Congreso cobra venganza y aprueba informe que propone inhabilitar a Martín Vizcarra y Salvador del Solar

Con 16 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar 10 años de la función pública al expresidente Martín Vizcarra y 5 años al exprimer ministro Salvador del Solar debido la denuncia constitucional que pesa contra ellos por la disolución del Parlamento en 2019.

La propuesta de inhabilitación de 5 años de la función pública también es contra el exministro Vicente Zeballos.

El informe final había sido elaborado por el congresista fujimorista Héctor Ventura. Los parlamentarios de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Perú Libre, Honor y Democracia, Renovación Popular y Podemos Perú respaldaron su propuesta, pese a una serie de irregularidades advertidas.

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Irregularidades de la denuncia constitucional

Primero, el informe de Ventura sostuvo que la disolución del Congreso fue inconstitucional porque una resolución del Tribunal Constitucional (TC) del 2023 señaló que no existe la figura de la denegación fáctica de la confianza. Sin embargo, el dictamen omite que el tribunal ya se pronunció sobre ese caso en 2020 y validó la decisión del gobierno de Vizcarra.

Vizcarra disolvió el Congreso en 2019 luego que su entonces premier Del Solar hizo cuestión de confianza para cambiar modalidad de elección del nuevo TC. El Pleno se rehusó y el Gobierno consideró que en la práctica la confianza había sido denegada.

Así, tomó la decisión de la disolución.

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Sin embargo, Ventura interpretó la resolución del TC del 2023 de manera retroactiva para alegar que la disolución fue inconstitucional porque no existe la figura de la denegación fáctica de la confianza.

El expresidente de este TC, Francisco Morales, dijo el año pasado que el fallo del 2023 no puede revertir la decisión que sus antecesores tomaron hace cinco años, porque eso ya es cosa juzgada. Pero Ventura no entiende y menos sus colegas.

Avanzar acusación sin respetar plazos

Segundo, no se respetó el plazo. Salvador del Solar dejó de ser ministro el 30 de setiembre del 2019, día de la disolución del Congreso. El Parlamento tuvo cinco años para acusarlo desde ese día, pero no lo hizo. El plazo venció en setiembre del año pasado, pero el informe de Ventura pasó por alto la caducidad.

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Su colega de bancada, Víctor Flores, planteó una cuestión previa para que se vote por separado las inhabilitados, pues consideró que en el caso de Del Solar, la Comisión de Constitución debía presentar un informe para aclarar la controversia sobre la caducidad.

Sin embargo, el pedido de Flores fue rechazado.

Incluso, el congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, solicitó durante el debate que la sanción contra Del Solar y Zeballos se incremente de 5 a 10 años de inhabilitación, pero su pedido no prosperó.

Así, las cartas ya estaban sobre la mesa. La coalición que gobierna el Congreso aprobó el informe de Ventura que propone la inhabilitación. El caso deberá ser visto en la Comisión Permanente y luego en el Pleno para concretar el juicio político.

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Flor Pablo: "Hay una manipulación para sacar de la carrera política a los adversarios"

En el debate, la única congresista que alertó las irregularidades del informe de Ventura fue la no agrupada Flor Pablo Medina. "Aquí se pretende juzgar una cosa juzgada, porque este tema ya fue objeto en el TC para ver su constitucionalidad y la Constitución permitía en ese momento hacer la cuestión de confianza", argumentó.

Uno de los argumentos del informe de Ventura también fue que no hay un acta de Consejo de Ministros que detalle la decisión del gobierno de Martín Vizcarra de hacer cuestión de confianza en setiembre del 2019 para luego disolver el Congreso.

Pero Pablo Medina, quien fue ministra en ese Gobierno, recalcó que la Subcomisión de Acusaciones no ha citado a los miembros del Gabinete de ese año para abordar ese tema. "Acá hay un tema de sacar a los adversarios. Hay una manipulación para sacar de la carrera política a una serie de funcionarios con artimañas y argucias", lamentó.

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El papel de APP, Fuerza Popular y sus aliados

La denuncia constitucional por la disolución del Congreso es obra de los congresistas de Renovación Popular, Alejandro Muñante y Patricia Chirinos, y un grupo de exparlamentarios fujimoristas que buscaron cobrar venganza contra Vizcarra.

El juicio político avanzó y era necesaria la elección de un ponente que elabore el informe final para recomendar las sanciones.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, de APP, desginó a Ventura como el delegado. Era evidente que, por la animadversión que tiene Fuerza Popular contra Vizcarra, la denuncia constitucional iba a ser aprobada en la subcomisión. Ventura, en diversas oportunidades, adelantó opinión atacando al expresidente.

Las acusaciones constitucionales contra exfuncionarios que son detractores de este Congreso, se han convertido en una cacería de brujas.