Cuando el país colapsa, por José Ragas

El pasado viernes por la noche, el techo del Real Plaza Trujillo que cubre el área central del mall (patio de comidas y sala de juegos para niños) se desplomó de manera intempestiva sobre los asistentes. Días antes, un puente en Chancay se había derrumbado, provocando que un bus se volcara, causando la muerte de dos pasajeros y casi cuarenta heridos. De manera simultánea, la aerolínea LATAM anunció que interrumpía de manera indefinida sus vuelos con Junín, debido a la “deplorable condición de la pista de aterrizaje”.

El plazo tan breve entre estos tres episodios podría invitar a pensar en una coincidencia, pero se trata de algo peor. De hecho, estos “accidentes” no son tales: se trata de problemas estructurales en la infraestructura del país. Desde hace un tiempo venimos presenciando el colapso gradual de la infraestructura a nivel nacional. No se trata de puentes o caminos construidos durante la colonia o el Tahuantisuyo (curiosamente, algunos resisten muy bien hasta hoy) sino de obras construidas y ampliadas en los últimos años.

Malls, aeropuertos y puentes son símbolos de la modernización acelerada de las últimas décadas en el país. En este último medio siglo se ha construido un número importante de obras públicas y privadas que, pese a su número, no han logrado sacar al país del subdesarrollo. Aun así, estas infraestructuras cumplen un rol importante en la vida cotidiana de los peruanos, al permitirles comunicarse, viajar o incluso divertirse. Solo en estos últimos años se han anunciado dos de las obras más ambiciosas en nuestra historia: la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y la construcción del Megapuerto de Chancay.

Cuando pensamos en infraestructuras asociamos a estas con la parte material y la obra en sí. No obstante, las infraestructuras incluyen un espectro más amplio, que va desde lo político hasta lo ambiental. Las obras, sean públicas o privadas, no aparecen de la nada y tampoco se derrumban o estrellan “por accidente”: esto ocurre cuando fracasan los mecanismos que permiten que las infraestructuras sean viables y seguras. Es decir, cuando las autoridades y los agentes privados renuncian a la seguridad y el mantenimiento de las mismas, provocando tragedias como las de esta última semana.

Lo ocurrido con el Real Plaza de Trujillo es trágicamente ilustrativo de cómo este sistema viene operando desde hace un tiempo. Los malls son los símbolos por excelencia de una ciudad y sociedad moderna. En Chile, Parque Arauco y el Costanera Center tiene status de sitios turísticos y casi íconos nacionales, lo cual está en contraposición del país que los inventó, Estados Unidos, donde los malls más bien han entrado en una decadencia irreversible, consecuencia de las nuevas formas de compra digital y de un intenso individualismo que afecta la vida social y en comunidad. 

En Perú, los primeros malls fueron construidos en los años 70s y 80s. Cualquier persona de mediana edad debe haber ido al CC Camino Real, Plaza San Miguel o al Óvalo Higuereta, por mencionar algunos. La cadena Real Plaza comenzó luego del retorno a la democracia y fue impulsada por el crecimiento económico y de consumo. El primero fue construido en Chiclayo en 2005, y dos años después se abrió el de Trujillo. En total, sumarían trece establecimientos a nivel nacional, en un esfuerzo por descentralizar el mercado.

Esta nueva oleada de malls atrajo la atención de la clase media emergente de esos años, y amplió el espectro de visitantes antes confinado a Lima y sectores de clase alta. El rubro de construcción empujó a las personas y familias a los malls, al construir unidades pequeñas que no favorecían la vida comunal. La ausencia de planificación en áreas verdes y espacios alternativos de recreación hicieron del mall el lugar de encuentro y de consumo, como ocurrió en el Estados Unidos de postguerra.

La consolidación de los malls no fue acompañada de políticas de seguridad y monitoreo. El mismo impulso económico de libre mercado que los había creado condenaba públicamente todo lo que oliera a intervención estatal, dejando que estos funcionaran por su cuenta. De ahí que no sorprende que dos defensores de una versión radical de liberalismo, como los congresistas Adriana Tudela y Alejandro Cavero hayan buscado que las inspecciones de seguridad pasen a ser “indeterminadas” o que se prohibiese su cierre.

Como decíamos, la infraestructura opera dentro de un marco social y normativo determinado, que orienta su funcionalidad y seguridad. Las autoridades peruanas y regionales, en cambio, optaron por favorecer al sector privado y eliminar cualquier contrapeso que podía haber evitado esta tragedia. Fue desconcertante observar la ausencia de protocolos de emergencia por parte de estas autoridades. Los bomberos tuvieron que ser trasladados de manera imprevista por motos que hacían delivery y la logística no fue de ayuda para facilitar el rescate de los cuerpos.

Es muy posible que nadie sea llevado ante la justicia por lo ocurrido. Los grupos empresariales tienen en algunas autoridades y voceros a aliados que buscarán desviar la atención. Lo cierto es que el país está colapsando. Ayer fue una pista de aeropuerto, un puente y un mall. Mañana será una avenida, una carretera, un edificio. Y nadie responderá por ello. Después de todo, ¿qué podemos esperar de congresistas que ponen la defensa del modelo económico por encima de la vida de los peruanos o de autoridades como el Alcalde de Lima que rompe pistas sin los respectivos expedientes técnicos?

Ante este abandono, lo único que queda es rezar. O elegir bien a las próximas autoridades y pedir que se determine quiénes son los culpables. De lo contrario, ir a un mall, tomar un bus, viajar en avión o incluso salir a la calle se convertirá en un riesgo mortal.