Una forma muy común de quitarle legitimidad y desincentivar las marchas ciudadanas es decir que estas se han “politizado”. Con esto se busca señalar que dichas movilizaciones no son “espontáneas” sino que obedecen a motivos secundarios y ajenos, invalidando su convocatoria y los propósitos que las animan. Con ello, quienes participan de las mismas lo hacen manipulados por terceros a la vez que manipulan a otros al buscar sumarlos a la iniciativa.
Así, cuando una marcha se politiza, pierde automáticamente su sentido. Nada más contradictorio y falso. En principio, porque las marchas son políticas en sí. La decisión de organizar, promover y participar en una movilización pacífica es uno de los mejores ejemplos de política que se pueden encontrar.
¿Desde cuándo hacer política se volvió algo negativo? Desde que un grupo de oportunistas tomó el poder y decidió que no quería enfrentar la oposición ciudadana. Para esto, procedieron a eliminar tres niveles distintos de oposición, los cuales sirven de contrapeso a todo gobierno y a cómo convivimos en sociedad. El primero no fue complicado: los partidos. Estos venían exhibiendo una serie de problemas desde hace algún tiempo y aquellos que podían evitar la deriva autoritaria en la que nos encontramos se apresuraron a pedir su tajada de beneficios o puestos en el Estado. Algunos como Perú Libre tuvieron que hacer acrobacias ideológicas adicionales para evitar la captura de su líder.
Un segundo elemento son las instituciones del Estado, que conforman un delicado sistema de contrapesos y fiscalización mutua. La Coalición procedió a cooptarlos, cambiando a las cabezas de algunos y poniendo a funcionarios de segundo orden que cumpliesen órdenes. En otros casos, han procedido a crear un discurso de amedrentamiento para facilitar una futura intervención, acusándolos de estar llenos de “caviares”, o lo que eso signifique. La Policía y las Fuerzas Armadas son el brazo armado del Gobierno, que han ofrecido su apoyo por impunidad y presupuesto disfrazado de compra de equipo y armas.
El tercer elemento es la ciudadanía civil. La represión brutal ejercida por las Fuerzas Armadas bajo las órdenes del Poder Ejecutivo y la complicidad de la mayoría del Congreso provocó una lenta desmovilización en la sociedad civil. El asesinato de manifestantes y la impunidad hacia los responsables de dichas muertes contuvieron cualquier protesta masiva organizada para presionar por una vacancia o sacar del poder a La Coalición. No es que no hubiese resistencia, pero ante la desigualdad de fuerzas y la crisis económica y de seguridad, la preocupación se dirigió hacia espacios más inmediatos e individuales.
La reciente ola de extorsiones y asesinatos contribuyó hasta cierto punto a esta desmovilización, ya que permitía tener a una ciudadanía arrinconada y vulnerable, objetivo que los extorsionadores y la clase política compartían. Eso podría explicar la manifiesta inacción de las fuerzas de seguridad en investigar, seguir y capturar a los líderes de estas organizaciones. No obstante, el hastío de la población llegó a un punto en el cual ya sin Estado con el cual contar para evitar que la sigan extorsionando y asesinando, decidió movilizarse por sí misma. Esto no había ocurrido desde los peores años de la violencia política, cuando la ciudadanía salió a enfrentar abiertamente al terrorismo. Ahora lo hacía contra quienes eran responsables de esta ola de violencia: el Gobierno y las mafias.
La movilización del pasado viernes abre una oportunidad para recobrar el sentido de lo político que nos fue arrebatado a fuerza de disparos. Porque defender la vida y la seguridad de uno mismo y del entorno familiar es político: al hacerlo se hace manifiesto el deseo de una sociedad segura, donde desarrollar las actividades cotidianas y de convivencia. Y no solo para uno, sino para el demos, es decir, para todo el colectivo que está expuesto. Curiosamente, la marcha no fue una súplica ni una invocación: fue un reclamo ciudadano, donde cientos de personas tomaron las calles para expresar que no confían en el Gobierno y que no están dispuestos a seguir tolerando más violencia.
Es necesario que entendamos que solo este tipo de acciones van a obligar al Gobierno a reaccionar. Y que las acusaciones de “politización” son manotazos de ahogado y etiquetas sin mucho valor que muestran los intentos de algunos por mantenerse al margen y proteger sus propios intereses (posibles contratos con el Estado y la Municipalidad de Lima). Porque lo que hacen los que están del otro lado al dejar que operen las mafias es política, ya que ponen sus intereses personales y económicos por encima del bienestar común de los gobernados.
Es también política cuando, por ejemplo, desde el despacho de una congresista de Fuerza Popular con ayuda de la Policía Nacional se buscó evitar que ciertos artistas se unieran a la marcha. También es política cuando las bancadas evitan pronunciarse para remover a un ministro que ha demostrado ser ineficiente en su cargo y solo aceptan su censura bajo presión pública.
En realidad, lo que busca La Coalición no es que se “politice” una marcha sino que los ciudadanos no hagamos política para que ellos sí la puedan hacer. Por eso van a buscar atacar cualquier iniciativa social y pública, ya sea por medio de la represión o cuestionando sus motivos. Lo más urgente es recobrar el sentido de política secuestrado por estos grupos de interés y devolverla a los ciudadanos, haciendo y promoviendo que se expresen de todas las maneras posibles hasta que tengamos las condiciones mínimas de vida en sociedad que merecemos.
Historiador. Radica en Santiago de Chile, donde enseña en la Universidad Católica de Chile. Es especialista en temas de ciencia y tecnología. Su libro más reciente es Los años de Fujimori (1990-2000), publicado por el IEP.