La economía de Dina Boluarte: El 2025 seguirá con un crecimiento insuficiente para reducir la pobreza

Han transcurrido más de dos años desde que Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú y los resultados no acompañan a su Gobierno. La mandataria cerrará el 2024 con 3% de aprobación y con evidentes limitaciones para recuperar el potencial del crecimiento económico del país, que se encuentra lejos del 5% necesario para reducir los niveles de pobreza.

Atrás quedó la recesión del año pasado y los discursos demasiado optimistas del Ministerio de Economía. Al negativo del 0,6% del 2023, hay que sumarle el 3% de este año para alcanzar un 2,4%. De esta forma, el exministro de Economía Pedro Francke calcula que el crecimiento promedio por año asciende a 1,2% y el PBI per cápita a 0,2%, una cifra baja en medio de un contexto internacional favorable por los altos precios del oro y cobre.

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“En la recesión del 2023, el Gobierno dijo que era responsabilidad del mal clima, del fenómeno El Niño, del Yaku y de las protestas. En ese contexto, la normalización del clima ayudó a un efecto rebote que tenemos ahorita. Si juntamos el 2023 en el contexto de lo que pasó el 2022, es un crecimiento muy bajo”, explicó a este medio.

Para el extitular del MEF Luis Castilla, el desempeño de la actividad productiva resulta ser inferior a la mitad de su potencial y esto se atribuye a factores estructurales como la baja productividad, la alta informalidad, el deterioro institucional, el avance de las economías ilícitas y una ola de inseguridad ciudadana. Como ya lo había advertido el Banco Central de Reserva (BCRP), este último problema le cuesta al país al menos un 2,2% del PBI cada año. Precisamente, el ente emisor elevó ligeramente su previsión económica para el 2024 de 3,1% a 3,2%, en consonancia con la proyección del Marco Macroeconómico Multianual 2025-2028. Sin embargo, la inversión privada aún no despega y solo crece a tasas moderadas del 2,3%.

“La inversión privada ha tenido un crecimiento exiguo, pese a tener muchísimas oportunidades en múltiples sectores. Esto corresponde a factores de inestabilidad política, cambios en las reglas de juego, populismo legislativo, entre otros. Quizá el problema más serio que ha enfrentado la economía por segundo año consecutivo es el manejo de las finanzas públicas”, comentó.

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Descontrol del gasto público

Una de las flaquezas más notorias que tiene el Gobierno de Dina Boluarte es su deficiente manejo de las finanzas públicas. Si en el 2023, el Perú superó el límite de déficit fiscal alcanzando un 2,8% del PBI, cuando el tope establecido era del 2,4%, este año no será la excepción. Nuevamente, se incumplirá la regla fiscal y esta vez cerrará el 2024 con un 3,7%, según el BCRP.

En declaraciones a RPP, José Arista indicó que, si se cumple o no esta meta, “es relativo”. Sin embargo, Luis Castilla enfatiza que, ante el reiterado quebrantamiento de este indicador, es posible que las agencias internacionales revisen la calificación del Perú, lo cual compromete su reputación crediticia. Hasta la actualidad, hay una mejora de la perspectiva a estable, pero con una alta susceptibilidad al riesgo por conflictos políticos.

“En los últimos 30 años ha habido mucha credibilidad respecto al manejo de las cuentas públicas. No se puede dar por sentado que la fortaleza se va a mantener eternamente y esto se puede erosionar si tenemos obviamente un Ministerio de Economía que no es un celoso guardián de la estabilidad fiscal”, agregó.

La permisividad del MEF y la complicidad del Gobierno con el Congreso han expuesto al país a riesgos fiscales innecesarios. Según analiza Pedro Francke, es el Parlamento quien dirige la política económica y lo hace con deficiencia. Prueba de ello es que se introdujeron iniciativas que incrementan el gasto público a la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2025.

Esta especie de repartija de intereses obedece a criterios políticos y no técnicos. Su inconsistencia con la disciplina fiscal se refleja de la siguiente forma: se incorporaron 120 disposiciones complementarias finales adicionales a lo que proponía originalmente el proyecto del Poder Ejecutivo. 120 de ellas generan nuevas obligaciones de gasto y la mayoría no cuenta con una cuantificación de su costo fiscal.

Además del presupuesto, el Consejo Fiscal rechazó que se sigan extendiendo beneficios tributarios para grupos específicos. Por ejemplo, el IGV reducido para restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos o la disminución de las tasas del impuesto a la renta para las grandes empresas agroexportadoras. La primera de ellas ya fue aprobada por el Parlamento y la segunda está pendiente de abordaje en la Comisión Permanente. Ambas le costarán al país S/2.600 millones.

