Agencias

Revocan orden de prisión preventiva contra hermano de presidenta de Perú por corrupción


Un tribunal de apelaciones de Lima revocó una orden de captura y prisión preventiva por 36 meses contra el hermano mayor y exasesor de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, envuelto en una presunta trama de corrupción, según una fuente judicial.

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional "resolvió revocar - por mayoría - resolución de primera instancia que impuso 36 meses de prisión preventiva a Nicanor Boluarte y otros cuatro investigados", señaló la Corte Superior Nacional la noche del martes a través de las redes sociales.

Luis Vivanco, abogado de Boluarte, informó este miércoles que la decisión ya les fue notificada y tiene "efectos inmediatos".

"Se va a reincorporar a sus actividades diarias, familiares y profesionales en el momento que estime conveniente", agregó Vivanco a radio Exitosa.

Boluarte, de 65 años, estaba prófugo de la justicia desde noviembre. El hermano de la presidenta es acusado por la fiscalía de comandar una red de corrupción que nombraba a funcionarios a cambio de sobornos aprovechando el "poder de facto" de su hermana.

La defensa de Nicanor Boluarte había alegado en su apelación que él era víctima de una persecución judicial por su parentesco con la mandataria, quien a su vez enfrenta varios procesos en la fiscalía.

Entre esas investigaciones están la de abandono del cargo por someterse a una cirugía de nariz sobre la que no informó ni a su gabinete ni al congreso y la relacionada con unos relojes de lujo que no declaró en sus bienes.

De acuerdo con el fallo, Boluarte y los demás investigados deberán seguir compareciendo en libertad en el marco de la investigación que enfrentan.

El hermano de la presidenta ya estuvo detenido por este mismo caso una semana en el mes de mayo, pero luego un juez revocó su detención preliminar y ordenó su libertad.

La fiscalía señala a Nicanor de comandar una red de corrupción que designaba prefectos y subprefectos a cambio de "dádivas económicas".

Esos funcionarios ejercen como representantes del gobierno en las regiones del país y son nombrados directamente por la mandataria y el ministro del Interior.

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