¿El CIADI es caviar?, por René Gastelumendi

¿Se puede cuestionar la gestión de Lopez Aliaga? ¿se puede o no se puede? Se puede, pero hay que resistir las bien aceitadas hordas de troles y barristas identificados, pero con nula capacidad de autocrítica, que suelen reaccionar con furia contra quien lo hace. No importa.

El siguiente comunicado de una empresa transnacional no es dirigido a un dictador comunista, estatista y expropiador, sino, en primer lugar, a un alcalde, Rafael Lopez Aliaga, que, supuestamente, se ubica en las antípodas de todo aquello que atente contra las inversiones extranjeras y la seguridad jurídica de los capitales. Leamos parte del comunicado de Brookfield, luego de demandarnos ante tribunales internacionales, en el contexto del culebrón de Rutas de Lima y los peajes de Puente Piedra.

“Durante muchos años, Brookfield ha invertido con entusiasmo en el Perú, pero desafortunadamente nuestra confianza se ha visto quebrantada. Estamos frustrados por el hecho de que la Municipalidad de Lima y otras entidades del Estado peruano haya tomado nuestra inversión en contra del estado de derecho y la seguridad jurídica, y traten de engañar al público sobre nuestra compañía y nuestra inversión en Rutas”, dijo Ben Vaughan, gerente global de Operaciones del Grupo de Infraestructura de Brookfield, en el comunicado que es el rostro más “amable” de un pedido de indemnización de 2,700 millones de dólares, el 1% de nuestro PBI, nada menos.

En este largo conflicto, de más está decir que la ex alcaldesa de Lima y corrupta confesa, Susana Villarán, tiene la mayor parte de culpa por las condiciones adversas de un contrato con coimas, firmado en el 2013, por 30 años, con Rutas de Lima, que luego le vendió el 57% de sus acciones a Brookfield. Otro exalcalde, Luis Castañeda Lossio, a quien el actual burgomaestre siempre omite en sus diatribas, tiene que ver en el entuerto. Y es que en el 2015, la gestión de Castañeda  modificó la naturaleza del contrato inicial a través de actas de acuerdo, sin contar con la opinión técnica del MEF ni de la Contraloría. Según un informe de la Contraloría, en Diciembre del 2026, Rutas de Lima subió la tarifa de los peajes sin haber culminado las obras obligatorias que por contrato tenía que realizar.

Cuestionar la estrategia de la gestión actual, sin embargo, para intentar salir de un problema, no nos hace defensores de la gestión de Villarán, por favor, ni tampoco se trata de una campaña contra Lopez Aliaga a quien poco le falta para caviarizar a los tribunales internacionales. La convención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), fue ratificada por el Perú, bajo el gobierno de Fujimori, en 1993. Un convenio tan “sagrado” como la Constitución de 1993. Cuando nos referimos a los peajes estamos hablando de inversiones. Brookfield se ampara en su condición de que su inversión es dinero canadiense. Toma como base el TLC entre Canadá y Perú firmado en el año 2009.

Brookfield es parte del consorcio Rutas de Lima. Son tres los requisitos que cumple la demanda de los canadienses tras 3 años de conflictos. Uno es el mencionado TLC que tiene cláusulas de protección de inversiones, otro es que ha habido actos vandálicos contra la infraestructura que no fue protegida por el estado peruano y otro es que ha habido declaraciones del alcalde de Lima que dan a entender la posibilidad de una expropiación. Es cierto que existe una sentencia del TC que ordena suspender los peajes, pero, la munilima no ha cumplido con su parte, no ha ejecutado la construcción de la vía alterna al peaje para que los que no puedan o no quieran, con todo derecho, pagar peaje, puedan transitar. ¿Qué pasó allí? La manera en que la munilima le ha generado una afectación económica a los canadienses pasará por un peritaje internacional. El burgomaestre dijo que se ha presentado ante instancias de Washington para que, a decir del alcalde, Brookfield explique la razón por la cual compró acciones en Rutas de Lima. “Hemos ido al departamento de Justicia americano y les hemos dicho que el acto inicial es nulo”. ¿El poder judicial de EEUU está por encima del CIADI en un arbitraje? Más allá del tema penal, la muni ya ha ido a arbitrajes y ha perdido cientos de millones de soles. Me temo que esta estrategia de que se declare este contrato nulo ya ha quedado zanjada en esos laudos. Ya se determinó, en la práctica, que no hubo causal de nulidad, aunque duela entenderlo.

Si perdemos, no nos queda la carta de la nulidad, pues simplemente van a verificar si es que hubo corrupción en el proceso mismo y el fallo, escúchelo bien, es de ejecución inmediata. Si no acatamos el laudo arbitral, quedaremos como unos parias internacionales, así, tipo Maduro. El Ciadi es parte del banco mundial y su fuerza coercitiva no solo es diplomática, también pueden incluso ir a cortes internacionales. El contrato de concesión está vigente. Los costos en abogados y árbitros serán muy altos. El estado peruano no puede violar el debido proceso ni ser totalitario con un inversionista extranjero al que el alcalde ya llamó “ratas de lima”, lo cual es una forma de hostigamiento. El absolutismo no sirve, señor alcalde. Este regalito, de concretarse, lo vamos a pagar todos.

Por último, la gestión El alcalde que despotricaba de las consultorías ha gastado más de S/5 millones en asesoramiento legal para estos casos viales. A pesar de prometer "no más consultorías" durante su campaña electoral, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha gastado más de S/5 millones en asesoramiento legal para los casos de Rutas de Lima y Línea Amarilla. En 2024, la MML contrató dos veces los servicios de la firma estadounidense Boies Schiller Flexner LLP para la revisión de estos proyectos viales. El primer contrato se firmó en marzo de 2024 y el segundo el 28 de noviembre del mismo año.