Congreso bate récord: en tres años, van 35 parlamentarios denunciados por la Fiscalía

Hasta el momento, el Congreso cuenta con 35 parlamentarios que han sido denunciados constitucionalmente por el Ministerio Público. A la mayoría de ellos se les atribuyen supuestos delitos como concusión (reducción de salario), negociación incompatible, peculado y tráfico de influencias.

Se trata de un número de denunciados que supera la cantidad de integrantes de la Comisión Permanente.

Casos se entrampan en el Congreso

Sin embargo, pese a este alto número, de los 35 legisladores señalados por la Fiscalía de la Nación, solo 2 casos terminaron en sanciones: Betssy Chávez y María Cordero Jon Tay, suspendidas de sus cargos congresales mientras duran las indagaciones.

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Con los demás, el Congreso se toma su tiempo. Todas las denuncias llegan a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que actualmente la preside María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP). De ser aprobada en esa comisión, recién pasan a ser debatidas en la Comisión Permanente y después en el Pleno.

Al final, el Congreso debe evaluar si acusa o no a sus representantes. Y dependiendo de ese veredicto, el Ministerio Público puede continuar y formalizar la investigación preparatoria contra los parlamentarios.

Congresistas denunciados por la Fiscalía de la Nación

El caso que más revuelo ha generado la semana pasada involucra a 11 congresistas. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia constitucional contra los parlamentarios José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Edwin Martín Martínez y Lucinda Vásquez por presunta negociación incompatible.

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La fiscal Delia Espinoza los señala de haber aprobado una ley que le permite a los congresistas Williams, Montoya, Chiabra, Cueto y Azurín recibir a una pensión y, en paralelo, sus sueldos de legisladores.

La coalición que gobierna el Parlamento ha pegado el grito en el cielo porque considera que la fiscal de la Nación no puede acusar a los parlamentarios debido a que ellos no están sujetos a mandato imperativo por los votos que emitan.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, de Alianza Para el Progreso, tuiteó ese argumento y lanzó la advertencia de que la acusación de la fiscal es una infracción constitucional.

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Y las infracciones constitucionales, en el Congreso, sobre todo cuando se trata de casos sobre sus adversarios, son castigadas con la inhabilitación de la función pública.

Caso Los Niños no avanza

Lo cierto es que no es la primera vez que el Ministerio Público indaga sobre los votos de los congresistas. El caso Los Niños es un ejemplo. Y hay cuatro parlamentarios denunciados constitucionalmente por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides: Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo y Elvis Vergara.

Según la acusación de la exfiscal, los cuatro congresistas habrían votado en contra de la vacancia del expresidente Pedro Castillo a cambio de puestos claves para sus allegados en el Estado.

A eso se suma que Flores y Doroteo también fueron sindicados por la Fiscalía por concusión (presunto recorte de sueldo).

La denuncia constitucional por el caso Los Niños data del 2023. Ya pasaron dos años y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales todavía no aprueba un informe final.

Congresistas denunciados por presunto peculado

Otro grupo de parlamentarios denunciados son Diego Bazán, Jorge Zeballos, María del Carmen Alva, Edward Málaga, Kira Alcarraz, Patricia Chirinos y Rosangella Barbarán. La fiscal Espinoza los señala de haber usado recursos públicos para viajar a Trujillo a celebrar el cumpleaños de Bazán.

En el caso de Barbarán es en grado de tentativa porque compró los pasajes, pero al final no viajó.

Casos de presunto recorte de sueldo

A eso se suma el bloque de los imputados por presunto recorte de sueldo: Doroteo, Flores, José Arriola, Heidy Juárez, Edgar Tello, Magaly Ruiz y Rosío Torres.

El caso más avanzado es contra Torres, pero la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista María Acuña, todavía no aprueba un informe final para acusarla.

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Torres y Acuña integran la bancada de Alianza Para el Progreso (APP). Incluso, Torres fue presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el periodo 2021 - 2022.

El 19 de diciembre la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la congresista de Acción Popular, Marleny Portero, por presunta concusión en agravio del Estado.

Otro caso que pasa por alto es contra la legisladora de Avanza País, Rosselli Amuruz. El fiscal supremo Juan Villena presentó la denuncia constitucional en su contra por presuntamente haber contratado a personas allegadas a su expareja, el excongresista Paul García.

Cuando Amuruz fue tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, pidió tener competencias sobre el Área de Calidad Legislativa del Congreso. En esa oficina fue contratada su cuñada Alejandra García Oviedo.

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Los congresistas David Jiménez y María Córdova Lobatón también afrontan denuncias constitucionales por presunto peculado.

Contra Guido Bellido y Roberto Sánchez

La acusación constitucional más reciente fue presentada por la fiscal Espinoza contra los congresistas Guido Bellido y Roberto Sánchez por presunto tráfico de influencias.

La particularidad de este caso es que los hechos no corresponden a su desempeño parlamentario. Bellido fue primer ministro en el gobierno de Pedro Castillo y se le sindica haber ejercido influencias sobre el entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, para que contrate a Daniel Abarca.

Bellido también fue denunciado por el fiscal Villena por haber nombrado al exfiscal Juan Carrasco como ministro del Interior. La tesis del MP es que esa designación fue irregular.

Congresistas con investigación preliminar

Esa es la lista de parlamentarios y el número puede crecer debido a que hay otros con investigaciones en etapa preliminar. A la cerronista María Agüero, el MP la indaga por presunto recorte de sueldo y su colega Kelly Portalatino está en la mira de la Fiscalía por presunto encubrimiento al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

A eso se suma que, según el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, la fiscal Espinoza le abrió una investigación al parlamentario de APP, Alejandro Soto, en medio del escándalo por la presunta red de prostitución en el Parlamento.

Cuando la Fiscalía decide acusar a los congresistas, envía sus denuncias constitucionales al Congreso, institución encargada de discutirlas para que el caso siga su curso una vez que les levante la inmunidad. El dilema es que el Parlamento ha estado enfrascado en avanzar las imputaciones contra sus detractores y no contra sus representantes.

Congresistas denunciados por la Fiscalía de la Nación