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Estados Unidos

ICE busca deportar a Robert Panton, inmigrante que vivió 50 años en EEUU y reconstruyó su vida al salir de prisión

Robert Panton fue arrestado en 1994 en Estados Unidos por conspiración relacionada con drogas, pero desde su liberación en 2020 ha trabajado como un pilar de apoyo para su comunidad en Harlem.

Las políticas migratorias impulsadas durante el mandato de Donald Trump siguen afectando a inmigrantes como Robert Panton, quien enfrenta la deportación tras décadas en Estados Unidos.
Las políticas migratorias impulsadas durante el mandato de Donald Trump siguen afectando a inmigrantes como Robert Panton, quien enfrenta la deportación tras décadas en Estados Unidos.

Robert Servio Panton, un inmigrante originario de Jamaica que ha vivido en Estados Unidos durante más de cinco décadas, enfrenta una inminente orden de deportación. Su caso ha provocado indignación en Harlem, donde es reconocido por su labor social tras cumplir más de 25 años de condena en prisión. A pesar de su reinserción exitosa, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron el 25 de marzo pasado, siguiendo una orden pendiente que data de 2021.

La situación de Panton refleja las tensiones actuales entre las políticas migratorias estadounidenses y los derechos humanos de inmigrantes rehabilitados. Su familia, vecinos y organizaciones de derechos civiles luchan para evitar que sea deportado a Jamaica, un país que dejó cuando apenas era un niño. Mientras tanto, su defensa legal sostiene que ha cumplido estrictamente con todas las condiciones impuestas tras su liberación.

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ICE: ¿Por qué enfrenta una orden de deportación en EEUU?

La historia de Robert Panton con la justicia comenzó en 1994, cuando fue condenado a cadena perpetua por conspirar para distribuir heroína. Durante su reclusión, Panton participó en programas de rehabilitación y desarrollo personal, lo que facilitó su liberación bajo fianza en agosto de 2020. Sin embargo, en enero de 2021, un juez de inmigración emitió una orden de deportación en su contra, argumentando que su condena inicial justificaba su expulsión del país.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Panton agotó todas las vías de apelación disponibles y debía abandonar Estados Unidos de forma voluntaria. Al no hacerlo, quedó expuesto nuevamente a la detención. La abogada Olivia Abrecht, del Proyecto de Detención del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), asegura que su cliente nunca violó las condiciones establecidas por el ICE y considera que las afirmaciones gubernamentales contienen imprecisiones graves.

La controversia del caso Robert Panton

El proceso judicial de Robert Panton se ha visto enturbiado por una acusación que tanto él como su defensa rechazan enfáticamente: su supuesta afiliación a la Familia Guerrillera Negra, una pandilla carcelaria. Durante años de procedimientos legales, Panton jamás enfrentó una imputación de este tipo, lo que refuerza su postura de inocencia frente a dichos señalamientos.

En entrevistas recientes, Panton ha declarado que nunca perteneció a ninguna organización criminal y que podría estar siendo confundido con otra persona. Su hijo, Dajon Panton, quien actualmente sirve como agente del Departamento de Policía de Nueva York, ha destacado el ejemplo de superación de su padre, subrayando su dedicación a jóvenes en riesgo y adultos mayores en Harlem. Para la familia y la comunidad, Robert representa un caso emblemático de redención y transformación positiva.

Deportaciones de inmigrantes en EE.UU.

El caso de Robert Panton se inserta en un contexto más amplio donde miles de inmigrantes enfrentan procesos de deportación, incluso tras haber reconstruido sus vidas. Las deportaciones de inmigrantes en EE.UU. continúan generando un intenso debate social, especialmente cuando afectan a personas que han contribuido significativamente a sus comunidades.

Las políticas migratorias actuales permiten que individuos con antecedentes penales, sin importar el tiempo transcurrido o su rehabilitación, sean considerados deportables. Organizaciones de derechos humanos critican esta postura, señalando que niega segundas oportunidades a quienes han demostrado una reintegración plena.