Política remunerativa: ni mínima ni caduca, por Fernando Cuadros Luque

La política de remuneración mínima (RM) es especialmente trascendente en países como Perú, donde la abundante oferta de mano de obra en relación a la demanda laboral formal, así como la escasa cobertura de la sindicalización y la negociación colectiva (5% en el sector formal privado según el MTPE), tienden a mantener las remuneraciones en niveles bajos, lo cual ha generado una creciente inequidad en la distribución de la renta entre capital y trabajo.

En tal sentido, según el INEI, las utilidades empresariales concentran el 63% de la riqueza generada anualmente, mientras que las remuneraciones absorben apenas el 29%; lo que nos coloca en la cola de la región y bastante lejos del mundo desarrollado, donde la referida distribución es al revés.

Uno de los factores que ha incidido en ello es la ausencia de una política institucionalizada de revisión de la RM, a diferencia de lo que ocurre en la región latinoamericana, donde la gran mayoría de países cuenta con criterios técnicos definidos para incrementar periódicamente la RM.

Así, mientras que en la última década, según la OIT, el poder de compra de bienes y servicios de la RM se ha incrementado en 31% en Latinoamérica, en Perú se ha visto reducido.

¿Corresponde un incremento de la RM?

Los dos principales criterios técnicos a considerar para el incremento de la RM son la inflación total y la variación porcentual de la productividad media laboral. La primera, a diferencia de la inflación subyacente, no excluye a un 35% de productos de primera necesidad, en tanto que la segunda constituye un indicador más transparente y certero de la evolución de la eficiencia que la productividad multifactorial.

Si aplicamos dichos criterios desde el 2007, cuando el CNTPE aprobó un primer mecanismo técnico de revisión de la RM, esta debería ascender a S/1.330, lo cual nos indica que hay margen para que la actual RM de S/1.025 se incremente en 30%, es decir, en S/305. Dicho aumento podría realizarse en dos tramos, para facilitar su aplicación por parte de los estratos empresariales de menor tamaño.

Ello permitiría dar un primer paso para empezar a cumplir el mandato constitucional que establece que la RM, al menos, debe cubrir la canasta básica de consumo familiar, la cual al 2023 ascendía a S/1.784 según el INEI, para una familia de 4 integrantes.

En cuanto al contexto para el incremento de la RM, este es favorable, dado que, según información del MTPE e INEI:

l La economía se está reactivando de forma generalizada (el PBI creció 3% en los primeros 9 meses del 2024);

l La RM representa apenas 36,7% de la remuneración promedio en el sector privado formal (el segmento más relevante para la política de RM) y dicho indicador se ha reducido en 3 puntos porcentuales (pp) entre el 2022 y 2024, por lo que un incremento de la RM no generaría presiones para la pérdida de empleos formales, efecto negativo que nunca ha sucedido desde el uso referencial del mecanismo técnico del CNTPE del 2007;

l La tasa de informalidad laboral urbana (la relevante para la política de RM) disminuyó en 2,4 pp el 2023 y se espera una mayor reducción con la reactivación económica del 2024; y

l La tasa de desempleo muestra una tendencia decreciente a lo largo del 2024.

¿Quiénes se beneficiarían

con un incremento de la RM?

Si la RM se incrementara a S/1.330, se beneficiaría directamente a 1,6 millones de trabajadores formales privados (6,4 millones de personas en total, si consideramos una familia promedio con 4 miembros), quienes representan el 39% del empleo formal privado, según el MTPE.

Del total de trabajadores beneficiarios directos, 39% formaría parte de microempresas, 21% de pequeñas empresas y 40% de empresas medianas y grandes, lo cual demuestra que la RM también se paga masivamente en las empresas de mayores dimensiones.

Adicionalmente, se favorecería a 72.000 trabajadoras del hogar formales que suelen percibir la RM o una remuneración cercana. Entre formales e informales, 131.000 ganan al menos la RM, así que el efecto podría ser mayor (fuente: INEI).

Además, alrededor del 40% de asalariados privados informales percibe una remuneración que al menos equivale a la RM, por lo cual un incremento de esta podría servir como referencia para una futura mejora remunerativa.

Al ser los beneficiados trabajadores de bajos ingresos, trasladarían rápidamente sus mayores remuneraciones a la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad (sobre todo a MYPEs y autoempleados), lo cual contribuiría a seguir reactivando la economía.

¿Qué plantean los gremios empresariales, el gobierno

y las centrales sindicales?

En la discusión sobre el incremento de la RM en el CNTPE, los gremios empresariales señalaron que no existen las condiciones técnicas para aumentar la RM, mientras que el sector gobierno, representado por el MTPE, redujo su propuesta de incremento de la RM de S/120 a S/105, dando muestra de poca seriedad en el debate de un tema trascendental.

Las centrales sindicales plantearon un aumento de S/305, aplicando los criterios de inflación total y variación porcentual de la productividad media del trabajo.

Es importante señalar que las posiciones finales de los gremios empresariales y del gobierno mantendrían a la RM neta (posdescuentos previsionales) por debajo, no solo de la línea de pobreza total (S/1.784), sino también de la línea de pobreza extrema (S/1.004); es decir, ni siquiera podría cubrir el componente alimentario de la canasta básica de consumo familiar.

Incluso si el gobierno optara por incrementar la RM en S/120 (11,7%), esta se mantendría en términos netos por debajo de la línea de pobreza extrema y no permitiría recuperar el poder adquisitivo perdido por la RM en los últimos 6 años (14%), menos mejorarlo. ¿Así pretendemos ingresar a la OCDE?

Solo la propuesta de incremento de la RM de las centrales sindicales permitiría que se supere la línea de pobreza extrema y nos encaminaría a cubrir la canasta básica de consumo de familiar.

Reflexiones finales

La RM es un instrumento para los asalariados formales, que tiene como objetivo central garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.

La informalidad laboral no se combate manteniendo la RM baja ni precarizando más el empleo formal, sino vía la implementación de políticas públicas de fortalecimiento de la fiscalización laboral, de promoción del incremento de la productividad y de incentivos económicos a sectores con alto potencial de generación de empleo asalariado formal.

Sin perjuicio de ello, existen regímenes laborales especiales para las MYPE que reducen significativamente los costos extrasalariales respecto al régimen general, aminorando el impacto de un incremento de la RM.

Finalmente, es fundamental institucionalizar de una vez por todas, vía una norma del Ejecutivo, un mecanismo técnico de revisión de la RM, para contar con una política seria sobre la materia y dejar de lado arbitrariedades. No es un tema mínimo ni caduco. No caigamos en la “política” de la indolencia, planteada irresponsablemente por algunos.