manuel Burga, su Director. El ministro de Cultura -ejecutor del zarpaso- jamás se dignó contestar a la comunicación que desde el Patronato del LUM le dirigimos al respecto hace más de un mes. Y el Dr. Manuel Burga sigue destituido.
Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados hasta diciembre de 2022. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.