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Megapuerto de Chancay: retos y oportunidades

Más de 30 días después de la inauguración del megapuerto de Chancay, ya se concretó la llegada de la primera carga a Shanghái que incluyó productos como arándanos, aguacates y minerales. Si bien son conocidas sus ventajas en cuanto a reducción de tiempo y costos de distribución, existen una serie de desafíos para sacarle el máximo provecho a este hub portuario que se perfila como un gran motor comercial para el país y la región.

Según Luis Castilla, resulta clave asegurar la conexión eficiente entre el puerto y los centros de producción nacionales e internacionales con el propósito de exportar a China de forma más competitiva. “Es una promesa que va a dar frutos en 3 o 4 años hasta que el puerto se consolide, pero no en el corto plazo. Toca hacer todas las inversiones complementarias para que los beneficios sean tangibles”, agregó.

Como se recuerda, el BCRP proyectó que el aporte del megapuerto de Chancay a la economía será del 0,3% del PBI durante la primera fase y se estima que progresivamente alcance el 0,9%en el 2025. En palabras de la investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) Carolina Trivelli, se necesitan implementar políticas que fomenten la conectividad y una infraestructura apropiada para aprovechar el máximo potencial de este terminal multipropósito.

“Esta obra va a dinamizar mucho nuestras posibilidades de exportar e importar. Lo segundo es que va a generar un polo de desarrollo regional muy importante en la zona de Chancay. Para ello se requiere complementar el potencial con la infraestructura necesaria como carreteras, escuelas, hospital, habilitación urbana y construcción de viviendas”, explicó.

Otro evento de trascendencia para el Perú fue la realización del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC). Durante la tercera semana de noviembre, diversas autoridades y ejecutivos abordaron las oportunidades y desafíos de la región en materia económica. Se firmó la optimización del TLC con China, se suscribió un nuevo acuerdo comercial con Hong Kong y se relanzó la Marca Perú.

Si bien Luis Castilla destaca el posicionamiento de nuestro país ante los ojos del mundo, su política de apertura comercial y la atracción de inversiones, Pedro Francke considera que la APEC “ha sido un espacio internacional que está desalineado con los problemas de los conflictos mundiales”. Por su parte, Trivelli señala la necesidad de complementar lo logrado en materia comercial a través de “la ampliación de las tierras disponibles, el cuidado del agua y la mejora de los sistemas de riego”.

Previsiones y lucha contra la pobreza

Las proyecciones económicas para el próximo año fluctúan en tasas cercanas al 3%, según entidades nacionales e internacionales. Sin embargo, Pedro Francke advierte una moderación en el crecimiento, ya que no se repetirán los estímulos especiales como el retiro de las AFP, CTS y el impulso de la inversión pública.

En opinión de Luis Castilla, hay dos aspectos nuevos a tomar en cuenta en el 2025: la incertidumbre por el escenario preelectoral y los impactos de las políticas proteccionistas de Donald Trump en Estados Unidos. Si bien la OCDE elevó sus previsiones de crecimiento para la economía global al 3,3%, se mantiene un nivel de alerta por los conflictos geopolíticos y el incremento de las tensiones comerciales.

Sobre este tema, Carolina Trivelli anota que nuestra capacidad de crecimiento se ha venido reduciendo y esto tiene implicancias en la lucha contra la pobreza. En total, son 9,7 millones de peruanos pobres los que dejó la recesión, pero en las zonas urbanas del país se incrementó de 14,6% en el 2019 a 26,4% en el 2023, siendo las regiones de Lima, Ucayali, Tumbes, Callao y Tacna las más afectadas, según el último informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) y el Banco Mundial (BM). Ahora, se contabilizan 3,3 millones de pobres más que antes de la pandemia.

Los resultados del 2024 aún no se conocen, pero Trivelli prevé que habrá una disminución modesta de la pobreza en un punto porcentual debido al control de la inflación (2,1%) y a la recuperación moderada de la economía (3,2%). “La pobreza de hoy es distinta a la del 2018 y 2014. Tiene un fuerte componente urbano, de inseguridad alimentaria y de incremento de la desigualdad entre los más pobres. Necesitamos otros instrumentos que respondan al diagnóstico actual, pero no hemos hecho eso”, agregó.

Las cifras son contundentes. Cuatro de cada 10 peruanos pasan hambre por falta de recursos para cubrir sus alimentos en los últimos tres meses, según la encuesta del IPE de setiembre. Esta preocupante situación necesita de respuestas urgentes por parte de las autoridades.

De acuerdo con los especialistas consultados, es importante que se promuevan políticas para que las familias recuperen su capacidad adquisitiva, que se mejoren las condiciones de empleo y se garanticen salarios justos, que se acorte la brecha en productividad entre la agricultura de exportación y familiar, y que se reformulen los programas sociales.