Fiscalía niega haber filtrado información sobre el allanamiento al domicilio del ministro del Interior Juan José Santiváñez
El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, y el fiscal Mirko Cano insinuaron que la filtración de información provino de los abogados de los testigos del caso.
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Durante la conferencia de prensa del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop), el equipo del Ministerio Público negó que la filtración de información sobre el allanamiento a la vivienda de Juan José Santiváñez, ministro del Interior, provenga de sus oficinas. El fiscal Mirko Cano, coordinador de fiscalías especializadas del Ministerio Público, fue uno de los primeros en declarar, insinuando que la filtración fue realizada por los abogados defensores, quienes recibieron la información por estar involucrados en el proceso judicial.
"Qué casualidad que al día siguiente de entregar copias a un abogado se produzca la filtración. Ya sabemos quiénes lo hicieron. Es más fácil que la tabla del uno. El Ministerio Público no filtra información. Somos un organismo constitucionalmente autónomo que defiende la legalidad y la reserva de la investigación", declaró Cano.
La misma versión fue respaldada por Víctor Cubas, vocero de la Fiscalía de la Nación, quien también aseguró que la filtración no provino del Ministerio Público. Al igual que Cano, señaló que la información fue entregada a los abogados defensores de ciertos testigos y sugirió que estos podrían haber sido los responsables. Además, Cubas consideró que las acusaciones en contra de la Fiscalía forman parte de una narrativa destinada a desacreditar a este organismo autónomo.
“La información permaneció bajo reserva en el despacho fiscal durante aproximadamente un mes. Luego, el defensor de uno de los investigados solicitó copias de estas declaraciones y, al día siguiente de recibirlas, fueron publicadas por los medios de comunicación. La filtración no vino del Ministerio Público. Sin embargo, este y otros hechos están siendo utilizados en una campaña de desinformación y desprestigio contra la institución, con el posible objetivo de justificar una intervención en el Ministerio Público, un organismo constitucionalmente autónomo", advirtió el vocero.
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Los ataques a la Fiscalía desde el Gobierno y el Congreso
Diversos congresistas han presentado denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acusándola de ignorar la Ley 32130. Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, afirmó que Espinoza y la Junta de Fiscales Supremos desobedecieron la norma que otorga a la Policía Nacional el control de las investigaciones preliminares. José Cueto y Alfredo Azurín respaldaron la denuncia, señalando que la Fiscalía emitió un reglamento contrario a lo dispuesto por el Congreso. Además, Renovación Popular presentó otra denuncia, acusándola de archivar irregularmente un caso contra el exfiscal Pablo Sánchez Velarde, lo que podría implicar delitos de cohecho y encubrimiento.
Poco antes, la presidenta Dina Boluarte adoptó un discurso desafiante tras el allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Acusó a la Fiscalía y a la prensa de orquestar un "golpe de Estado blando" contra su gobierno. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, denunció una supuesta persecución política y respaldó a Santiváñez, asegurando que permanecería en el cargo. Estas declaraciones se produjeron luego de que el ministro revelara que había accedido a un reportaje periodístico antes de su publicación, lo que generó críticas por una posible presión sobre los medios de comunicación.
El Congreso defendió a Santiváñez y cuestionó la actuación de la Fiscalía. Parlamentarios como Rospigliosi y Cueto calificaron el allanamiento como una represalia por su apoyo a la Ley 32130. Mientras tanto, Susel Paredes continúa impulsando una moción de censura contra el ministro, a la espera de la firma faltante para presentarla.
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